Las clínicas santuario ofrecen un respiro de las acciones anti-migrantes de Trump

El temor a las deportaciones afecta el comportamiento de los pacientes, quienes en muchas ocasiones prefieren no asistir a sus citas de salud.

La clínica Romero acepta que cometieron un error al aplicar vacunas diluidas. (Aurelia Ventura).

La clínica Romero acepta que cometieron un error al aplicar vacunas diluidas. (Aurelia Ventura). Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

El caso de la pequeña Rosa María Hernández, de 10 años, tomó gran notoriedad a nivel nacional en octubre del 2017, cuando fue detenida por agentes de inmigración mientras viajaba en una ambulancia para un servicio  médico en Texas.

Hernández, quien tiene discapacidades físicas y mentales, necesitaba una cirugía de emergencia de la vesícula, razón por la que fue enviada al hospital Corpus Cristi. Pero en el camino pasaron por un punto de inspección migratoria.

En la ambulancia la acompañaba una prima adulta ciudadana estadounidense, pero esto no impidió que las autoridades federales la siguieran hasta el hospital;  tras la cirugía la retuvieran en una instalación para menores por más de una semana antes de liberarla para luchar por su caso.

Situaciones como estas son alentadas por las duras políticas migratorias de la Administración Trump, incluso acciones contra migrantes con órdenes de deportación que se tenía planeado iniciaran el 23 de junio, pero que ahora se han aplazado dos semanas. No obstante, el simple anuncio del presidente ha causado un temor latente para inmigrantes indocumentados que, en ciertos casos, evitan ir a hospitales y centros de cuidado de salud, por temor a ser interceptados por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Como una manera de ayudar a los inmigrantes a lidiar con estas situaciones tan complicadas, ha surgido un nuevo conjunto de prácticas dentro de las clínicas que prestan servicios a una gran cantidad de pacientes indocumentados.

La aplicación de la ley de inmigración en los hospitales es poco frecuente, pero los casos de alto perfil de inmigración en o cerca de los hospitales, como el caso de Hernández contribuyen a una mayor cultura de miedo.

La Clínica Romero ofrece servicios de salud médica a todas las personas sin importar su estatus migratorio. (Aurelia Ventura/La Opinión)

“Vemos el impacto de este estrés relacionado con la inmigración, como por ejemplo en el caso de los pacientes que evitan la atención médica porque no están seguros si un hospital o clínica coopera con las autoridades migratorias y puede ponerlos en peligro”, explicó la neuróloga Altaf Saadi, instructora clínica de medicina y miembro del programa nacional de becarios clínicos de UCLA. “Esto hace que, si bien la aplicación de la ley de inmigración en los hospitales es rara, el temor está ahí y está afectando el comportamiento de los pacientes”.

Clínicas santuario ofrecen tranquilidad

Saadi acuñó el término “sanctuary doctoring” (“doctores santuario”, “hospitales santuario” o “clínicas santuario) para hablar de los procedimientos especiales adoptados para proteger a las personas indocumentadas en sus visitas al médico. El término se basa en el concepto de “santuario” que las comunidades religiosas y después ciertas ciudades y estados adoptaron para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

“Así como no hay una definición legal establecida de ‘santuario’, no hay una definición establecida de ‘santuario’ en el entorno de atención médica”, señaló Saadi.

En Los Ángeles varias clínicas y centros médicos han ganado la reputación de ser “santuario”,  en un esfuerzo por mantener los datos confidenciales de los pacientes mientras sirven al cuidado de su salud.

Un centro médico que abiertamente se denomina una clínica santuario es la Clínica Monseñor Oscar A. Romero con dos localidades, una en el área de MacArthur Park y otra en Boyle Heights, ambas con un gran número de pacientes salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos.

La clínica Romero, como se le conoce comúnmente, declaró su política de santuario después de que notaron un aumento alarmante de citas médicas perdidas desde que comenzaron las redadas a principios del 2017.

Se estima que un 50 por ciento de los pacientes que reciben atención en la clínica Romero son indocumentados, dijo Stephanie Lemus, directora de servicios al paciente y relaciones comunitarias de la clínica.

Lemus explicó que, como parte del protocolo de protección al paciente, en caso de una visita de ICE, el personal anunciará su presencia por medio de un código oral y cerrará inmediatamente las instalaciones. Los pacientes que pudieran correr peligro serán trasladados del área de recepción a otras zonas de la clínica restringidas al personal.

Posteriormente, un miembro del personal será designado como vocero para verificar si ICE tiene una orden judicial para arrestar a una persona específica. En caso en que dicha orden exista, el personal de la clínica coordinará la representación legal del paciente.

Lemus dijo que hasta el momento no se ha utilizado el protocolo formulado pero el personal está listo para actuar.

La aplicación de la ley de inmigración en los hospitales es poco frecuente, pero ha ocurrido. (Aurelia Ventura/La Opinion)

“Nuestra misión está fundada en proteger a la comunidad latina, los más vulnerables en la tradición del monseñor Oscar Romero”, dijo Lemus refiriéndose al mártir salvadoreño quien fue beatificado en el 2018.

“Para nosotros es importante proteger a nuestros pacientes sin importar su estatus migratorio, ya que nuestro trabajo de abogacía está reflejando la misión de monseñor Romero”, recalcó Lemus.

Una de las pacientes indocumentadas que se ha beneficiado de los servicios de la clínica Romero es la señora Connie de 49 años de edad.

Ella emigró de su natal México y ha vivido en Estados Unidos como indocumentada por muchos años.

Hace dos años se comenzó a involucrar con la clínica como promotora de salud y fue ahí que conoció los servicios disponibles para mantenerse saludable, que de otro modo no estarían al alcance de su bolsillo.

“Ahí me hacen la mamografía, chequeos, exámenes de laboratorio”, dijo la señora Connie, quien no quiso proveer su apellido por protección. “Me parece muy importante que den estos servicios porque a veces las personas no tienen dinero para un examen físico que puede costar hasta $150”.

Connie dijo que inclusive ella ha ayudado a varias personas a quienes recomienda ir a la clínica para una revisión de salud.

“Tengo amistades que no sabían que estaban enfermos. Les han dicho que tienen diabetes o presión alta”, contó.

 El término “santuario” y sus significados 

Saadi señaló que ella está en el proceso de terminar una investigación donde realizó un estudio en varios estados de la nación; el objetivo era explorar cómo las clínicas u hospitales aplicaban la idea de “santuario” en sus contextos de atención médica para recibir y proteger a sus pacientes inmigrantes.

“Lo que encontré fue que hay muchas acciones que un centro de salud puede tomar para hacer de sus instalaciones un espacio más seguro para los pacientes inmigrantes, como tener un protocolo específico sobre qué hacer si [ICE] se presenta en el centro de cuidado de salud, o cómo evitar identificar el estado de inmigración del paciente en los registros médicos”, explicó Saadi.

La doctora dijo que el término “santuario” lo utilizó por curiosidad para ver la reacción  a la conversación en el entorno médico.

Añadió que no tiene un número exacto de cuántos centros médicos o doctores se identifican como parte del grupo “santuario”, pero la ley SB 54, que entró en vigor en enero de 2018, requiere que todos los establecimientos de atención médica pública implementen políticas que limiten la asistencia con agentes de inmigración.

La Clínica Romero, con dos localidades en el este de Los Ángeles y MacArthur Park, es una clínica “santuario”.  (Aurelia Ventura/La Opinión)

“Por lo tanto, los hospitales y las clínicas en todo el Condado de Los Ángeles y California están trabajando en la implementación de estas políticas para tenerlas vigentes de conformidad con la ley SB 54”, recalcó.

La ley de Tratamiento Médico y de Emergencia (EMTALA), promulgada en 1986, garantiza el acceso público a los servicios de emergencia, independientemente de la capacidad de pago. La Sección 1867 de la Ley del Seguro Social impone obligaciones específicas a los hospitales que participan en Medicare, o que ofrecen servicios de emergencia para proporcionar un examen de detección médica (MSE) cuando se realiza una solicitud de examen o tratamiento para una condición médica de emergencia (EMC), incluido el parto activo, independientemente de la capacidad de pago de un individuo.

También se requiere que los hospitales proporcionen un tratamiento estabilizador para los pacientes con EMC. Si un hospital no puede estabilizar a un paciente dentro de su capacidad, o si el paciente lo solicita, se debe implementar una transferencia apropiada.

Sin embargo, Saadi quiere ayudar a los proveedores de salud a ir más allá que simplemente cumplir con la ley para el tratamiento de emergencia.

El término “santuario” expresa un sentimiento general acerca de los médicos que desean lo mejor para sus pacientes, independientemente de su estado migratorio, indicó Saadi. Esto incluye a los doctores que participan en acciones que se enfocan en satisfacer las necesidades médicas y sociales de los inmigrantes y les dan poder ayudándolos a identificar las acciones útiles que deben tomar.

No obstante, Saadi admite que el concepto de santuario tiene sus límites dada la capacidad de los agentes de inmigración para detener a los indocumentados una vez estén afuera del área designada como “santuario”.

“Es importante no proporcionar una falsa seguridad con el uso de este lenguaje; por lo que sé, los hospitales o las clínicas no están infringiendo la ley para proteger a sus pacientes inmigrantes”, concluyó Saadi.

La reportera Virginia Gaglianone contribuyó al artículo en colaboración con The USC Center for Health Journalism Collaborative. 

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