De más de 50 mil casos de asilo, solo 11 han sido aprobados en la frontera

Este miércoles cumple un año el programa que ha enviado por lo menos 57 mil migrantes a la frontera mexicana a esperar procesos de asilo, y que solo ha otorgado refugio a once personas, quienes sin embargo enfrentan apelaciones.

El programa, llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), “consiste en una serie de obstáculos e impedimentos, tanto legales como logísticos, que hacen muy difícil conseguir asilo”, dijo a La Opinión la abogada Margaret Cargioli, del Centro Legal para la Defensa de los Migrantes.

“Es una forma de hacer la vida deliberadamente muy difícil para los migrantes y sus familias, tan difícil que les obligaría a desistir de pedir asilo”, dijo por su parte Pedro Ríos, el director en San Diego del Comité de Servicio Amigo Americanos.

“Trata de dejar que los migrantes enfrenten por sí solos, sin ayuda de abogados, a un sistema legal de inmigración que no todos los jueces entienden”, explicó la abogada Nicole Ramos, de la organización legal Al Otro Lado en Tijuana.

De acuerdo con la Universidad de Syracuse, en lo que va del año solamente unos diez mil migrantes han pasado a audiencias en cortes de migración, es decir que más del 80 por ciento, o por lo menos 47 mil todavía no pasan a presentar su caso a la corte.

De los diez mil que sí han pasado a las cortes, el 50 por ciento fueron casos que las cortes negaron asilo, y el 44.7 por ciento fueron casos desestimados, o que carecieron de suficientes evidencias, de acuerdo con la Universidad de Syracuse. Es decir que en lo que va del año, siguen 530 personas con audiencias pendientes a quienes aún les pueden negar asilo.

La abogada Margaret Cargioli platicó que en una audiencia para un grupo de migrantes centroamericanos escuchó decir a un juez de migración que “de cualquier forma a estos migrantes no se les va a dar asilo”.

“Yo no sé si el juez –no voy a decir su nombre—se daría cuenta de lo que dijo, pero sus palabras reflejan exactamente lo que ha pasado con MPP a lo largo del año”, comentó la abogada.

Explicó cómo después de separar a las familias en la frontera hasta que lo prohibió un juez de San Diego, la administración del presidente Donald Trump pasó a restringir que solo podían solicitar asilo los migrantes que, en ruta a la frontera, hubieran pedido asilo en países intermedios y se los hubieran negado.

Cuando también esa limitación fue suspendida en cortes, la administración Trump inició un proceso de hacer que los mismos países centroamericanos ofrezcan asilo entre sí a sus ciudadanos.

Esto además de que México, como sucedió este mes, ahora impide casi completamente el paso de los migrantes centroamericanos, al detener una caravana en la frontera con Guatemala.

Sin embargo, los migrantes que sí llegaron a la frontera estadunidense y están en MPP, no solo tienen que enfrentar el sistema legal en su contra, sino también hacerlo logísticamente desde México, lo que dificulta el proceso.

“La mayoría de las veces las familias necesitan evidencias que no traen porque salen huyendo”, explica la abogada Nicole Ramos de Al Otro Lado. “Hay que ayudarles a conseguir esas pruebas desde los lugares de los que vienen”.

Ramos platica que se vuelve un proceso cuesta arriba cumplir con cada detalle que exigen las cortes de migración, como documentos certificados, en ocasiones apostillados, con traducciones certificadas al inglés, con voluminosos documentos fotocopiados.

“Se puede volver extremadamente difícil porque son familias que no tienen un domicilio fijo al que reciban documentos, si acaso sus familiares o amigos los consiguen; tampoco hay un sistema de apartados postales, casi no hay servicios de traducción certificados, casi no hay copiadoras o centros de copiado”, platica Ramos.

Y cuando finalmente Al Otro Lado consigue todos los documentos, muchas veces los migrantes tienen que pasar a audiencias solos, sin abogados, a cortes donde sólo les hablan en inglés de leyes de migración, agrega la abogada.

En el mejor de los casos, las cortes solicitarán otras pruebas o alguna forma de confirmar las que ya se entregaron, y entonces el proceso inicia desde el principio otra vez.

Por si fuera poco, recientemente surgió un nuevo obstáculo, porque los agentes de CBP entregan citatorios para audiencias en horarios en que es imposible que las cortes trabajen, como en domingo o a las 3 de la mañana.

Los migrantes no pueden confirmar con las cortes desde México, pues solo tienen permisos para pasar en las fechas y horas en que lleguen a audiencias, y pierden sus casos en ocasiones.

Pero todo esto ocurre mientras los migrantes son muchas veces víctimas de agresiones y abusos en México.

La organización Human Rights First presentó en diciembre un reporte de 636 delitos cometidos contra migrantes de MPP que esperan en México, tales como violación sexual, secuestro y tortura.

Recientemente un juez de San Diego ordenó que los migrantes que temen por su seguridad si son enviados a México tengan abogados que expliquen sus temores, pero el proceso apenas inicia, y es de esperarse también una apelación por parte del gobierno.

La abogada Cargioli opina que tantos obstáculos solo pueden obedecer a que el gobierno de Estados Unidos trata de impedir que lleguen al país personas de países como los centroamericanos; Pedro Ríos coincide en que es el factor o elemento “de racismo en MPP”.

De acuerdo con Cargioli, la esperanza para MPP está puesta en una investigación al programa que inició el 14 de enero el Comité Judicial del congreso, junto con miembros del subcomité de Migración.

El comité exigió que el Departamento de Seguridad (HSD) le entregue toda la información relacionada con MPP antes del 31 de enero. Cuestionó entre otros puntos, que mientras el Departamento de Estado mantiene 31 alertas de viaje para México, el HSD envíe a los migrantes a cinco de los lugares que el gobierno considera entre los más peligrosos.