Inmigrantes temen por posible extensión de ´Carga Pública´

La hija de Claudia Navarro tiene espina bífida, una afección congénita que los médicos en México consideraron que la niña no pasaría el primer año de vida. Pero Navarro no se dio por vencida. En vez, trajo a sus dos hijos pequeños a Estados Unidos para buscar ayuda médica. La madre obtuvo beneficios limitados de Medi-Cal para su hija – independientemente de su condición migratoria– además de lograr los tratamientos que la mantuvieron viva.

Hoy, 27 años más tarde, a Navarro le preocupa que esa decisión pueda poner en riesgo su posibilidad de convertirse en residente legal de Estados Unidos.

En particular, la inquietan las restricciones federales propuestas que podrían establecer nuevas limitaciones sobre quiénes cumplen con los requisitos para obtener la residencia permanente. El cambio en la normativa ampliaría la manera en que el sistema migratorio define quiénes representan una “carga pública” , e incluye una lista más ampliada de los beneficios financiados con fondos públicos que podrían jugar en contra de los inmigrantes, entre ellos las estampillas para alimentos y Medi-Cal, el programa de salud del estado para personas y familias de bajos ingresos.

Conforme a la nueva normativa, que todavía se encuentra bajo consideración, a los inmigrantes también se les podría negar la residencia permanente si se considera que tienen mayor probabilidad de depender de los beneficios federales en el futuro, aunque nunca los hayan solicitado.

Dicha normativa no puede implementarse de manera retroactiva y es casi seguro que surgirán muchos casos de impugnación, señalan los expertos, aunque los inmigrantes como Navarro igual temen que el previo uso de un beneficio puede aumentar la posibilidad de que las autoridades federales nieguen su solicitud para convertirse en residentes legales. Algunos inmigrantes han recibido la recomendación de sus abogados y notarios de renunciar a los beneficios recibidos, a pesar de que estos últimos son asesores legales informales que quizás no conozcan a fondo las leyes pertinentes.

El temor por la norma propuesta ya ha provocado en todo el país que algunos inmigrantes indocumentados abandonen programas públicos o dejen de asistir a las clínicas locales cuando están enfermos, afirman médicos, abogados expertos en inmigración y defensores de los inmigrantes.

En California, dichos temores podrían causar que millones de personas no se inscriban en los programas de salud gratis para familias de bajos ingresos, que según las propuestas del gobernador Gavin Newsom y los legisladores estatales ampliarían los requisitos para que las personas indocumentadas tengan acceso a Medi-Cal.

“La inquietud que genera el concepto de carga pública es legítima ya que las políticas migratorias federales se han centrado en el cumplimiento y han sembrado el miedo y la desconfianza entre las familias inmigrantes, ya sean personas indocumentadas, residentes permanentes o ciudadanos nacionalizados”, señaló Jesús Martínez, director ejecutivo de la organización de servicios para inmigrantes Central Valley Immigrant Integration Collaborative.

Navarro, de 51 años, afirma que los cambios propuestos a la normativa por la administración Trump han generado una nueva incertidumbre en la vida de su familia en este país.

“Desde que llegamos, ha sido una travesía buscar doctores y hospitales, realmente un martirio”, dijo Navarro, cuyos hijos reciben cobertura de Medi-Cal.

Si bien Navarro no se arrepiente de haber pedido cobertura para sus hijos, confiesa estar preocupada por su condición migratoria. De todas maneras, es un alivio que sus dos hijos hayan obtenido protección temporal contra la deportación bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), también llamados Dreamers.

“En este momento, todo lo relacionado con mi condición migratoria está en el limbo”, señaló la residente de Los Ángeles. “Vivimos con el Jesús en la boca, rezando para que a los Dreamers y sus padres se les otorgue la residencia”.

¿Quién es considerado ‘carga pública’?

La ley vigente puede negarle la residencia permanente a un inmigrante según su probabilidad de convertirse en una “carga pública”. Pero hasta ahora, dicha normativa se limitaba a aquellas personas que recibían cuidados a largo plazo proporcionados por instituciones, como centros de salud mental, hogares de ancianos, programas de asistencia de dinero en efectivo para personas con discapacidad física o mental.

En septiembre de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (NHS) propuso ampliar la definición de “carga pública” a fin de incluir los programas de asistencia social, como Medicaid, estampillas de alimentos ofrecidas bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el Programa de Medicare de Subsidios para Personas de Bajos Ingresos, Parte D (medicamentos con receta médica). El uso de estampillas de alimentos o la participación en programas de vivienda conforme al Artículo 8 también podría tener un impacto negativo en aquellas personas que aspiran a obtener la residencia legal.

A favor de la medida

Ampliar la definición de quién representa una “carga” para la sociedad tiene sentido, arguyó Andrew Arthur, becario en el Center for Immigration Studies con sede en Washington, D.C. que es partidario de reducir la migración a Estados Unidos. Los cambios propuestos a la normativa son necesarios porque “la ley nunca fue implementada en la manera en que se redactó”, señaló.

Arthur agregó que “los beneficios generosos” que prometen los legisladores estatales generarían otro tipo de interrogantes, como si las personas con afecciones pre-existentes podrían ingresar al país o mudarse a California desde otros estados para poder recibir cobertura médica.

Las personas que necesitan recibir atención médica podrían obtener una visa para venir y recibir esa atención, afirmó. Pero también promovería que otras personas ingresen a California de manera ilegal “y se conviertan en una carga para los contribuyentes”.

“Es una mala política pública”, señaló Arthur.

El nuevo plan de cuidados de la salud del gobernador

El nuevo plan de Newsom ampliaría la cobertura de Medi-Cal a todos los californianos menores de 26 años, sin importar su condición migratoria, siempre y cuando cumplan con los criterios de bajos ingresos. El miembro de la Asamblea Legislativa Estatal Joaquín Arámbula y la senadora estatal María Elena Durazo presentaron un proyecto de ley que ampliaría la cobertura de Medi-Cal a todos los adultos indocumentados de bajos ingresos. En la actualidad, el estado ofrece cobertura de Medi-Cal solamente a los menores indocumentados.

Daniel Zingale, director de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y Participación Pública del gobernador, señaló que el estado gastará millones de dólares para informar a las comunidades inmigrantes sobre las oportunidades ofrecidas a raíz de la ampliación de Medi-Cal, en caso de que la iniciativa del gobernador fuera aprobada. Es difícil subestimar el impacto escalofriante que posiblemente tenga la propuesta de la administración Trump para redefinir quién representa una “carga pública” y los temores que puedan generar otras medidas severas por parte de organismos federales de inmigración, agregó.

“No podemos ser tímidos al respecto, no podemos dudar en nuestro esfuerzo por alcanzar a todos e intentar… incluir a estas personas en los servicios adecuados sin hacerlos correr un riesgo draconiano”, señaló Zingale. El mensajero realmente importará”.

¿Quién se vería afectado por la nueva normativa?

La propuesta sobre carga pública fue sometida a un período de comentarios de 60 días, que finalizó el 10 de diciembre de 2018. El Departamento de Seguridad Nacional se encuentra actualmente analizando más de 216,000 comentarios recibidos antes de aprobar o modificar la propuesta.

Se estima que el cambio propuesto a la normativa afectará a unas 382,264 personas anualmente –muchas de las cuales han solicitado la residencia permanente– según el Departamento de Seguridad Nacional.

El portavoz Michael Bars del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos señaló en una declaración que el organismo “espera dar respuesta a todas las opiniones del público en su dictamen final de este año”.

Mientras se debate esta política, buena parte del millón y medio de inmigrantes indocumentados y sin cobertura de California se ven obligados a sopesar los beneficios y los posibles riesgos de utilizar los servicios públicos.

Hace 30 años que “Ana” espera la oportunidad de convertirse en residente permanente de Estados Unidos. Pero ahora está preocupada por los servicios y la ayuda del gobierno, como el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que obtuvo para su hijo.

Ana, que pidió mantener confidencial su nombre verdadero, llegó en 1989 a Los Ángeles desde Durango, México, con sus dos hijos, a quienes crio como madre soltera. Su hijo mayor sufre artritis reumatoide y ha debido recibir atención médica frecuente desde su temprana infancia. En ciertas ocasiones, Ana debió dejar su trabajo para encargarse de cuidar a su hijo.

“Fue ahí que tuve que pedir SSI” para mi hijo, explicó Ana.

Conforme a la normativa vigente, haber recibido  ayuda bajo el programa SSI podría afectar su condición migratoria. Sus dos hijos ya obtuvieron protección contra la deportación bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Temo que me nieguen la residencia por haber pedido atención para mis hijos”, dijo Ana acerca de sus planes de solicitar la residencia permanente. “A veces pienso que hubiese sido mejor no haber pedido ningún tipo de ayuda”.

Acerca de esta serie
 
Este proyecto es resultado de un innovador emprendimiento periodístico —The USC Center for
Health Journalism Collaborative— que incluye una variedad de medios informativos de todo el
estado de California dedicados a presentar informes conjuntos sobre las personas sin seguro
médico que residen en el estado. Entre los medios informativos se incluyen los periódicos
de Gannett Co., McClatchy Corp., La Opinión y Southern California News Group, así como
también las emisoras Capital Public Radio y Univisión.