Confiscan documentos de supuesta representante legal en Inland Empire

La Barra de Abogados de California se apoderó el lunes 28 de octubre, de todos los archivos de casos legales representados por una mujer de Fontana que supuestamente estafó a cientos de inmigrantes haciéndoles creer que podría ayudarlos en sus casos migratorios.

Según la Barra de Abogados, Samaris Estrada, quien hacia negocio con la empresa Immigrants Legal Options, lo que en español se traduce como Opciones Legales para Inmigrantes, practicó leyes sin la debida autorización estatal, estafando aparentemente a cientos de personas.

“Estrada les hizo creer a sus clientes que estaba calificada para prestar servicios legales en asuntos de inmigración, un engaño con consecuencias nefastas para varios de sus clientes”, anuncio la Barra de Abogados de California.

Hace dos semanas, la Corte Superior de San Bernardino le otorgó a la Barra de Abogados la jurisdicción de la oficina de Estrada, ubicada en el 8456 de la avenida Sierra, en la ciudad de Fontana, cerca del bulevar Arrow.

Según Teresa Ruano, portavoz de la agencia gubernamental, ellos supieron de Estrada a través de una queja presentada en su contra por uno de sus clientes. Datos de la Corte Superior de San Bernardino, implican a Estrada y su negocio en al menos tres demandas civiles.

Desde el 2013, según información de la Barra de Abogados, ya se le había notificado a Estrada para que dejara de proveer servicios legales.

En 2016 y 2017, los investigadores de la Barra de Abogados encontraron que Estrada continuaba representando a personas en casos migratorios, uno relacionado con la Visa U.

Nuevamente, Estrada fue advertida.

Sin embargo, el 21 de octubre de 2018, la Barra de Abogados recibió una queja formal de parte de Melvin Omar Contreras acusando a Estrada de ejercer leyes migratorias sin la debida autorización, como lo indican datos de la corte donde aparece que Contreras contrató a Estrada para representación legal de un caso de su esposa Ana Mercedes Corado.

En agosto 17 de 2018, Contreras declaró bajo juramento que Estrada le dio un estimado de representación legal de 5,000 dólares, y él le entregó la mitad como enganche y un saldo a pagar de 300 dólares mensuales.

Él confiaba en que Estrada acudiría a todas las citas y audiencias de su esposa, quien se encontraba detenida en Arizona.

Una vez en libertad, Corado y Contreras se reunieron con Estrada a finales de agosto de 2018 para planear la defensa en el caso.  Fue entonces cuando Estrada les cobró 7,000 dólares adicionales para citatorios de corte, pero se estableció que la cantidad no cubriría acudir a audiencias legales.

Contreras exigió entonces el reembolso total de su dinero, alegando que de haber sabido que Estrada no era abogada, jamás la hubiera contratado. Hasta el 28 de octubre, Estrada no había devuelto el dinero, aseguran datos de la corte.

A principios de mes, la Barra de Abogados  confiscó más de 100 cajas de archivos bajo una orden provisional otorgada por la corte a raíz del caso Contreras, de las cuales se calcula que 80 cajas contienen archivos activos.

Estrada negó practicar leyes migratorias; sin embargo, las pruebas fueron contundentes, afirmaron miembros de la agencia gubernamental.

Según Ruano, Estrada podría enfrentar casos civiles interpuestos por sus clientes y podría encarar cargos penales, pero esa es decisión de la fiscalía del condado, aseguró Ruano. El caso será entregado a la fiscalía.

“También es importante tener en cuenta que mientras que la Barra de Abogados del Estado solicitó al tribunal congelar las cuentas bancarias de Estrada, esa parte de la petición no fue otorgada”, dijo Ruano.

Según la Barra de Abogados, los consultores de inmigración pueden traducir las respuestas a las preguntas en formularios estatales o federales, obtener copias de los documentos de respaldo y remitir a sus clientes a representación legal, pero no pueden proporcionar asesoramiento legal o representar a un cliente en el tribunal.

“Si lo hacen, están violando la ley y pueden ser procesados por la práctica no autorizada de la ley”, dijo la agencia gubernamental.

El negocio Immigrants Legal Options ofrece en internet asistencia migratoria, renovación del alivio migratorio DACA, renovaciones de residencies permanentes, o ayuda en trámites de naturalización.

Una llamada de La Opinión buscando la réplica de Estrada resultó en vano.

Por su parte, la Barra de Abogados ha establecido un número de teléfono con asistencia bilingüe dedicado para los clientes de Estrada.

Recomendaciones

La Barra recomendó a la comunidad tener cuidado con personas que ofrecen asistencia legal en casos migratorios y pidió  tener siempre  en cuenta las siguientes recomendaciones:

solicitar el nombre completo del abogado, así como el número de identificación de la Barra de Abogados; indagar el historial del abogado y cerciorarse que no tenga castigos disciplinarios; obtenga un contrato por escrito y en su idioma; y si le exigen pagar en efectivo recibir siempre un recibo.

“Si debe pagar en efectivo, asegúrese de tener un recibo por escrito. No contrate a nadie que amenace con informar su estado migratorio si no le paga de inmediato. Mantenga comprobantes de papel. Si no tiene una cuenta bancaria, use un cheque de caja e insista en un recibo por escrito”, recomendó la
Barra. “Si ya ha realizado un pago, tiene derecho a solicitar una contabilidad de sus facturas”.

Aquellos que deseen reclamar sus archivos o documentos pueden hacerlo llamando al (213) 765-1673.