Abogados voluntarios sacan la cara por los refugiados en la frontera
Estaban nerviosos, era su última audiencia y no tenían muchas esperanzas, pero de pronto, un grupo de hombres y mujeres bien vestidos se apareció y todo cambio.
Muy pocos refugiados cuentan con representación legal en la frontera Tijuana-California. Crédito: Manuel Ocaño | Impremedia
Preocupados, un hombre nicaragüense y su hijo adolescente esperaban en un pequeño tribunal federal de inmigración a que en cualquier momento entrara el juez para iniciar su última audiencia de petición de asilo, la determinante.
Los nicaragüenses eran las únicas personas en la corte, pero de pronto entró un grupo de cuatro abogados que dijeron a los migrantes que querían hablar con ellos.
“Mire, nosotros somos abogados de migración, y, si ustedes quieren, podemos informarles de lo que puede pasar con su caso”, dijo Luis González.
“Nosotros no tenemos dinero”, dijo el padre nicaragüense.
“Pero nosotros no les vamos a cobrar, solo les queremos informar. Lo que podemos hacer, pero solo si ustedes quieren es que podemos estar en la audiencia y cuando el juez les diga su decisión, nosotros les podemos explicar de qué se trata; solo si ustedes quieren”, dijo al abogado.
Al padre nicaragüense tenía dudas, “es que desde el principio dijimos que nosotros nos íbamos a representar”, mientras que el hijo permanecía callado.
Unos minutos después con más confianza, el padre explicó que carecía de evidencias, de pruebas para su caso. Una abogada pidió que mostraran lo que tenían.
“Esas son evidencias, esas son pruebas que valen”, dijo Luis González. El padre migrante sintió tal sorpresa que no supo cómo reaccionar, “Usted no debe decirle al juez que no tiene evidencias porque sí las tiene, y lo más importante va a ser su testimonio”.
Los abogados le recomendaron al padre que tratara de tranquilizarse y respirar: que si se sentía preocupado, se lo explicara al juez y le pidiera unos minutos para tranquilizarse.
Tan solo con saber que contaba con evidencias válidas en la corte para su caso, daba un giro total para los migrantes.
El equipo de voluntarios todavía siguió. “Si le dicen que le dan el asilo, puede decirles que usted ya habló con los abogados del refugio (para migrantes en San Diego) y ellos nos llaman a nosotros”.
“Si le dicen que debe esperar en México, también nos puede llamar a este número; y si le dicen que va al centro de detención familiar, nosotros no podemos seguirlo, pero podemos hablar con los abogados que sí van ahí”, dijo González.
El abogado explicó con mayor énfasis que si la decisión del juez no le favorecía, “usted tiene derecho a decir que quiere una apelación, eso ya no sería en esta corte, pero su caso no se va a acabar si le niegan el asilo y usted dice que quiere apelación”.
La pareja de nicaragüenses fue la primera de una serie de migrantes a quienes el equipo de abogados voluntarios ofreció consejos, recomendaciones, e informó sobre sus derechos en la corte.
La Corte de Migración de San Diego atiende las solicitudes de unos 14 mil migrantes del programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), a quienes el gobierno de Estados Unidos ha enviado a Tijuana y Mexicali, Baja California, a esperar resultados de peticiones de asilo.
En Tijuana hay organizaciones de asistencia legal a migrantes, pero a menudo son rebasadas por el número de solicitantes y la carga de trabajo para apoyarlos, por lo que muchos refugiados y solicitantes de asilo carecen de toda representación legal.
De acuerdo con datos de la Universidad de Syracuse, solo el 1.2 por ciento de cerca de 60 mil migrantes en MPP tiene representación de abogados.
Una abogada de la organización legal Al Otro Lado calculó que la oficina en Tijuana recibe hasta 50 casos nuevos cada día.
Luis González es el coordinador de abogados de Servicios Familiares Judíos, que asesora a los migrantes en el refugio en San Diego; además, coordina al voluntariado de la Red de Respuesta Rápida, una coalición de docenas de organizaciones en apoyo integral a los migrantes al lado californiano de la frontera.
Pero como en Tijuana la comunidad migrante está geográficamente muy dispersa; además, es difícil llegar a los refugios para los abogados no familiarizados con la ciudad, el grupo de voluntarios decidió comenzar este martes el programa alternativo de ir a la corte a informar a los migrantes sobre sus derechos, sea cual sea la decisión del tribunal.
El primer grupo de abogados voluntarios incluyó este martes a tres abogadas de la Asesoría Nacional Técnica Legal Pro Bono (HIAS), quienes viajaron desde Maryland, a dos abogados de la organización de Abogados Públicos (Public Counsel) de Los Ángeles, y tres más de Servicios Familiares Judíos.
Rachel Zoghlin, la coordinadora de HIAS, comentó que un caso como el de los migrantes nicaragüenses con quienes platicaron este martes “habría sido muy importante y habrían obtenido el asilo si se llevara en Boston o en Maryland, pero en la frontera los casos son más difíciles de llevar”.
Para aumentar la ayuda, HIAS abrió un centro de apoyo legal en Ciudad Juárez y dentro de unos meses abrirá otro en Tijuana, donde la organización ya encontró un local y empezó a buscar personal legal mexicano para apoyar también a migrantes que desistan de buscar asilo en Estados Unidos y prefieran solicitarlo en México, informó Zoghlin.
Por su parte Public Counsel ya abrió una oficina en Los Ángeles y algunos de sus abogados cruzan la frontera a Tijuana en busca de migrantes.
Los tres grupos van a continuar el plan de informar a los migrantes en la corte independientemente de que tengan oficinas.
MPP es un programa muy difícil, porque no tiene procedimientos ni reglas escritas, así que para asesorar e informar a los migrantes sobre sus derechos, lo tenemos que hacer de esta manera, como respuesta inmediata a lo que ocurra en la corte, comentó Luis González.
