Thomas Sáenz:´Explotan el miedo por ganancias políticas´

Thomas Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), dijo a La Opinión que California ha cambiado en gran parte a la reacción del pueblo contra el exgobernador republicano Pete Wilson y la Proposición 187.

No obstante, reconoció que ahora -a nivel nacional-, se enfrentan retos importantes con una administración “antilatina” del presidente Donald Trump, pero que, al mismo tiempo, ha incidido en la elección de más representantes latinos en las esferas gubernamentales y en el registro de más votantes.

En efecto, según el Pew Hispanic Center, se proyecta que 32 millones de hispanos sean elegibles para votar en noviembre de 2020. Serán aproximadamente el 13.3% del padrón electoral, lo que los convertiría en la minoría racial o étnica más grande del electorado por primera vez en la historia de Estados Unidos.

“En un cuarto de siglo, California ha cambiado la capacidad que se tuvo para detener en las cortes la Proposición 187”, dijo Sáenz. “Fue esencial haberla detenido porque afectaría a mucha gente, pero provocó al mismo tiempo un cambio profundo a nivel político”.

Sáenz, un destacado abogado de derechos civiles en Estados Unidos, dijo a La Opinión que no solamente en California se han registrado intensos ataques contra la comunidad inmigrante, en particular los latinos, sino también en Arizona y Texas.

“Los ejemplos más recientes son de políticos que explotan el miedo demográfico por ganancias políticas”, agregó el abogado. “Pete Wilson lo hizo en su afán de reelección.

En Arizona, la ley SB1070 o “Ley del Odio” de 2010 del senador Russell Pearce, avalada por el Sheriff Joe Arpaio y promulgada por la exgobernadora republicana Jan Brewer fue casi desmantelada por los tribunales. Limitó, pero no elimino la forma en que la policía puede aplicarla y que los agentes de la ley pregunten sobre el estado legal de las personas durante las paradas de rutina.

En Texas, el gobernador republicano firmó en mayo de 2017 la ley SB4 que acabó con las “ciudades santuario” y permitió que funcionarios locales cuestionen sobre el estatus migratorio de personas que son detenidas. También castiga a los gobiernos municipales, alguaciles, jefes de policía y líderes comunitarios que no cooperen con la “migra”. Ellos podrían ser acusados de un delito menor, ir a la cárcel y hasta enfrentar multas de entre 1,000 y 25,000 dólares.

En marzo de 2018, el Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans dictaminó nuevamente que la mayor parte de la ley, a excepción de una parte que castiga a los funcionarios que “respaldan” las políticas de la ciudad santuario, podría entrar en vigor mientras el caso estuviera pendiente.

La demanda de MALDEF

En 1993, cuando Sáenz se unió a MALDEF como abogado, uno de sus primeros casos fue demandar al estado de California por la Propuesta 187, que se aprobó en 1994 para evitar que los inmigrantes indocumentados accedieran a servicios públicos.

La iniciativa prohibía la educación, la mayoría de los servicios de salud y otros servicios financiados por el estado a los indocumentados. También requería que todos los proveedores de servicios reportaran a los presuntos a la oficina del Fiscal General de California de ese tiempo, Dan Lungren, y a las autoridades federales de inmigración.

MALDEF, la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) y otras organizaciones defensoras de los inmigrantes demandaron a California y bloquearon la implementación de la propuesta, con excepción de la falsificación de documentos estatales, que se consideraría como un delito grave.

Además, en julio de 1995, la jueza Mariana R. Pfaelzer de la corte de apelaciones confirmó la decisión inicial de bloquear la entrada en vigor de la Proposición 187.

“La proposición tenía numerosos problemas constitucionales”, recordó Sáenz. “Yo dudaba que alguna vez fuera a implementarse”.

California pretendía aplicar leyes de inmigración que solamente son de competencia federal. Nunca se implementó por completo.

Para 1999, el nuevo gobernador demócrata de California, Gray Davis quiso poner fin a la batalla legal sobre la medida y buscó un compromiso entre partidarios y opositores.

Pero Sáenz y numerosos abogados solicitaron al estado que abandonara cualquier intento de defender la controvertida ley.

Davis y el estado retiraron la apelación y bloqueando permanentemente la Proposición 187.

“Mi reacción personal a la orden de restricción [permanente] fue un sentimiento de alivio por el perjuicio que podría haber causado a los niños y todos los migrantes si era implementada”, dijo Sáenz. “El daño seria en las escuelas, en la obtención de los servicios más básicos que necesitaban; lo mismo que ahora vemos con la carga publica y más allá de eso”.

A pesar de haber derrotado a la Proposición 187, el abogado reconoció que nadie predijo que a nivel nacional ocurriría la intensa ofensiva contra la comunidad latina e inmigrante como acontece con la administración del presidente Donald Trump.

“En muchos sentidos era poco probable que sucediera; nadie esperaba siquiera que [Donald Trump] fuera elegido”, indicó. “Con el liderazgo en el Congreso puede ser que el partido republicano no sobreviva [en la elección presidencial de 2020]; puede ser que las consecuencias sean las mismas en Arizona y otros estados ‘latinos” como Colorado o Nevada donde los republicanos están en problemas con la comunidad latina, y, a menos que cambien rápido de ideas sobre las políticas crueles de Donald Trump, le será muy difícil ser reelegido”.