‘¡Arriba la liberación, abajo, la deportación!’

“¡Libertad! y “¡Abolir ICE!” fueron gritos al unísono de decenas de jóvenes de la comunidad del condado de Orange, Inland Empire y Los Ángeles que frente al centro de detención Theo Lacy exigieron ayer a las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y al Sheriff del condado, Don Barnes, liberar a todos los inmigrantes detenidos.

“Cuando peleamos por la ordenanza para crear la ciudad santuario en Santa Ana, muchos decían que no se podía. Esta vez seguiremos luchando para que los inmigrantes que pertenecen a nuestra comunidad sean liberados”, dijo Claudia Pérez, directora ejecutiva de Resilience OC. “Creemos que todo individuo merece una oportunidad en la vida”.

Desde el parque Morrison en la ciudad de Santa Ana y bajo intensos rayos del sol, los manifestantes caminaron por la calle Westwood hacia Memory Lane hasta The City Drive en dirección norte y se apostaron frente al Centro de Detención Theo Lacy, en la ciudad de Orange.

“Muchos de los inmigrantes presos ya han ganado sus casos y pueden salir libres, pero no tienen dinero para pagar una fianza y por eso los tienen retenidos”, dijo Roberto Herrera, coordinador de Participación Comunitaria de Resilience OC.

“Así, ellos están en peligro de deportación, aún cuando no representan ningún riesgo para la comunidad”.

Al menos 20 individuos detenidos han sido identificados, por abogados que visitan Theo Lacy y la cárcel James A. Musick, como aquellos que podrían ser liberados.

“¡Arriba la liberación, abajo, la deportación!”, dijeron los manifestantes, quienes portaron pancartas con mensajes de: “Ningún ser humano es ilegal”,

“Mantengamos a las familias unidas”, “Las personas por encima de las ganancias” y “Liberen a todos OC”.

Fecha límite

La liberación de los inmigrantes tendría que ocurrir antes del 27 de julio, fecha en la cual se cumplen los 120 días por la rescisión del contrato que efectuó el Sheriff Barnes.

En la actualidad, el Departamento del Sheriff del condado de Orange tiene detenidos a casi 1,000 inmigrantes en las instalaciones de Theo Lacy y James A. Musick.

Si ICE acepta la carta, tendrá la obligación de reubicar a la comunidad inmigrante en otros lugares.

“Estamos recaudando fondos para poder sacar a los que sí pueden salir”, declaró Roberto Herrera a La Opinión. “Por cada inmigrante se tendrían que pagar fianzas desde $3,000 o hasta $10,000”.

Los jóvenes dijeron que en su declaración donde se anunció el fin del contrato, “el Sheriff Barnes mintió sobre la posibilidad de transferir a las personas [lejos] de sus familias como la única opción después de estos cierres”, a fin de dar mayor atención a reos con enfermedades mentales.

La transferencia de los inmigrantes a las instalaciones de Adelanto u otros estados los pone en riesgo de perder las audiencias de fianzas que están pendientes y que podrían significar su liberación para pelear su caso desde afuera.

Esto viola directamente su derecho al debido proceso y a contar con un asesor legal.

José Servín, miembro de la Coalición de Jóvenes Inmigrantes por la Justicia en California (CIYJA) consideró que las autoridades de ICE tienen el poder de discreción para liberar a los reos, tal como lo hicieron en el condado de Contra Costa, donde se cerró la instalación de la “migra” y otorgaron la libertad a un grupo de individuos.

“Es su responsabilidad liberarlos”, indicó. “Todo se puede hacer, aunque lo pueden ignorar y hacerlo difícil”.

A la marcha se unió Gualterio Santos, el empresario oaxaqueño vendedor de flores que da trabajo a 20 familias, a quien un juez le canceló una orden de deportación.

“La verdad que inmigración está destruyendo familias y eso es muy triste”, dijo. “Las condiciones adentro de las cárceles son horribles”.

Por su parte, Maricela Castro, integrante de la organización Vecindario Macy en Acción (VELA), acudió a la protesta con sus dos hijas, Kimberly y Valeria, ambas nacidas en Santa Ana.

“Soy indocumentada y no tengo miedo”, dijo la mujer oriunda de Huajuapan de León, Oaxaca.

“Traje a mis niñas porque quiero que vean la necesidad de que tenemos que apoyar a nuestra comunidad”.

Decisión del Sheriff Barnes

Lori Haley, portavoz de ICE indicó que “la decisión del alguacil del condado de Orange [Doug Barnes] de no alojar más a los detenidos de ICE en sus instalaciones de detención a partir del 1 de agosto de 2019, tendrá un impacto negativo en las operaciones locales de ICE”.

Sin embargo, agregó, el impacto será mayor para los detenidos. “Ahora, en lugar de estar cerca de familiares o abogados locales, ICE tendrá que depender de su sistema nacional de espacio de camas de detención para reubicar a los detenidos en lugares más alejados, lo que reduce las oportunidades de visitas personales y la coordinación de abogados”

“Tenemos temor de que los presos sean enviados a Adelanto, una instalación que tiene las peores condiciones para las personas detenidas”, opinó Nancy Meza, miembro de CIYJA.

“Para nadie es un secreto que las condiciones en ese lugar son inhumanas, al grado que en este año ya han muerto siete personas”..