Jornaleros de la tercera edad enfrentan incertidumbre económica y de salud en tiempos de coronavirus

Los trabajadores de un centro de jornaleros en Los Ángeles apenas han visto movimiento en las últimas dos semanas debido a la expansión del coronavirus COVID-19. Algunos llegan a diario decididos a tratar de ganar unos cuantos dólares, pero hay otros que en la espera de un golpe de suerte pudieran estar poniendo su salud en riesgo.

Jorge Nicolás, supervisor del Centro de Jornaleros CARECEN, en el centro de Los Ángeles, dijo que la pandemia del coronavirus es más preocupante para los trabajadores de edad avanzada.

“Son el grupo más vulnerable [a COVID-19], pero la necesidad de ganar dinero los obliga a estar aquí”, dijo Nicolás. “Dependen de personas con dinero para que los contraten para cualquier trabajo”.

Mientras que algunos trabajadores de la tercera edad llegan temprano por las mañanas con la esperanza de encontrar algún trabajo, a otros no se les ha visto por días, como es el caso de Prospero de León, de 71 años.

El jornalero guatemalteco había estado yendo al Centro de Jornaleros CARECEN durante años en busca de trabajo. Pero recientemente no le ha estado yendo bien, contó un amigo; “No tenía ningún trabajo, ni siquiera podía pagar su teléfono”.

La construcción todavía está permitida en el condado de Los Ángeles, ya que es considerada un trabajo esencial durante la pandemia, pero el tipo de trabajos ocasionales que realizan los trabajadores como De León es casi nulo desde que entraron en vigencia las órdenes de quedarse en casa.

La organización dentro del centro de jornaleros también ha cambiado significativamente desde que se impusieron las restricciones del COVID-19. Un lugar donde antes se reunían decenas de trabajadores al mismo tiempo, ahora no permite más de 10. Todos se quedan afuera del centro y entran uno por uno para ir al baño o aquellos que necesitan participar en alguna orientación individual sobre el robo de salarios o la discapacidad.

Pero esos servicios no pueden mejorar lo que pronto pudiera convertirse en una situación grave. Para los trabajadores indocumentados que apenas logran juntar algo de dinero hay muy poco en la red de seguridad en este momento, ya sea para ayudar a compensar la pérdida de ingresos o para obtener atención médica si se enferman.

El USC Center for Health Journalism News Collaborative/La Opinión entrevistó a De León en diciembre pasado cuando su vida se mantenía en un balance delicado.

De León dijo que no tenía planes de retirarse antes del COVID-19. De hecho, no se podía dar el lujo de hacerlo debido a su estatus de indocumentado. Él no califica para beneficios como el Seguro Social, Medi-Cal o Medicare.

“He estado viviendo en un cuartito durante 15 años y lo comparto con dos compañeros más jóvenes. En total, pagamos $900”, dijo De León en ese momento, añadiendo que vivía en el área de Westlake.

A primera vista, De León aparenta una edad menor a sus 71 años; tiene un perfil delgado, cabello negro, bien peinado y viste muy limpio. Muy pocos adivinarían que este hombre respetuoso y cortés con una voz amable es un jornalero.

“La gente viene aquí buscando jardinería, mudanza o construcción, pero yo me especializo en pintura y barniz”, dijo el trabajador en una fría mañana de diciembre.

En ese momento, mientras De León esperaba una oportunidad de trabajo, dijo que apreciaba poder trabajar y tener un techo sobre su cabeza. Él se las arregla para mantenerse sano y activo, pese a que fuma cigarrillos a menudo.

Recordó que el problema de salud más grave que ha tenido fue hace un año cuando fue llevado a la sala de emergencias debido a molestias en la próstata.

“Me hicieron algunas pruebas y me dijeron que es porque no tomo agua”, explicó De León.

El trabajador dijo que se benefició brevemente del Medi-Cal de emergencia/restringido, el programa estatal de asistencia médica para personas de bajos ingresos, que solo puede usarse en una emergencia y no para atención preventiva.

De León dijo que no sufre de enfermedades crónicas, ni toma medicamentos, lo que le permite evitar ir al médico y continuar trabajando para pagar su gasto más importante cada mes, $300 de su renta.

A diferencia de De León, no muchos inmigrantes indocumentados pueden decir que tienen buena salud. Las enfermedades como la diabetes, la tuberculosis y la insuficiencia renal son las más comunes entre la comunidad indocumentada de la tercera edad, según un estudio de la Universidad de California, Riverside (UCR).

Adicionalmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que los adultos mayores y las personas que tienen afecciones médicas crónicas, como enfermedades cardíacas y pulmonares, diabetes, cáncer e hipertensión, tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19, que los puede llevar a la muerte. Esto se debe a que su sistema inmunológico se debilita con la edad, lo que dificulta la lucha contra las enfermedades infecciosas.

Las enfermedades crónicas son más comunes a medida que las personas envejecen. Pueden comprometer el sistema inmunológico y hacer que las personas sean más vulnerables a complicaciones graves. Estas condiciones pueden ser muy caras y complejas de tratar, especialmente sin un seguro médico.

El estudio de la UCR de 2019 ” The Health Needs of Undocumented Older Adults” (Las necesidades de salud de los adultos ancianos indocumentados) reveló que la falta de acceso a los centros médicos, los altos costos de atención médica y las barreras del idioma son los principales obstáculos que les impiden recibir atención médica adecuada.

Desde el inicio del 2020, los inmigrantes indocumentados de bajos ingresos entre 19 y 25 años de edad se volvieron elegibles para recibir el Medi-Cal completo. Sin embargo, el resto de la población indocumentada permanece en el limbo, incluyendo los trabajadores de edad avanzada del centro de jornaleros.

La senadora de California María Elena Durazo (demócrata de Los Ángeles) continúa luchando por la atención médica para personas mayores indocumentadas de bajos ingresos que tienen 65 años o más. Pero no está claro si el proyecto de ley que copatrocinó, la SB 29, tiene la posibilidad de aprobarse debido a nuevas preocupaciones presupuestarias en la legislatura estatal debido a las interrupciones económicas causadas por COVID-19.

Si se ampliara la cobertura, se estima que 25,000 adultos mayores de 65 años calificarían para el Medi-Cal completo en California, según el estudio de la UCR.

A medida que la pandemia del COVID-19 continúa extendiéndose, Durazo también ha instado al gobernador Gavin Newsom a extender la cobertura de Medi-Cal para las pruebas y el tratamiento relacionados con el coronavirus a todos los californianos, independientemente de su estado de inmigración o seguro médico.

Jornaleros con diferentes beneficios médicos

Rigoberto Torres, de 63 años, trabaja como techador y también pinta casas. A diferencia de muchos de sus compañeros, Torres es ciudadano estadounidense y tiene seguro a través de Medi-Cal. En dos años, solicitará Medicare, el programa de seguro médico del gobierno para personas mayores de 65 años.

Torres ha sido jornalero durante muchos años y ha sido miembro del Centro de Jornaleros CARECEN durante los últimos 14 años. Él dijo que ha estado sin trabajo desde el 16 de marzo cuando la pandemia del COVID-19 se expandió significativamente en el condado de Los Ángeles y el gobierno tomó medidas para evitar que se congregaran grandes grupos. Por su propia salud, Torres decidió quedarse en casa.

“Tengo miedo de salir debido a mi edad”, explicó el nativo de El Salvador. “Pero hay otros jornaleros [indocumentados] a los que les va muy mal económicamente y se preocupan porque se acerca la renta. La renta no perdona”.

Torres tiene tres hijos adultos, pero se niega a convertirse en una carga para ellos, por lo tanto, continúa trabajando. Antes de la pandemia, él dijo que su horario cambiaba constantemente; algunas semanas trabajaba cuatro días y otras solo un día.

Torres dijo que el trabajo de techador le dejó problemas en sus bronquios debido al asfalto que respira. “Tengo que ir a la clínica cada tres meses para ver al médico y cada mes para recoger mis inhaladores”, indicó.

Sin embargo, cuando necesita ir al médico, él llama a su clínica local donde van y lo recogen y lo dejan sin cobros adicionales. Este es un lujo que sus camaradas indocumentados no se pueden dar

“He visto a varios que no tienen ni para el bus para ir a la clínica”, dijo Torres.

El trabajador conoce de primera mano las dolencias de la edad y es por eso que aboga por sus compañeros. Él reconoce que la atención médica es muy importante, especialmente a medida que se envejece.

Torres dijo que vio a De León hace unas semanas y que no le estaba yendo muy bien.

Nicolás añadió que planean visitarlo esta semana para ver cómo está.

Recientemente el USC Center for Health Journalism News Collaborative intentó comunicarse con él sin éxito.

En diciembre, cuando se le preguntó acerca de su futuro, el guatemalteco dijo que prefiere sujetarse a la voluntad divina.

“No tengo planes para mi futuro, porque uno pone y Dios dispone”, dijo De León con una sonrisa.

Opciones para los ancianos indocumentados

El 27 de marzo, el presidente Donald Trump firmó la ley CARE, que incluye más de $2 billones en ayuda económica en respuesta a la pandemia del COVID-19.

La ley beneficiará a muchos, pero excluye a millones de inmigrantes indocumentados. Entre los excluidos se encuentra un estimado de 3 millones de indocumentados que viven en California. Alrededor del 70% son latinos.

Aunque la gran mayoría de los indocumentados son adultos que trabajan y pagan impuestos estatales y federales, no califican para los beneficios públicos federales que incluyen atención médica (California ha establecido excepciones especiales para la atención médica gratuita para niños y jóvenes indocumentados de bajos ingresos).

La ley CARE incluye alrededor de $250 mil millones para pagos directos de $1,200 para aquellos que ganan menos de $75,000 al año, más $500 por cada niño. Estas disposiciones benefician a los contribuyentes que cuentan con un número de seguro social, incluyendo los beneficiarios de DACA y TPS, con permisos de trabajo válidos. La ley excluye a millones de inmigrantes indocumentados, incluyendo aquellos que pagan impuestos utilizando un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) pero que no tienen un permiso de trabajo.

Los estadounidenses tienen un escepticismo generalizado sobre si los indocumentados deberían recibir servicios médicos del gobierno.

Una encuesta de Business Insider a más de 1,100 estadounidenses en el 2019 preguntó si apoyan o no extender los beneficios de atención médica a todas las personas que viven en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.

El cuarenta por ciento de los encuestados adultos dijeron que se oponen firmemente a incluir a los inmigrantes indocumentados en la atención médica proporcionada por el gobierno, el 30% apoya la inclusión, el 19% no apoya ni se opone, y el 10% dijo que no estaba seguro.

Se estima que el Inland Empire, que incluye los condados de San Bernardino y Riverside, tiene alrededor de un millón de inmigrantes, de los cuales aproximadamente 300,000 son indocumentados. La mayoría de ellos tienen pocas opciones de atención médica que no sean de emergencia, especialmente en comparación con el condado de Los Ángeles, dicen los defensores.

Javier Hernández, director de la Immigrant Justice Coalition, trabajó en colaboración con la UCR para conocer las opciones para los inmigrantes indocumentados que necesitan servicios de salud en el Inland Empire.

“Sabemos que hay un programa del condado en Riverside que brinda servicios de salud a las personas cuando lo necesitan, independientemente de su estatus migratorio”, dijo Hernández. “El problema es que este programa no incluye atención preventiva”.

Los condados interpretan ampliamente su responsabilidad con respecto a quién sirven, por ingresos o estado migratorio, qué servicios brindan e incluso cómo brindan la atención.

El estudio de la UCR reveló que el acceso limitado a la atención médica conlleva graves consecuencias, como salud debilitada, tensión emocional e inseguridad financiera.

Los activistas dicen que todos los inmigrantes indocumentados cuyos ingresos son iguales o inferiores al 138% del nivel federal de pobreza, deben ser incluidos en el Medi-Cal completo, independientemente de su edad.

Benjamín Wood, representante del Centro de Jornaleros de Pomona, dijo que por eso es importante continuar abogando por la salud para todas las personas sin importar su estatus migratorio.

“Cuando hacemos cabildeo nosotros hacemos ver que el cuidado de salud no es un gasto, pero más bien una inversión”, indicó Wood. “Ir a urgencias es mucho más caro que obtener cuidados de salud preventivo. Con la salud podemos trabajar, estudiar y mantenernos activos. Eso es una inversión”.

Este proyecto es resultado de un innovador emprendimiento periodístico —The USC Center for Health Journalism Collaborative— que incluye una variedad de medios informativos de todo el estado de California dedicados a presentar informes conjuntos sobre las personas sin seguro médico que residen en el estado. Entre los medios informativos se incluyen los periódicos de Gannett Co., McClatchy Corp., La Opinión y Southern California News Group, así como también las emisoras Capital Public Radio y Univisión.