Preocupa a la supervisora Solís falta de claridad para mejorar la salud mental de los reos en el condado

Para la Supervisora Hilda Solís no hay un plan ni una estrategia clara para proporcionar la atención de salud mental a individuos que son parte del sistema penitenciario en el condado de Los Ángeles, y la directora ejecutiva del condado, Sachi Hamai propondrá un ajuste recomendado por 121 millones de dólares para tal efecto en la proyectada nueva cárcel llamada “Centro de Tratamiento de Salud Mental” (MHTC).

La Junta de Supervisores votará este lunes el presupuesto 2019-2020 para el condado, y entre los temas de mayor envergadura está el de salud mental para reclusos y la construcción del MHTC, al que Solís se opuso, igual que su homóloga, Sheila Kuehl.

“Lo que a mí se me ha presentado [sobre el MHTC] es un plan de cárcel primero, atención por determinar”, dijo Solís, respecto al concepto que inició con el  de “Cuidado primero, la cárcel en último lugar”. El Centro de Tratamiento podría construirse en el área de Chinatown.

La información es en base a  testimonios de psiquiatras que no podían brindarle atención eficiente y que fuera coherente con la ética de los especialistas a los internos, debido a la naturaleza misma del entorno de custodia. Para ello ha enviado una extensa carta a sus colegas.

Dicha petición de Solís se basa en la inversión del estado de 820 millones para construir la unidad médica de la prisión de Stockton, que cuenta con 2,760 reclusos que necesitan atención médica y de salud mental, pero que fue calificada como “inadecuada” por el inspector estatal.

Dicha prisión se construyó supuestamente para centralizar la atención de los internos con enfermedades mentales, y en parte, para reducir el alto costo del tratamiento externo.

En el condado de Los Ángeles la Cárcel Central de Hombres, una institución de 55 años de historia tiene 4,300 camas y fue clasificada por Mother Jones en 2013 como una de los 10 peores lugares para ser encarcelado en los Estados Unidos.

En junio de 2018, los supervisores aprobaron 2,200 millones de dólares para construir un reemplazo de la Cárcel Central de Hombres, con la enmienda de que las nuevas instalaciones se diseñen con un enfoque en la salud mental y la rehabilitación. Según un informe de Los Angeles Times, el 70% de la población carcelaria del condado estaba física o mentalmente enferma.

Según el grupo Justice LA, el condado de Los Ángeles tiene detrás de las rejas a 4,500 hombres afroamericanos y 7,500 latinos, además de 1,600 mujeres; sin embargo, cuenta con la más grande población de reclusos con enfermedades mentales

Un contrato asignado bajo polémica

Con los votos de los supervisores Janice Hahn, Mark Ridley-Thomas y Kathryn Barger se aprobó 3-2 el contrato de diseño y construcción de la nueva cárcel del condado, a la espera de la demolición de la Cárcel Central de Hombres, ubicada en el centro de Los Ángeles. En contra votaron las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl.

La primera directiva de la moción aprobó el contrato de diseño-construcción del Centro de Tratamiento Correccional Consolidado (CCTF), a la que el único cambio que se hizo fue que el CCTF fuera renombrado como “Centro de Tratamiento de Salud Mental” (MHTC).

La segunda directiva instruyó a los Directores de Salud Mental y Servicios de Salud para que informaran a la Junta en 180 días sobre cómo asignar personal y operar el MHTC, que ahora ha cambiado su nombre. Este informe llegará a la Junta de Supervisores en la primera semana de julio.

La tercera directiva instruyó a los Directores de Salud Mental y Servicios de Salud, en coordinación con la directora ejecutiva de la sala de administración Kenneth Hahn, Sachi Hamai y en consulta con el Sheriff Alex Villanueva para trabajar con el equipo de diseño y construcción para desarrollar un modelo de MHTC que esté basado en investigaciones sobre tratamientos de salud mental e informar de nuevo en 90 días.

Antes de esta moción, el Departamento del Sheriff desarrolló el plan para el CCTF con Hamai y el Departamento de Obras Públicas. Esta moción dio el paso a la intervención de los directores de los departamentos de salud. Sin embargo, se les pidió que analizaran un proyecto que se ha estado moviendo durante años y que lo cambien en 90 días.

Sin embargo, el contrato requería que todas las etapas del proceso de diseño y construcción de las instalaciones fueran aprobadas por la Junta Estatal y Correccionales Comunitarias, la junta estatal que administra las prisiones y las cárceles. El día 12 de febrero no cambió nada sobre la naturaleza de la custodia del contrato y ninguno de los requisitos para convertir esto en una instalación hospitalaria.

En general, el diseño-construcción para CCTF nunca fue cambiado. Se le cambió el nombre y se pidió a los directores de salud que contribuyeran para aumentar el enfoque en la salud mental y la atención médica. Pero el diseño y la construcción en sí, que afectarán en gran medida a cualquier tratamiento que ocurra dentro de CCTF / MHTC, no cambiaron.

La Supervisora Solís no creyó y no cree que el trato proporcionado en ambientes de custodia sea adecuado para atender las necesidades complejas e interrelacionadas de la población en el sistema de justicia penal.

Esa es la razón por la que ella presentó una moción el 12 de febrero, para obtener los datos importantes necesarios e informar mejor si la construcción de una instalación de custodia es realmente necesaria, y el tamaño y alcance necesario de las instalaciones de tratamiento de salud mental basadas en la comunidad. Esta información solicitada desde febrero es exactamente lo que falta al proyecto, indicó.

Para la supervisora Solís es positivo que el Condado considere cómo mejorar los servicios de salud mental. Pero no está de acuerdo que está avanzando con el plan original del CCTF sin los datos necesarios para informar el proceso con respecto a la futura población de la cárcel y sus necesidades de salud.

Un cambio “cosmético” de nombre

“Una cárcel es una cárcel. No basta con cambiar el nombre de la instalación. Lo que la Junta de Supervisores aprobó todavía tiene que ser certificado y aprobado por la Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias y no un regulador de salud mental.

“La Junta de Supervisores no solicitó aportaciones de la comunidad o de expertos en salud mental al desarrollar este nuevo proyecto”, dijo. “Además, la Junta de Supervisores tomó esta decisión sin examinar a la población actualmente bajo nuestra custodia ni pronosticar el tremendo impacto que tendrían los esfuerzos de desvío y reforma de la fianza para reducir aún más nuestra población carcelaria”.

Añadió que han pasado años en el esfuerzo, “pero, después de escuchar de los líderes comunitarios de justicia criminal y salud mental, así como nuestros jefes de departamentos del Condado, creo que esta decisión fue apresurada. Esta instalación se construiría en mi Distrito, el Primer Distrito, sin ningún aporte de la comunidad, particularmente de los residentes y dueños de negocios de Chinatown.

En lugar de utilizar los escasos fondos de los contribuyentes para invertir en programas de desviación, para ampliar acceso a la salud mental y otros servicios de apoyo, más de $2 mil millones se gastarán en una instalación de 3,800 camas que tal vez no necesitemos. Sentí y sigo sintiendo que necesitábamos datos y respuestas más concretas antes de seguir adelante, para asegurarnos de que estamos abordando los objetivos compartidos de esta Junta para proporcionar servicios y abordar la inequidad dentro de nuestro sistema de justicia penal de manera informada, integral e intencional”.