Comunidades rurales en California luchan por ser visibles al Censo 2020
El condado de Tulare, en el corazón del Valle de San Joaquín, corre el riesgo de perder millones de dólares y representación política, si es que sus residentes no participan en el proceso cívico.
Irma Medellín, inmigrante y activista comunitaria del Valle de San Joaquín, teme que uno de los principales obstáculos para que el Censo cuente adecuadamente esta zona rural de California es que los trabajadores federales no quieran entrar a las zonas pobres.
“A veces ellos no quieren entrar a los barrios que no se ven bien, y hay muchos perros, más aún si no hablan la lengua”, explicó Medellín este viernes durante una reunión comunitaria en Visalia. “Si a eso añadimos que las comunidades inmigrantes tienen miedo pues siempre están escuchando sobre ICE y las redadas, tenemos un reto muy grande en esta comunidad”.
Entre los rincones de California que corren el mayor riesgo de no verse reflejados en el Censo 2020 -y perder potencialmente millones de dólares en recursos y hasta representación política-están lugares como el condado de Tulare, en el corazón del Valle de San Joaquín, zona agricultora por excelencia.
Con consciencia de un Censo incompleto esto sería catastrófico para la región y el estado, docenas de líderes comunitarios, funcionarios locales y representantes de California se preparan para hacer lo que sea necesario que 2020 no los convierta en “invisibles”.
El pasado viernes, muchos de estos líderes locales se reunieron en Visalia, una ciudad del condado de Tulare, para conversar sobre los retos y las posibles soluciones. Desde los representantes del estado de California, pasando por funcionarios electos estatales, locales y activistas comunitarios de la zona, todos están de acuerdo en que un “subconteo” sería nocivo para la comunidad.
“Hay muchos condados en California que requieren de fondos para infraestructura”, explicó Eddie Valero, recién electo supervisor del condado de Tulare, el primer representante de las zonas no incorporadas del condado en llegar al cargo desde 1984. “Yo represento un distrito en el que hay tres ciudades y la mayor cantidad de esas zonas no incorporadas y hay mucha necesidad y hambre de recursos. Estas comunidades son las que corren más riesgo de ser pasadas por alto”.
Valero mencionó miles de millones de dólares en recursos que dependen de las cifras del censo: 13,900 millones para educación, 8,300 millones para “Head Start”, 2,900 millones para cuidado infantil, 4,600 millones para hogares de crianza, 11,100 millones para salud infantil y 11,600 millones para almuerzos escolares. “Todos estos fondos dependen del Censo”, apuntó. “Debemos ser lo más proactivos posible”.
El Censo de los Estados Unidos es una actividad que se realiza cada diez años y que tiene un mandato constitucional: contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos. El gobierno federal utiliza esos números para distribuir recursos y crear los distritos electorales del Congreso, entre otras decisiones cruciales para las comunidades.
Pero como lo confirman las cifras, hay comunidades que tienden a estar mal representadas en esos resultados.
De acuerdo a un nuevo estudio realizado por el sociólogo Edward Orozco Flores, de la Universidad de California, Merced, las zonas rurales y suburbanas del estado son especialmente vulnerables a que el Censo decenal de Estados Unidos no las cuente adecuadamente.
Entre las razones -que no son nuevas- está la alta proporción de inmigrantes, de hogares donde vive más de una familia y la presencia de jóvenes madres con niños pequeños, todas poblaciones más difíciles de contabilizar.
“Estas regiones rurales presentan un riesgo particular de pasar desapercibidas”, dijo Orozco Flores. “El trabajo de divulgación en torno al Censo debe tomar en cuenta que la mitad de estas familias compuestas las encabezan inmigrantes y estos serán los encargados de llenar el cuestionario del Censo”.
A esto se añade un contexto político complicado como el que existe actualmente en Estados Unidos, en el que el Presidente Donald Trump ha hecho de la persecución de inmigrantes un tema central de su gobierno y el temor existente en ciertas comunidades a responder preguntas de cualquier entidad de su administración.
El estado de California ha anunciado la inversión de 154 millones de dólares para el trabajo de incluir e informar a esas comunidades que técnicamente bautizan como “difíciles de contar” (hard-to-count). Los activistas consideran que quizá esa cantidad, la mayor que ha gastado California en su historia para promover el Censo, no sea suficiente para la clase de reto que los activistas tienen por delante.
“No solamente podemos perder fondos, hasta 20,000 por persona que no es enumerada”, dijo María Lemus, de la oficina de la Senadora estatal Melissa Hurtado, que representa el distrito 14 de California, incluyendo el condado de Tulare.
En algo están de acuerdo los grupos comunitarios y es que es preciso motivar a la comunidad a participar en el Censo, aún cuando se trata del gobierno de Donald Trump el que lo realiza, con la consecuente falta de confianza que esto implica.
Si a esto se añade la pregunta de ciudadanía, cuya inclusión en el cuestionario aún se está dirimiendo en los tribunales, los grupos, activistas y medios serán aún más importantes para educar e incluir a los residentes que son reacios a participar.
Greg Gómez, alcalde de la pequeña ciudad de Farmersville, al lado de Visalia, dijo que todos los residentes “no importa de donde vengan” cuentan con los servicios locales y la municipalidad debe ofrecerlos. “Es por eso que necesitamos los fondos que corresponden a nuestra población”, dijo. Gómez promovió una resolución en el concejo de esa pequeña ciudad para condenar la inclusión en el Censo de la pregunta de ciudadanía.
Pero con pregunta de ciudadanía, o sin ella, los líderes locales están conscientes de que tomará el esfuerzo de todos ellos para que el Censo tenga éxito en la región. Este año, además, el Censo se realizará primordialmente “en línea”, y en muchas zonas rurales no hay acceso a internet, explicó Guadalupe Martínez, líder local del Centro sobre Raza, Pobreza y Medio Ambiente y ex líder campesino.
“Es cuestión de confianza”, dijo Martínez. “Lo primero que les viene a la mente es ¿por qué me preguntan si soy ciudadano? Si es que esa pregunta llega a incluirse y la otra es, ‘para qué quiero contestar esto y ponerme en peligro. Lo más grande aquí es que las organizaciones que generan confianza en la gente debemos estar allí tocando puertas, así como lo hicimos para organizar a los campesinos en décadas pasadas”.