¿Para qué quiere la Administración Trump el ADN y las huellas de niños migrantes?
El gobierno tomará las huellas dactilares y muestras de ADN de los niños inmigrantes menores de 13 años
La administración Trump ha anunciado que comenzará a recolectar más información sobre los migrantes indocumentados menores de 13 años que detiene en la frontera, a pesar de serias preocupaciones relacionadas con la propiedad de los datos que recolecten, el derecho a la privacidad y las propias regulaciones que limitan al Gobierno.
La medida busca recabar datos de las huellas dactilares de los menores, pero no se limita a ello e incluso hay programas piloto para recolectar ADN de los pequeños migrantes.
Esta semana un funcionario de la Patrulla Fronteriza admitió que habían iniciado un programa piloto para recopilar datos biométricos de niños con el permiso de los adultos que los acompañaban. No dijo en qué puntos de la frontera se está llevando a cabo.
La Patrulla Fronteriza también tiene un “programa piloto de ADN rápido” en desarrollo, dijo Anthony Porvaznik, el jefe de patrullas de Yuma, Arizona, en una entrevista videográfica publicada por el periódico Epoch Times.
Qué importa si el Gobierno tiene su ADN
Cada ser humano tiene enormes bancos de información en las células del cuerpo como la sangre. Si nosotros fuéramos como computadoras, el ADN sería el programa que codifica toda la información de nuestro cuerpo.
Constantemente se descubren nuevos usos para el ADN; por ejemplo, se utiliza para saber qué enfermedades puedes tener propensión y también para resolver crímenes. Naturalmente, esto puede tener sus inconvenientes.
Imagine que una compañía aseguradora se hace con su información genética y no le quiere vender cobertura médica, porque sabe que es propenso a una enfermedad muy costosa y que sería un mal negocio para ellos.
Sólo se necesita una gota de sangre, un pelo, un pedazo de uña de un primo en tercer grado, para ligar una muestra de ADN que haya sido encontrada en una escena del crimen de vuelta a usted. Imagine todas las ramificaciones.
Este es el trasfondo de que el Gobierno construya una base de datos con información genética de los inmigrantes que solicitan asilo, se entregan a las autoridades o son capturados en una redada.
¿Y exactamente qué está haciendo el Gobierno y por qué?
Los portavoces de la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron varios mensajes de la agencia de noticias The Associated Press en busca de comentarios sobre ambos programas.
La Patrulla Fronteriza dijo que en el último año se detuvo a aproximadamente 3,100 adultos y niños que se hicieron pasar por familias de manera fraudulenta para que pudieran ser liberados rápidamente, en lugar de enfrentar la detención o la rápida deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional también advirtió sobre el “reciclaje de niños”, casos en los que dicen que los niños que ingresaron a Estados Unidos fueron contrabandeados nuevamente a Centroamérica, para emparejarlos nuevamente con otros adultos en familias falsas.
Por eso, dicen las autoridades, necesitan tener bases de datos con las huellas dactilares u otros datos biométricos. Para evitar que los niños sean utilizados como carne de cañón de falsas familias migrantes.
“Esos son niños están siendo alquilados, a falta de una palabra mejor”, dijo Porvaznik.
Pero la Patrulla Fronteriza no ha identificado públicamente a nadie arrestado en un esquema de “reciclaje de niños” ni ha dado a conocer datos sobre cuántos de ellos se han descubierto.
Los defensores de los migrantes han dicho que les preocupa que, en nombre de detener el fraude, los agentes puedan tomar información personal de los niños que podría ser utilizada en su contra más adelante.
“Por supuesto que existe el tráfico de niños”, dijo Karla Vargas, abogada del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Sin embargo, advirtió contra la implementación de una política de “alcance general”, que podría reducir los derechos de las personas que están buscando legalmente asilo.
En una mesa redonda con el presidente, Donald Trump, transmitida en febrero, un oficial de la Patrulla Fronteriza describió un caso que, según dijo, condujo a ocho acusaciones en Carolina del Sur, incluida una mujer guatemalteca que dijo que había “reciclado” niños 13 veces por pagos de $1,500 dólares por niño.
La oficina del fiscal de Carolina del Sur dijo a la Associated Press esta semana que el caso fue sellado y se negó a comentarlo.
La cantidad de cruces fronterizos no autorizados ha aumentado este año, en particular, ingresos de familias fuera de los puntos de entrada legales en números nunca vistos. La mayoría son de Guatemala, El Salvador y Honduras, y muchos adultos y niños que cruzan buscan asilo por un mecanismo legal.
La Patrulla Fronteriza ha advertido que sus instalaciones de detención están más allá de su capacidad y que no cuenta con el personal o los recursos para detener a los migrantes.
Pronto abrirá dos tiendas de campaña en la frontera de Texas para su procesamiento y detención, y las agencias de inmigración están liberando a las familias dentro de uno o dos días para despejar el espacio de detención.
Al enfrentarse a la presión de Trump para reducir los cruces ilegales, los funcionarios de Seguridad Nacional han achacado los altos números, en parte, a que los adultos se hacen pasar por padres para evitar la detención.
En un caso presentado en una corte federal en El Paso este mes, las autoridades acusaron a un hombre guatemalteco de que había imprimido un certificado de nacimiento falso para afirmar que era el padre de un adolescente que cruzó la frontera ilegalmente con él.
Las autoridades dicen que el adolescente aceptó ir con el hombre porque quería irse de Guatemala. No pudieron confirmar la edad del adolescente.
Pero los defensores dicen que la Patrulla Fronteriza suele citar el fraude cuando separa a un niño de un pariente adulto que no es un padre, incluso si el pariente es el tutor efectivo del niño.
El Proyecto de Derechos Civiles de Texas publicó un estudio en febrero que contabilizó 272 familias separadas en un solo tribunal de Texas desde junio, después del fin de la política de tolerancia cero (al menos oficialmente), que llevó a miles de separaciones familiares a principios de 2018, de esas, 234 tenían que ver hermanos, tías y tíos adultos, u otros parientes de los niños.