Trump planea prohibir permisos de trabajo a inmigrantes con casos pendientes

WASHINGTON — La Administración Trump sopesa imponer unilateralmente un nuevo reglamento para prohibir permisos de trabajo a solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos, por encima de las restricciones ya vigentes en el proceso, lo que hoy generó la condena de expertos legales y activistas pro-inmigrantes.

El reglamento, que la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) podría difundir en diciembre próximo según “Law360”, tendría el propósito de combatir el “fraude en las solicitudes de asilo” e impedir la indebida concesión de permisos de trabajo.

Se trata de otra medida unilateral de la Administración Trump para reducir significativamente el ingreso de solicitantes de asilo, en el marco de su agenda para apretar las tuercas a la inmigración en el país, según activistas.

El reglamento prohibiría permisos de trabajo a quienes han solicitado asilo pero que cruzaron la frontera fuera de los puertos de entrada oficiales, según BuzzfeedNews, pero USCIS no quiso confirmar ni negar esa información.

De producirse, el reglamento no sólo violaría el estatuto que rige el proceso de asilo sino que estaría saltándose al Congreso, que es el único que puede reformar el sistema de inmigración.

En la práctica, la nueva restricción significaría que los solicitantes de asilo pasarían hambre al no poder conseguir empleo legalmente.

En la actualidad, la ley permite que los solicitantes de asilo -sin importar por dónde o cómo ingresaron a EEUU- puedan solicitar permisos de trabajo, independientemente de si sus casos son resueltos en un período inicial de 180 días.

Una vez iniciado los trámites de asilo, los inmigrantes pueden solicitar permisos de trabajo dentro de un período de 150 días, y normalmente los reciben en un plazo de seis meses.

Si la persona gana el caso de asilo, automáticamente recibe una tarjeta del Seguro Social para presentar a su empleador.

Consultado hoy por Noticias Telemundo, un funcionario de USCIS, que pidió el anonimato,  explicó que el reglamento en ciernes obedece a un memorándum firmado por el presidente Donald Trump el pasado 29 de abril para “promover una mayor rendición de cuentas en el proceso de solicitud de asilo, y prevenir solicitudes fraudulentas para obtener permisos de trabajo”.

En ese memorándum, Trump pidió propuestas para prohibir permisos de trabajo a los solicitantes de asilo antes de que se aprueben sus casos, y revocarlos de inmediato a quienes sean rechazados o puestos en trámites de deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha completado aún un estudio sobre el impacto del reglamento, y el funcionario de USCIS no pudo precisar cuándo será difundido.

Doris Meissner, directora del programa de política migratoria del Instituto para Política Migratoria (MPI), explicó que la espera entre la aprobación del caso y la concesión de un permiso de trabajo -normalmente de seis meses- era promover la agilidad de los trámites y evitar solicitudes fraudulentas.

“Hasta hace poco, se lograba ese equilibrio. La meta debe ser, una vez más, decidir los casos de asilo de manera justa y exhaustiva en un plazo de seis meses, para que los que necesitan protección la obtengan, y los que no son elegibles no puedan quedarse aquí”, enfatizó Meissner, excomisionada del desparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) bajo la Administración Clinton, entre 1993 y 2000.

Según un análisis de MPI, USCIS ha aprobado apenas 41,820 casos de asilo afirmativo -es decir, de los que no están en proceso de deportación- entre enero de 2017 y marzo pasado, o el 31% de los adjudicados en ese período.

En cambio, los tribunales de Inmigración han aprobado 36,653 casos de asilo entre el año fiscal 2017 y el tercer trimestre de 2019.

Mientras,  datos del proyecto “TRAC”, de la Universidad de Syracuse, muestran que la Administración no ha aprobado ningún caso de asilo de los 25,943 solicitantes que, bajo el programa “Quédate en México”,  aguardan en ese país la resolución de sus casos.

¿Hasta dónde la crueldad?

Expertos y activistas consultados hoy por Noticias Telemundo explicaron que el reglamento no es más que otro esfuerzo por desalentar la llegada de solicitantes de asilo a EEUU, tomando en cuenta que existe un gran retraso en el procesamiento de las solicitudes.

La espera promedio para un permiso de trabajo es de entre 15 meses y dos años, un tiempo demasiado largo para quienes dependen de un trabajo y beneficios como cobertura médica para subsistir.

“La crueldad de esta Administración, del presidente Trump y de (su asesor) Stephen Miller,  arquitecto de un decidido esfuerzo por sumir a gente vulnerable en la miseria y desesperanza

no conoce límites. El privar a los solicitantes de asilo de la oportunidad de ganarse el sustento sería injusto e irrazonable”, dijo Eric Schwartz, presidente del grupo “Refugees International”.

Es otro reglamento, que en aras de purgar las solicitudes sin mérito, hará que todos los solicitantes sufran, incluso los que eventualmente ganen sus casos de asilo, advirtió Schwartz,  secretario de Estado Adjunto para asuntos de Inmigración durante la Administración Obama entre 2009 y 2011.

Según Schwartz, el reglamento pondría en riesgo a quienes buscan protección en EEUU porque, al no tener posibilidad de trabajar o de recibir beneficio público alguno, “pasarán hambre, indigencia o explotación en una fuerza laboral clandestina”.

Además, continuó, también podría obligar a quienes tienen casos legítimos a abandonarlos, restringiendo su derecho al asilo, algo que los tribunales declararon ilegal en la década de 1980.

“¿Hasta dónde llegarán con tanta crueldad? ¿Cómo van a comprar alimentos para ellos y sus familias? Ahora mismo la espera (en los permisos de trabajo) es de 15 meses,  y eso no es abusar del sistema. Son 15 meses de espera cuando lo único que piden es seguridad y protección“, dijo, por su parte, Jojo Annobil, abogado del grupo “Immigrant Justice Corps”, de Nueva York.

“Esto demuestra que este gobierno no respeta a los inmigrantes, y quiere causarles retrasos, y eso contraviene los valores fundamentales de este país. Creo que utilizar los permisos de trabajo como un elemento disuasorio (para reducir los casos de asilo) no es correcto”, observó.

“Parece que no es suficiente que estén siguiendo las reglas, porque la Administración las cambia constantemente. No cruzaron a nado, cruzaron por un puerto de entrada, pero se les está regresando… hay una crisis humanitaria en los países de donde huyen, pero la Administración no se enfoca en eso”, se quejó.

Por su parte, David Leopold, un abogado de Inmigración en Cleveland (Ohio), dijo que el estatuto protege a los solicitantes de asilo que han demostrado “miedo creíble”, sin

importar por dónde cruzaron, y ahora la Administración Trump claramente “quiere que la gente pase hambre”.

“Esta gente ha hecho lo que se les ha pedido, entran por los puertos de entrada oficiales, ¿y ahora se les quiere negar el permiso de trabajo? Ya hay enormes retrasos, y está claro que la Administración busca negarles el asilo”, agregó.

“La Administración gobierna por regulaciones y medidas ejecutivas, y se está saltando al Congreso, que no va a eliminar el sistema de asilo… el silencio de los republicanos es ensordecedor”, se quejó Leopold.

Schwartz y los dos abogados vaticinaron que el reglamento será impugnado en los tribunales en cuanto salga.

Ramillete de demandas

Por cada reglamento nuevo que anuncia o implementa la Administración Trump, surgen demandas para frenarlo en los tribunales, como ha sido el caso con la eliminación del “Acuerdo Flores” de 1997, la ampliación del reglamento sobre “carga pública” para inmigrantes legales, y el desmantelamiento del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y del de “Estatus de Protección Temporal” (TPS).

En julio pasado, la Coalición para la Inmigración de Nueva York (NYIC) y el grupo “Immigrant Justice Corps” (IJC, en inglés) presentaron una demanda en un tribunal federal de la capital estadounidense por los retrasos en el procesamiento de permisos de trabajo para extranjeros con visas temporales.

Un mes antes, la Administración Trump enfrentó otra demanda, también por retrasos en los permisos de trabajo, en nombre de cuatro beneficiarios de visas “H-4”, que son concedidas a cónyuges de trabajadores con altas destrezas bajo el programa de visas “H-1B”.

La Administración Trump tiene pendiente divulgar una regulación para eliminar el programa de visas “H-4” y los permisos de trabajo correspondientes, lo que afectaría a alrededor de 90,000 extranjeros, la mayoría de India.

Mientras el programa siga vigente, sin embargo, los cónyuges tienen derecho a solicitar la visa y el permiso de trabajo, y la demanda argumentó que los retrasos excesivos ponen en riesgo los trabajos, beneficios y carreras de los afectados.