California avanza en su objetivo de garantizar el agua como un derecho humano

Primera de dos partes

En 2012, California se convirtió en el primer estado del país en declarar que “todo ser humano tiene derecho a tener agua segura, limpia, asequible y accesible” cuando la legislatura estatal incluyó esa declaración en su código estatal de aguas.

Ahora, según un nuevo estudio de UCLA, es posible que el estado esté progresando para convertir esa meta en una realidad.

“Desde el principio, el desafío ha sido satisfacer las necesidades de un millón de californianos que no tienen acceso a agua potable limpia, segura y confiable”, dice Jon Christensen, autor del estudio. “El agua que sale del grifo estaba (y en gran parte aun continua estando) contaminada por nitratos que resultan de la polución agrícola, el perclorato producido por la contaminación industrial y otros tóxicos, tales como el arsénico”.

“Los sistemas de agua de pequeñas comunidades rurales que dependen de las aguas subterráneas y que carecen de conexión a una planta de tratamiento de agua están particularmente en peligro”, añade.

Pero luego vino la Proposición 1, en 2014.

Cuando las condiciones de sequía devastaron el estado, los votantes superaron los dos tercios de votos que eran requeridos para aprobar una medida de bonos de agua por valor de $7,100 millones de dólares, que incluyen disposiciones especiales para destinar fondos a las comunidades más afectadas por la escasez de agua.

Pero la medida también fue criticada, diciendo, por ejemplo, que fue fiscalmente irresponsable y favoreció los intereses de los agricultores corporativos sobre las comunidades que más necesitaban ayuda.

Pero en agosto de 2014, cuando la legislatura estatal votó para incluir la Proposición 1 en la boleta del 4 de noviembre, sólo dos miembros de la Asamblea estatal se opusieron a ella, y fue aprobada unánimemente por el Senado estatal.

Un nuevo estudio del Instituto del Medio Ambiente y Sostenibilidad de UCLA sobre la Proposición 1 concluye que el estado “está cumpliendo o excediendo los objetivos explícitos para financiar mejoras en comunidades desfavorecidas”.

Tales comunidades se definen como aquellas en las que el ingreso familiar promedio anual es menor de $49,181, lo cual es el 80% del ingreso familiar promedio de $61,488 a nivel estatal.

El 42% de las familias de California encajan en esta descripción, y un tercio de la población del estado vive en comunidades donde más de la mitad de los hogares se encuentran en esa categoría económica inferior.

“Cuando se da prioridad a la equidad, los fondos se destinan a las comunidades desfavorecidas que más los necesitan”, dice Christensen. Muchas de estas áreas, agregó, están en el Valle Central, particularmente en el Valle de San Joaquín.

A modo de ejemplo, el estudio señala que el 31% de los $2,500 millones de dólares asignados a proyectos hasta la fecha (es decir, $793 millones de dólares) se han destinado a proyectos que sirven a comunidades desfavorecidas.

Según lo que encontró el estudio, en los casos en que el mandato de dar prioridad a las comunidades con mayor escasez de agua no se incluyó en las opciones de gasto del estado, muchas veces no queda claro cuánto se beneficiaron las comunidades y los hogares desfavorecidos. Por ejemplo, de los $395 millones de dólares destinados a la prevención en caso de inundaciones, menos del 1% se destinó a las comunidades necesitadas. Tampoco se han beneficiado de la asignación de $2,700 millones de dólares para proyectos de almacenamiento de agua. Pero esos proyectos sirven a unos 23 millones de californianos, incluyendo muchos hogares desfavorecidos, y 750,000 acres de agricultura.

El informe recomienda una mayor claridad en el futuro sobre quiénes serán los beneficiarios de cualquier proyecto estatal. Y fomenta un mayor énfasis en la “asistencia técnica”: formación, orientación y ayuda práctica en la preparación de planes y solicitudes de subvenciones.

Las ciudades y comunidades más grandes pueden solventar personal específicamente capacitado en planificación ambiental, recopilación de propuestas de subvenciones, etc., y así pueden decidir antes y estar mejor preparadas al momento de tomar decisiones sobre gastos. En el caso de una comunidad menos afluente, para el momento en que pueda hacer que sus necesidades y propuestas sean escuchadas, es posible que ya se haya destinado el dinero para otros gastos, particularmente si ese financiamiento carece de directrices específicas sobre a quién se pretende ayudar.

El Estado debe ser más consciente del hecho de que no todas las comunidades son iguales en su capacidad de acceder a los procedimientos de financiación estatal, según afirma el informe.

A finales de 2018, el Departamento de Recursos Hídricos del estado había aprobado 515 solicitudes de asistencia técnica, incluidas 415 para proyectos de agua potable, pero ya había gastado la mayor parte de sus fondos en esa categoría. Esto demuestra la importancia de la financiación continua para que esos proyectos puedan ser implementados en el futuro.

Las encuestas muestran un fuerte apoyo, en California, a las futuras medidas de bonos para apoyar el suministro y la calidad del agua, junto con la protección contra incendios forestales y la restauración de los recursos naturales. El estudio de UCLA tiene como objetivo informar la planificación futura de tales proyectos.

“La Proposición 1 representa un hito en el financiamiento de proyectos de infraestructura y ambientales en California”, dijo Christensen. “Este compromiso de financiar proyectos en comunidades desfavorecidas que históricamente no han conseguido estas inversiones debe continuar”.

“Junto con el Fondo de Agua Potable Segura y Asequible, aprobado por el estado este verano, representa un gran paso adelante. Pero necesitaremos fondos continuos para asegurar que todos los californianos tengan acceso a agua potable limpia y segura, junto con otros beneficios ambientales que brinda el agua”.

Traducción de Oscar Arteta

2da parte: El agua potable fluye en East Porterville gracias a la participación de la comunidad latina