Eliminan cobros que imposibilitan a exreos reintegrarse a la sociedad

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una medida para eliminar los onerosos cobros y multas con los que la gente que sale de las cárceles y prisiones al cumplir sus sentencias, tienen que lidiar al tratar de reintegrarse a la sociedad.

“La recolección de estas multas y cobros conducen a más deuda y empujan a las familias de bajos ingresos y comunidades de color hacia una mayor pobreza; y eso es injusto”, dijo la supervisora Solís, autora de la moción.

La medida elimina los cobros administrativos sobre los que el condado tienen el poder para desechar.

“Al ponerles fin, estos individuos y sus familias tienen una mayor probabilidad de estabilizar sus vidas y contribuir positivamente a sus comunidades en vez de enfrentar un futuro lleno de pobreza, desesperación, desamparo, reincidencia y encarcelamiento”, afirmó Solís.

De acuerdo a la moción, los cobros administrativos no solo son dañinos sino difíciles de colectar y no arrojan un beneficio económico significativo para el condado.

Un reporte de diciembre de 2019, de la oficina del director ejecutivo del Condado de Los Ángeles, reveló que la ganancia es muy poca o nada.

Desde 2014, las cortes tienen un estimado anual de 121 millones de dólares en contra de los expresidiarios, pero solo colectan un promedio de 11.4 millones de dólares, el 9% del total de la cantidad.

De esa suma, el condado únicamente recibe alrededor de 4.5 millones de dólares, el 4% del total.

El balance de los últimos 50 años en multas, cobros e indemnizaciones sin pagar es por 1,800 millones de dólares, lo que demuestra que los exreclusos no cumplen con pagar sus deudas.

“Cuando la gente es liberada de la cárcel, a menudo está agobiada con cobros y multas del condado asociados con su caso”, dijo la supervisora Sheila Kuehl, coautora de la moción.

“Estos cobros, que típicamente van desde varios cientos a miles de dólares no fortalecen la seguridad pública o contribuyen de forma relevante a los cofres públicos; y sí, de manera activa, dañan a hombres y mujeres que salen de las cárceles en su lucha por salir adelante”, comentó.

Estudios del Centro de Justicia Brennan, la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro Baker de Derechos Humanos, encontró que la acumulación de multas, atrapan a los exreos en un ciclo de pobreza; y no cumplir con el pago puede resultar en el regreso a la cárcel o que se retrase el que sean liberados de la supervisión de la libertad condicional, lo que les crea barreras adicionales para su reinserción en la sociedad.

Ya de por sí enfrentan muchos obstáculos para conseguir vivienda, empleo, licencia de manejo, mantener y mejorar su crédito, reunificarse con sus familias y cumplir con el pago de la pensión alimenticia para sus hijos, indica el reporte.

Kent Mendoza, gerente de políticas de la Coalición Anti-Reincidencia que formó parte de la coalición “Let get free LA” (Hágamos libre a Los Ángeles) la cual encabezó una campaña para acabar con estos cobros, dijo que recolectar dinero de esta forma afecta desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos y las minorías.

“Les hace muy difícil que puedan integrarse a la sociedad y empezar de nuevo, porque ya de por sí tienen muchas cosas con que lidiar cuando salen en libertad y apenas si hacen dinero. Muchos solo consiguen empleos con el salario mínimo”, enfatizó.

El resultado, agregó, es que muchos de los expresidiarios ante tanta presión por conseguir dinero rápido, se ven forzados a cometer crímenes, y regresan a la cárcel, convirtiéndose en un ciclo vicioso.

“Lo más grave es que esos cobros no garantizan que tengamos comunidades más seguras”, remarcó Mendoza.

La moción no solo ordena que se dejen de aceptar los cobros por la justicia criminal colectados por el condado, sino también ordena el perdón de las deudas pendientes.

La lista de multas y cobros que pueden ser perdonados incluyen, pero no están limitados a servicios médicos de emergencia, monitoreo electrónico antes de un juicio, cheques devueltos, programas de rehabilitación por adicciones, programas de entrenamiento y educación, supervisión por la libertad condicional, permisos de trabajo, programa de tratamiento en libertad, entre otros.