Exigen a policía ferroviaria no colaborar con ICE tras detención
La misiva va acompañada de una demanda que pide revelar información sobre la colaboración entre ambas entidades
Una coalición de organizaciones comunitarias exigió ayer a la Policía de Ferrocarriles Union Pacific (UPRP, por sus siglas en inglés) que finalice su colaboración con agentes federales de inmigración tras detenciones ocurridas en California.
En una misiva enviada a UPRP, el grupo, encabezado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advierte que la colaboración de esta agencia con las autoridades inmigración estaría violando la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a la privacidad y a no sufrir una requisa arbitraria.
“El negocio de Union Pacific se basa en transportar bienes y personas de manera segura de un lugar a otro, no en el de someter a los miembros más vulnerables de nuestras comunidades a intimidaciones, detenciones ilegales y además amenazar con la deportación”, dijo en un comunicado Sameer Ahmed, abogado de ACLU SoCal.
La misiva de la coalición está acompañada de una demanda del Centro de Leyes para Defensores de Inmigrantes, Esperanza Immigrant Rights Project, Public Counsel y The Western State College of Law Immigration Clinic, interpuesta contra del Departamento de Seguridad Interna (DHS) e ICE para que revele información sobre la colaboración con la policía ferroviaria.
La acción se tomó después de que las autoridades federales se negaran a cumplir con una solicitud de las organizaciones basada en la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Los defensores de los derechos de los inmigrantes citaron como ejemplo el caso de uno que se desplazaba en bicicleta por un sendero cercano a las vías ferroviarias en la ciudad de El Monte, en California.
Los agentes de UPRP lo detuvieron con la única justificación de preguntarle por sus documentos. Un agente preguntó en español por “papeles”, y luego el hombre fue retenido hasta que llegaron miembros del ICE y resultó arrestado.
Otros incidentes detallados en los documentos ocurrieron en ciudades del sur de California como Santa Ana, North Hollywood, Pacoima y Whittier.
Jennifer Lee Koh, directora de la Clínica de Inmigración de Western State College, aseguró que el público tiene derecho a saber más sobre la relación de ICE y los esfuerzos de la Policía de Union Pacific Railroad sobre deportaciones y la detención de inmigrantes.
ACLU también citó un caso de una mujer sin hogar que estaba cerca a una de las propiedades de UPRP, que fue detenida y puesta a disposición de las autoridades de inmigración. La afectada denunció que nunca se le leyeron sus derechos en virtud de la Quinta Enmienda.
Los agentes de UPRP tienen jurisdicción en cerca de 32.000 millas de líneas ferroviarias en 23 estados del país.