Editorial: La falta de vivienda y la política antiinmigrante
La administración Trump cree que la mejor manera para enfrentar las dificultades es separando familias de inmigrantes
Ciudades del sur de Los Ángeles se movilizan contra un posible aumento de desamparados. (AFP/Getty Images) Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images
Estados Unidos tiene un serio problema de falta de vivienda. Esta escasez eleva el precio de las propiedades, ya sea para comprar o alquilar. La Casa Blanca tiene una respuesta para ello: quitar el subsidio público a las familias que por lo menos tengan un indocumentado bajo su techo.
Si una madre indocumentada tiene tres hijos ciudadanos, ella será desalojada, según una nueva norma que se apresta implementar el Departamento de Vivienda (HUD). Es difícil pensar que ella dejará sus hijos menores solos, así que todos de patitas a la calle.
La ley actual prohíbe a los indocumentados recibir ayuda federal en forma de subsidios, pero permite que las familias de condición migratoria mixta vivan en viviendas públicas ,mientras haya una persona que sea ciudadana, residente legal, refugiado o peticionante de asilo.
El plan nuevo es que las autoridades a cargo de las viviendas usen el programa de verificación del Departamento de Seguridad Interna para asegurarse que el beneficio sea otorgado exclusivamente a ciudadanos y residentes legales.
El secretario de Vivienda, Ben Carson, dijo que el cambio de política era para ayudar a los “cientos de miles de ciudadanos” que están durante años en listas de espera para recibir la asistencia.
Es cierto. Un estudio de la National Low Income Housing Coalition estimó que hay 1,6 millones de familias a la espera de vivienda pública y 2,8 millones en la lista para los cupones de la Sección 8. Pero esto no se resuelve expulsando a cerca de 32,000 individuos y sus familias principalmente residentes en California, Nueva York y Texas.
En realidad la nueva medida de HUD no tiene nada que ver con asistencia a los “ciudadanos” y mucho con la política antiinmigrante que surge de un grupo de trabajo dirigido desde la Casa Blanca por el asesor presidencial Stephen Miller.
En cuanto a vivienda, la administración Trump ve a HUD como un área para ahorrar dinero y nada más. El presupuesto presentado para el 2020 es una reducción del 16.4% de lo aprobado el año pasado.
Los recortes propuestos eliminan por completo el fondo destinado para mantenimiento y mejoras de vivienda pública y reduce 38% el fondo para operación básica de los proyectos. También desaparecen los programas de subsidios en bloque del cual cada comunidad depende para el desarrollo de numerosas iniciativas para promover la inversión en construcción de propiedades, como para realizar el sueño de la casa propia.
Es trágico para los indocumentados, y para todo los estadounidenses, que la Casa Blanca mire los numerosos desafíos que enfrenta nuestro país a través de las anteojeras de una distorsionada visión migratoria.
