Supervisores del condado de L.A. considera demandar contra alza de tarifas de migración

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó una moción para enviar una carta a Chad Wolf, secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que manifiestan su rechazo a la propuesta para aumentar los cobros a los solicitudes de migración. Pero además advierten que consideran entablar una demanda para evitar que el pretendido aumento entre en vigor.

“Esta administración ha lanzado de nuevo otro ataque contra los inmigrantes trabajadores al proponer un aumento al cobro de las solicitudes de ciudadanía en un 83% para excluir a los inmigrantes de clase trabajadora y de bajos ingresos de la ciudadanía de los Estados Unidos”, dijo la supervisora Hilda Solís.

Bajo la propuesta de la administración federal, el costo de las solicitudes de ciudadanía aumentarían de 640 dólares a 1,170 dólares.

Se propone además cobrar 50 dólares por un cobro para procesar su solicitud, a los solicitantes de asilo. Más otros 490 dólares por un permiso de trabajo.

“Los EE UU está en camino de convertirse en una de las cuatro naciones del mundo en cobrar a los solicitantes de asilo un pago por buscar protecciones humanitarias”, señaló la supervisora Solís.

“Esto es contrario a la antigua promesa de este país de ayudar y proteger a los niños vulnerables y a las familias que huyen de la persecución y amenazas de muerte en sus países nativos”, sostuvo.

“Es una propuesta inhumana e insensible para una nación que se ha beneficiado y ha sido fundada por el trabajo duro de los inmigrantes“, anotó

De acuerdo a los supervisores, el calendario de cobros propuestos es un reflejo de la hostilidad directa y desprecio a todas las formas de migración.

Mientras que la Corte Suprema de la Nación revisa el esfuerzo de la administración por poner fin al programa DACA, el gobierno federal ha propuesto incrementar además el costo de DACA de 495 dólares a 765 dólares para cientos de miles de dreamers.

Para agravar la situación, más de 22 millones de dólares de los ingresos recolectados de los aumentos de estos cobros serán transferidos al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para que fortalezcan sus esfuerzos en el arresto, investigación, detención y deportación de inmigrantes.

“Esta medida reprobable que no es otra cosa más que un movimiento calculado para cambiar la carga de la ejecución policiaca de la inmigración sobre los hombros de nuestras comunidades inmigrantes. Es inmoral y aberrante”, indicó la supervisora.

“Estoy de pie en solidaridad con los 3.5 millones de inmigrantes que llaman hogar al condado de Los Ángeles“, remarcó.

Con la aprobación de la moción de la Junta de Supervisores, el condado de Los Ángeles mandará una carta con cinco firmas dejando en claro su oposición a la ley propuesta a la delegación del condado en el Congreso. También van a presentar un comentario público amplio en desacuerdo y monitorear el desarrollo de la propuesta.

Desde que asumió el cargo como supervisora, Solís ha presentado 48 mociones para proteger, defender y pelear por los derechos de los inmigrantes desde la elección presidencial 2016.

Sus esfuerzos han incluido una moción para contribuir con 3 millones de dólares al Fondo de Justicia de Los Ángeles, y para la creación de la primera Oficina de Asuntos para los Inmigrantes del Condado.

Reacciones

Francisco Moreno, vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), dijo que se sienten animados de que la Junta de Supervisores haya tomado un paso más para proteger los intereses de los inmigrantes.

“Es injusto este aumento de las tarifas de servicio de migración. Las quieren subir muchísimo. Nuestra gente no puede pagar ese tipo de incrementos. Esperamos que la Junta de Supervisores lleve hasta sus últimas consecuencias la decisión tomada hoy para que por lo menos la administración federal no suba tanto los precios a sus servicios, no en la proporción que quieren”, afirmó.

COFEM es una de las organizaciones en el condado que ayuda en el llenado de solicitudes de ciudadanía a los inmigrantes que ya son residentes legales y que califican para naturalizarse.

“Hay tres cosas que hacen que la gente posponga ese paso, el precio de la solicitud, el inglés y la desidia; pero sin duda, el dinero es el número uno, y si les aumentan más, van a ser más difícil que puedan tener acceso a la ciudadanía estadounidense“, remarcó.

El incremento propuesto a las tarifas de migración, se tiene planeado que entre en vigor el 2 de diciembre.

Se da a pocas semanas de que también en ese mismo día, comience una nueva política para solo exentar del pago de la ciudadanía a quienes prueben con sus declaraciones de impuestos que son de bajos ingresos. Anteriormente solo bastaba con demostrar que las personas recibían beneficios públicos para calificar para el perdón del pago por la solicitud de ciudadanía.