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Detenciones de migrantes, imparables; congreso pide cuentas

Centro de detención de indocumentados.

Centro de detención de indocumentados. Crédito: René de Jesús | EFE

MEXICO. En las últimas horas, el consulado de Guatemala en Comitán, Chiapas, reportó la detención de 51 migrantes de ese  país que viajaban en camionetas. Iban encarrerados hacia Estados Unidos cuando los detuvieron militares y agentes de la Fiscalía Federal, confirmó el cónsul Ranger Morales.

El ejército, el ministerio público y el Instituto Nacional de Migración forman parte de un cuerpo de contención de los flujos migratorios desde que el nuevo gobierno finalizó el programa emergente de visas humanitarias el pasado 28 de enero y ahora los migrantes deben acreditar que, efectivamente, las necesitan.

Entre enero y febrero pasados, fueron  detenidos y devueltos a sus países de origen alrededor de 9,000 migrantes indocumentados entre enero y febrero, según las más recientes estadísticas de la Secretaría de Gobernación.

Las autoridades mexicanas argumentan que “están aplicando la ley” mientras organizaciones civiles señalan que “se está haciendo el juego” a Estados Unidos que amenaza con cerrar la frontera incluso para fines comerciales, una medida que golpearía la economía mexicana dependiente de las exportaciones.

Entre las últimas semanas de marzo y los primeros días de abril, los medios locales en los diversos estados mexicanos por donde atraviesan migrantes se han reportado un millar de “aseguramientos”, “rescates” y “deportaciones”, incluyendo algunos líderes como el cubano Mickel Hernández.

En general hombres, mujeres y niños que ya saturaron algunas estaciones migratorias como Siglo XXI, una de las más grandes que está ubicada en Chiapas donde se han registrado incidentes violentos: enfrentamientos, golpes entre agentes y migrantes y cinco atropellados.

En Tijuana un desconocido intentó incendiar la casa de Irineo Mújica, activista de la organización civil binacional Pueblos Sin Fronteras que ha acompañado a varias caravanas de centromericanos.

“Este ataque puede ser el resultado directo de la campaña irresponsable de odio, criminalización y difamación que ha sido promovido por los gobiernos de México y Estados Unidos y otros figuras públicas”, advirtió Mújica.

PSF determinó que en los próximos meses no acompañará a más grupos porque no piensan “hacer el juego político en la reelección de Trump” que busca meter miedo a su electorado sobre la masa de gente que se encamina hacia el Sueño Americano.

Leyes a contrarreloj

El congreso mexicano trabaja en las últimas horas en ajustar la Ley de Migración para establecer sanciones concretas contra servidores públicos corruptos en las estaciones migratorias y otros lugares que afecten los derechos de los migrantes. Establecerán también la obligatoriedad de ofrecer asesorías legales a los indocumentados.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se emitió un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Gobernación para que haga públicos los resultados de la política migratoria del gobierno federal en los estados de tránsito, en materia de derechos humanos, así como en el tema de refugiados.

También exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores haga público un informe sobre los avances en la implantación del Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica.

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