Adelanto, un riesgo serio para los inmigrantes con discapacidades

Los problemas de salud mental de Cristina empeoraron durante su estancia en el Centro de Detención de Adelanto al grado que intentó suicidarse. 

Una investigación realizada durante un año por la organización no lucrativa Disability Rights California (DRC) encontró que el Centro de Detención de Adelanto, presenta serios riesgos para los inmigrantes con enfermedades mentales y otras discapacidades.

El reporte “No hay seguridad aquí: Los peligros para la gente con enfermedades mentales y otras discapacidades en el Centro de Detención de Adelanto”, descubrió que entre los casi dos mil inmigrantes detenidos en un día cualquiera, aproximadamente 300 necesitan tratamientos de salud mental. Se trata del 15% de toda la población de uno de los centros de detención más grandes de Estados Unidos.

 Pese a tener una historia de enfermedades mentales y un intento de suicidio, cuando a Cristina se le terminó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), fue detenida por los agentes de migración y puesta bajo custodia en Adelanto.

Durante la evaluación que le hizo el personal médico de salud mental, la muchacha les habló de sus problemas, el médico le sugirió hacer ejercicios de respiración, y no la vio por cinco semanas.

Empezó a tener dificultad para respirar y palpitaciones en el corazón, pero temía decirle al personal médico porque no quería que la llevaran a la celda de vigilancia contra el suicidio, sin ningún tratamiento y con las luces prendidas las 24 horas del día.

Meses después, se cortó las venas y fue hospitalizada durante cinco días.

“Muchos de los detenidos en Adelanto son solicitantes de asilo en los Estados Unidos que vienen de experimentar violencia, abusos y persecución en sus países. En Adelanto, su salud mental empeora por la falta de cuidado de salud mental”, dijo Pilar González, abogada supervisora del DRC.

“Las condiciones son increíblemente duras, y la gente se queda sin el tratamiento que necesitan hasta que tienen una crisis, y tratan de quitarse sus vidas”, indicó.

El reporte encontró que Adelanto no proporciona un tratamiento adecuado a la gente con enfermedades mentales serias. Quienes experimentan una crisis psiquiátrica son aplacados con spray con pimienta o puestos en aislamiento extremo en lúgubres celdas de vigilancia contra el suicidio.

González comenta que muchos inmigrantes temen decir cómo se sienten por miedo a ser puestos en aislamiento en las celdas contra el suicidio.

En el curso de la investigación, DRC encontró que el grupo GEO, el contratista privado dueño y operador del Centro de Detención Adelanto, reporta de menos el número de intentos de suicidios.

“Encontramos evidencias que el grupo GEO ha definido el intento de suicidio de una manera que es inconsistente con la definición del propio gobierno federal”, dijo Aaron Fisher, abogado litigante de DRC.

El reporte describe múltiples casos en los que han fallado en atender con puntualidad las necesidades de tratamiento médico crónico.

Una mujer que necesitaba una cirugía de cataratas no recibió ningún tratamiento durante el año completo que estuvo detenida en Adelanto. Cuando salió libre, su visión se había deteriorado grandemente.

A otros inmigrantes se les ha negado apoyos para sus discapacidades como un bastón para un invidente o interpretación para una persona sorda.

“Todos en Adelanto son detenidos civil. Ellos no han sido acusados con alguna sentencia por una violación criminal”, dijo el abogado de DRC, Richard Díaz.

Agregó que la Constitución de los Estados Unidos es clara en cuanto a que no deben ser sujetos a condiciones de castigo, y tener acceso a cuidado médico y mental.

Juan, un inmigrante de Centroamérica de 22 años quien sufre de sordera, fue detenido cuando solicitó asilo en junio de 2018.

Durante meses, no tuvo comunicación ni se le proporcionó un intérprete en las consultas médicas. A señas señalaba al personal médico, las partes del cuerpo que le dolían.

El reporte médico en relación a su caso indicó lo siguiente: “El detenido es sordo, pero no habla por señas ni en inglés ni en español. Según lo dicho en el pasado por los intérpretes de lengua de señas, el detenido utiliza signos ‘inventados’. Solo es capaz de escribir algunas palabras en español, entre las que se incluyen ‘mamá’ y ‘papá’. Solo es capaz de comunicarse a través del uso de gestos”.

Sin embargo, según los autores de la investigación, el personal del Grupo GEO debió proporcionar un intérprete de la lengua de señas guatemalteca o un intérprete certificado para sordos que pudiera ayudarlo a comunicarse a través de gestos.

Hace muy poco, Adelanto comenzó a utilizar el servicio de video interpretación (VRS) para facilitar la comunicación con Juan en la lengua de señas guatemalteca. El problema es que solo se emplea en casos excepcionales como cuando Juan tuvo un dolor de estómago muy fuerte. En una entrevista para el estudio, Juan dijo que se siente sumamente aislado y desamparado.

La abogada González sostuvo que esperan influir para que se aplique la discreción a la hora de arrestar a un inmigrante como ocurría antes de 2017. “Necesitamos además que a los detenidos se les proporcione salud mental y médica no que empeore su condición médica durante el tiempo que están en Adelanto. Ellos no son criminales, y merecen otras alternativas antes de llevarlos a Adelanto”, subrayó.

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario de GEO Group y de ICE sobre la problemática encontrada por el estudio.