‘Que cierren los centros de detención, ¡ahora!’
Una nueva ley ya no renovará contratos con empresas privadas; la comunidad de San Diego pide acelelar el proceso
Algunos manifestantes llevaron retratos de menores que murieron bajo custodia de ICE. / fotos: Manuel Ocaño. Crédito: La Opinión
Cientos de manifestantes marcharon este domingo por el centro de San Diego para exigir que el condado pida el cierre inmediato del centro de detención de Otay Mesa y de las cárceles privadas.
Aunque el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó hace unos días la ley AB32 que conducirá al cierre de las prisiones de la empresa privada y los centros de detenciones, esto se hará de manera gradual.
“Muchas familias migrantes totalmente inocentes que huyen de la violencia son literalmente torturadas en esos centros, por lo tanto no deben continuar abiertos”, dijo la manifestantes Alicia García.
La nueva norma prohíbe que el Departamento de Prisiones renovar contratos con empresas privadas desde el 1 de enero de 2020. Tampoco se podrá colocar a los reos en cárceles con fines de lucro desde 2028.
Los manifestantes marcharon tras un grupo que cargaba retablos con los retratos a pincel de los menores de edad que han muerto bajo custodia de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al intentar cruzar el Río Grande.
El contingente marchó por la zona turística del embarcadero hasta el edificio que alberga al gobierno del condado de San Diego, donde llevó a cabo una manifestación.
Los asistentes se refirieron a los centros de detenciones como “campos de concentración” de la administración del presidente Donald Trump.
Melissa Solano, una de las oradoras en la protesta, declaró que las corporaciones que hacen negocios con la detención de migrantes “piensan que nada puede parar su maltrato a los migrantes”.
Reveló que la corporación CoreCivic, propietaria del centro de detenciones de Otay Mesa, cerca de la frontera con Tijuana, tuvo el año pasado ganancias por 1,700 millones de dólares.
Entre tanto, agregó, CoreCivic paga a algunos migrantes detenidos un dólar por día de trabajo generalmente de 16 horas, en labores como cocinar o limpiar baños.
Los organizadores de la marcha proporcionaron copias de documentos en que piden “a la ciudad, al condado y al estado, implementar un plan para detener cuanto antes los contratos con la corporación CoreCivic y la colaboración de autoridades” locales con el ICE.
También exigieron que “un grupo independiente investigue esa colaboración” que en California debió detenerse con la entrada en vigor de la ley AB56, que prohíbe la cooperación de departamentos de policía y del alguacil con autoridades federales de migración.
Asimismo, dijeron solidarizarse con organizaciones de los demás estados de la frontera para que también aprueben leyes estatales que prohíban los centros de detención de familias migrantes.
Desde antes de iniciar la marcha y durante paradas estratégicas, los manifestantes leyeron cartas y mensajes telefónicos que les enviaron algunos inmigrantes detenidos en Otay Mesa.
Cada uno de esos mensajes agradeció a los manifestantes y aprovechó para describir brevemente las razones por las que huyeron de sus lugares de origen para llegar a la frontera a pedir asilo a Estados Unidos.
