¿Es delito proteger a un indocumentado o alentarlo a quedarse en Estados Unidos?
En el caso de empleadores esta acción parece muy clara
ICE ha acusado a empleadores de albergar y emplear a indocumentados. Crédito: ICE
Los empleadores que contratan a indocumentados enfrentan problemas legales esa acción, además de ser acusados de albergar a extranjeros sin permiso de estancia en el país.
“Si tu negocio está operando legalmente, no hay nada que temer. Si tienes como modelo de negocio la contratación de extranjeros indocumentados, te vamos a identificar, arrestar y perseguirte con todo el peso de la ley”, advirtió la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado durante alguna de sus redadas a empleadores en Ohio.
Luego, el vocero Khaalid Walls indicó que los empleadores serían acusados contratar y albergar a indocumentados.
Sin embargo, actualmente es complicado saber si se persigue a una persona por ayudar a un indocumentado o alentarlo a quedarse en los Estados Unidos, aunque la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, “Mejorar la Seguridad en el Interior de los Estados Unidos”, hay una disposición que busca castigar a cualquiera que aliente o ayude a extranjeros sin visas.
Fue en enero de 2017 cuando se dio a conocer dicha orden, pero la Sección 6 sigue sin efecto claro.
“El Secretario (de Seguridad Nacional) emitirá directrices y promulgará regulaciones, cuando así lo exija la ley, para garantizar la evaluación y el cobro de todas las multas y sanciones bajo las cuales el Secretario está autorizado bajo la ley para evaluar y cobrar a los extranjeros presentes ilegalmente en los Estados Unidos y a aquellos que facilitan su presencia en los Estados Unidos“, indica.
Esa regla debe empatarse con la Ley de Inmigración (INA), pero en 2018 se suspendió una clausula que castiga a quienes brinden ayuda o asistencia a indocumentados para llegar y quedarse en el país.
Fue la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito la que anuló la cláusula que castigaba una amplia gama de asuntos relacionados con la inmigración de indocumentados, algo que el Gobierno apeló ante el máximo tribunal.
La discusión el Tribunal Supremo es el caso USA v. Evelyn Sineneng-Smith, quien operaba una empresa de consultoría de inmigración en San José, California, donde prometía ayudar a inmigrantes –la mayoría filipinos– a obtener la Residencia Permanente, a través del proceso de Certificación Laboral, pero ese programa expiró el 30 de abril de 2001.
La Corte de Apelaciones sostuvo que el estatuto que castigaba a Sineneng-Smith era excesivo en violación de la Primera Enmienda.
La pregunta que la Corte resolverá es si será un delito ayudar o alentar la inmigración de indocumetandos. No hay una fecha para esa determinación, pero las recientes decisiones de ese tribunal sobre asuntos migratoriso han sido a favor de la Administración Trump.
Cabe destacar que esta disposición es distinta al delito de tráfico de personas, delito del que acusan a quienes transportan a inmigrantes indocumentados para ingresar al país.
