La falta de agua potable agudiza la situación de los pobres en zonas rurales de California
La contaminación del liquido vital en las principales áreas donde viven los trabajadores agrícolas proviene del uso de agroquímicos
Cristobal Chávez cumplió su sueño de comprarse un modesto rancho en el somnoliento Condado de Tulare, en el corazón del Valle de San Joaquín, y tener allí sus animales, como chivos y gallinas. No es fácil dar con el rancho, las carreteras rurales son angostas y mal señalizadas, el área es polvorienta y está rodeado de árboles y campos de cultivo.
En 2014 el rancho se quedó sin agua. La napa de la cual Chávez extraía agua se secó. No fue el único caso. Centenares y hasta miles de personas quedaron sin agua en el Valle a medida que las napas se fueron secando debido a la intensa sequía del momento y la extracción desmedida.
En los grandes ranchos, la solución fue perforar más profundamente para llegar a napas con agua. Las empresas perforadoras no se daban a basto y los precios pasaron de $10.000 dólares al doble o triple para perforar la tierra y llegar a napas con agua.
Para Chávez, la nueva perforación fue una costosa experiencia.
“Tuve que conseguir dinero porque no lo tenía”, dice Chávez, sentado a la sombra de un árbol en su rancho. “Ya me falta poquito para terminar de pagarla”. Apenas cinco meses después de la instalación de la nueva bomba extractora, esta se rompió y Chávez tuvo que reemplazarla.
“Pero el problema principal es que aquí el agua está contaminada, tiene mucho nitrato”, asegura Chávez, originario de Jalisco, México. “No la usamos para beber ni cocinar”. Actualmente el Condado de Tulare distribuye agua potable gratis a vecinos que no la tienen, como Chávez.
Pero las penurias de Chávez no terminan aquí. La empresa que hizo la perforación e instaló su nueva bomba también le vendió un sistema solar de electricidad con la promesa de que aportaría el 100% de la electricidad del rancho a un costo mensual de $220 dólares. Pero luego resultó que solo aportaría el 60%.
Mientras tanto, un confiado Chávez dejó de pagar a la empresa eléctrica. Cuando le cortaron el servicio por falta de pago se enteró que los paneles solares no producen electricidad por lo que dejó de pagar la mensualidad para forzar a la empresa a una negociación. Mientras tanto, el costo de la electricidad pasó de $700 anuales a más de $2.000 desde que instaló la nueva bomba extractora de agua —que además no garantiza suministro permanente en caso de una nueva sequía o de que la nueva napa se seque debido al uso indiscriminado, un problema generalizado en el Valle de San Joaquín.
Asimismo, Chávez —al igual que muchos de sus vecinos— paga casi $500 al año al Porterville Irrigation District (PID), quien asegura compra agua para inyectarla en las napas subterráneas de donde los vecinos la bombean o extraen en sus casas o ranchos. “¿Pero no entiendo porqué debo pagar esto si mi napa de agua se secó, dónde está el agua que inyectaron?”, pregunta molesto Chávez. Para colmo, este año el pago es de $1.500.
La contaminación del agua en las principales zonas rurales de California proviene del uso de agroquímicos y de las vacas. En el Valle, debido al bajo costo de la tierra en comparación con el área de la costa, se instalaron desde hace años decenas de lecherías. Chávez vive junto a una de ellas.
“Lavan las vacas y el agua va a un lago, de allí usan esa agua para riego del maíz, el olor es insoportable”, dice Chávez.
Los gastos que Chávez tuvo que realizar para lograr agua a una mayor profundidad y los costos crecientes de operación de la bomba extractora lo obligaron a endeudarse y le impidieron invertir en su rancho, además de que el agua que extrae esta contaminada.
Esta situación es común en comunidades rurales de California. “Existe una conexión entre pobreza y agua contaminada en esta región”, dice Susana De Anda, Co-Directora Ejecutiva de Community Water Center, de Visalia, organización dedicada a lograr que estas comunidades rurales tengan agua potable.
“Hay más de un millón de californianos que no tienen agua limpia en sus casas, y la mayoría se concentra en zonas agrícolas”.
Para De Anda, las razones de esta situación son tres: falta de reglamentos para el uso del agua, falta de buenos representantes en los distritos locales de agua y la falta de recursos para mejorar los sistemas de agua.
“Si alguien paga por agua debe recibir agua limpia”, dice esta organizadora. “Sin embargo el agua está contaminada, especialmente con nitrato, arsénico y otros químicos que están asociados con el cáncer”.
Para De Anda, los gobiernos de California no han hecho buen trabajo en mejorar la situación que con el tiempo fue empeorando. Algunas posibles soluciones no son viables, afirma. “Una planta potabilizadora cuesta mucho dinero y hay que ver si las personas beneficiadas pueden asumir el costo”. Y agrega que para que sea costeable se necesita incorporar a varias comunidades o consumidores a un proyecto de esta clase.
Aquellos que como Chávez tienen un “pozo” privado —o sea una bomba de extracción de agua— tienen que pagar estudios del agua para saber si está contaminada. Lo ideal, asegura De Anda, es que estas personas puedan conectarse a un sistema público de agua potable.
Este es el caso de East Porterville, en el condado de Tulare, cuando durante la histórica sequía de 2014-2015 las napas se secaron y unos 7.000 residentes quedaron sin agua corriente. La situación se agravó debido a la extracción desmedida por parte de los agricultores, quienes pueden pagar los costos del bombeo más profundo. El problema se solucionó casi dos años después cuando los residentes de esa comunidad pudieron integrase al sistema de agua de la ciudad vecina de Porterville, de más de 60.000 residentes.
Esta pudiera ser la solución para muchos residentes como Chávez, aunque no será fácil ni barata. Pero al menos el gobierno ya dio un importante primer paso, que De Anda califica como “triunfo histórico”. El pasado mes de julio en gobernador Gavin Newsom firmó la propuesta SB 200 (llamada “Safe and Affordable Drinking Water Program”) que destina $130 millones de dólares anuales durante los próximos 10 años para implementar proyectos destinados a llevar agua corriente limpia a comunidades rurales y áreas pobres del estado —y la experiencia de Porterville podría ser un buen ejemplo.
“La falta de agua limpia obliga a las familias a gastar más dinero comprando agua para cocinar, es un estrés constante para los residentes, y estamos muy felices por la iniciativa del gobernador Newsom, será un gran alivio para miles de residentes”, concluyó De Anda.
Esta historia es parte de una serie de artículos sobre la desigualdad económica en California que se está realizando con el auspicio de la fundación James Irvine.