Demandan a Policía de San Diego por muerte de joven mexicano
La familia sostiene que emplearon fuerza excesiva e innecesaria: "Marco no era una amenaza para nadie"
Marco Antonio Napoles Rosales, de 29 años, muerto en agosto de 2018. Crédito: Captura de pantalla/Fox5
SAN DIEGO (EEUU), 10 dic (EFE).- La familia de Marco Antonio Nápoles-Rosales, muerto en 2018 tras ser detenido por agentes del Departamento del Alguacil de San Diego (EEUU), dio a conocer este martes que han entablado una demanda civil contra la Policía y las autoridades locales.
En rueda de prensa ofrecida en la sede del Consulado de México en San Diego, la madre del mexicano, Dolores Rosales, anunció la demanda por la muerte del joven de 29 años ocurrida, alegó, como resultado de un uso excesivo de la fuerza de parte de los oficiales.
El abogado de la familia, Jesús Eduardo Arias dijo que los hechos ocurridos ese 16 de agosto de 2018 constituyeron “una tortura” y derivaron en la “muerte injusta” del hombre, y de ahí la demanda que ha sido entablada en tribunales federales y por la que buscan una indemnización que no fue especificada.
“Marco no era una amenaza para nadie, no tenía antecedentes criminales. Es difícil entender que lo que empezó con una conversación normal terminó con su vida”, dijo.
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Según el parte policial, el día de los hechos un agente de la oficina del alguacil de San Diego respondió a una llamada hecha por la empleada de una gasolinera en Fallbrook (California) que alertó sobre un hombre que se negaba a salir de la tienda de la estación.
El abogado explicó que ese día Nápoles Rosales, nacido en Sonora (México) y quien vivía desde hace 12 años en California, tuvo un “mal día”, su carro se averió en la autopista, no tenía dinero y debió caminar varios kilómetros hasta llegar a la gasolinera para usar un teléfono, pues no contaba con un celular a la mano.
De acuerdo a la Policía, a petición del fallecido el oficial que acudió al lugar hizo dos llamadas telefónicas a familiares del hombre, y luego le pidió en varias ocasiones que abandone la gasolinera por ser propiedad privada.
Ambos se enfrascaron en un forcejeo luego de que Nápoles-Rosales se negase a entregar su mochila para ser revisada y luego cayeron al suelo, donde el mexicano continuó resistiéndose a ser arrestado.
En el transcurso de los sucesivos minutos llegaron hasta ocho agentes para participar en la detención del mexicano, quien llegó a morder el dedo a uno de los agentes.
Los agentes debieron utilizar una pistola paralizante y una camisa de fuerza para reducir a Nápoles-Rosales, quien perdió el conocimiento.
Today we held a press conference about the case of Marco Antonio Nápoles Rosales, a Mexican national who died on 08/17/18 as he was detained by @SDSheriff department officers. We're concerned about the excessive use of force against him. For more info: https://t.co/G4Om3eTlfk pic.twitter.com/qWqOxb1Bs7
— Carlos González Gtez (@carlos_glezgtez) December 10, 2019
El hombre fue atendido por personal sanitario que llegó al lugar. Nápoles Rosales cayó luego en un paro cardíaco una vez dentro de la ambulancia y no pudo ser reanimado.
La Oficina del Médico Forense de San Diego informó que la causa de muerte del mexicano fue paro cardiorrespiratorio asociado con intoxicación por metanfetaminas, así como agotamiento físico.
En agosto de este año una investigación de la Fiscalía del Condado de San Diego determinó que ninguno de los agentes involucrados en el arresto actuó de manera inadecuada y no presentó cargos penales.
“Para mí y para mi familia ha cambiado nuestras vidas. Esto para mí no ha sido fácil pero sigo en la lucha”, comentó hoy Dolores Rosales, quien vive en Tijuana (México).
Marco Antonio Nápoles Rosales, que trabajaba como barbero, era un indocumentado y tras su deceso su cuerpo fue repatriado a México.
En uno de los vídeos difundidos, un agente que ya tenía sometida a la víctima le pregunta: “¿De qué país eres ciudadano?”.
“No sabemos cuáles eran las intenciones o razones, porqué era relevante en estas circunstancias y en ese momento preguntar eso”, dijo el abogado en rueda de prensa a una pregunta de Efe.
Por su parte, el cónsul mexicano, Carlos González, dijo respetar la investigación de la Fiscalía, pero recordó que la institución que representa tiene la obligación de brindar asistencia consular a la madre de la víctima. EFE
