La falta de castigo a los crímenes quita a los mexicanos casi cuatro años de vida

MÉXICO – Cada vez que asesinan a un mexicano, la expectativa general de vida de la población baja. Entre balaceras, secuestros, extorsiones, robos y otros delitos que a diario concluyen con miles de víctimas mortales ,el promedio actual de vida del país es 3.7 años menos.

Esto quiere decir que si actualmente la expectativa de vida en el país es 77 años, con un mayor justicia se podría aspirar a los 82 años como ocurre en países de menor impunidad en el mundo, según el estudio El impacto de la impunidad en los Derechos Económicos y Sociales de la organización civil Impunidad Cero.

En las peores épocas de violencia en Chihuahua, en 2012, cuando los cadáveres se apilaban hasta sumar más de 30 en un solo día, la esperanza de vida disminuyó hasta los 68 años. Guerrero, se encamina este año a cifras similares, seguido por Oaxaca, Hidalgo y Michoacán con índices de impunidad del 98%, o sea, que en dos de cada dos delitos no hay sentencia.

“La impunidad mata”, dijo Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor del estudio. “Si no hay sanciones, la mala conducta se repite y desemboca en violación de derechos económicos y sociales”.

Esto implica, además de la esperanza de vida a la baja, una perdida de 7,181 millones de dólares del presupuesto público, la disminución de la escolaridad de 4.7 años en promedio porque los niños dejan de ir a la escuela y la desatención en la salud porque se dejan de contratar médicos, comprar medicamentos, vacunas…

En los últimos años, México apostó a un nuevo Sistema de Justicia Penal con miras a disminuir los índices de impunidad e implementar formas alternativas a la prisión en el caso de delitos menores y, aunque a ojos de los observadores de justicia, resultó ser 140% más efectivo, aún hay conductas que deben eliminarse a la par de otras que deben implementarse.

Aunque se ha invertido millones de pesos en la capacitación de los policías investigadores, la mayoría integra mal las carpetas de investigación y el juez, al final, tiene que desechar la carpeta porque está incompleta, sin pruebas o se recurrió a tortura.

“Vemos que el objetivo principal de los ministerios públicos no es la justicia sino generar ganancias para los operadores del sistema desde los niveles más bajos hasta los más altos como fiscales que forman parte de las organizaciones criminales”, observó Vazquez. “Aún se pide dinero para que el caso avance o no avance”.

Otro asunto es la elección del fiscal federal y los procuradores de justicia en los estados: todavía depende del ejecutivo y el legislativo sin la intervención de la sociedad civil para vigilar que quien llegue al puesto no sea el compadre del presidente o gobernador en turno, sino un profesional, o para vigilar su actuación y razones para deponerlo o cuestionarlo. “Es un tema pendiente”