Juez ordena poner en libertad a niños detenidos para protegerlos del coronavirus
Buscan evitar que los menores, el personal y las comunidades alrededor, se contagien de la pandemia
Ante la amenaza de la epidemia del coronavirus, la jueza federal de distrito en Los Ángeles, Dolly Gee pidió al presidente Trump hacer todo lo posible para liberar de inmediato a los más de 6,000 menores de edad en detención migratoria. Este mandato judicial con carácter de urgencia, cobra mayor relevancia luego de que esta semana se dio a conocer que cuatro menores inmigrantes en un refugio de Nueva York, resultados positivos a la enfermedad.
La orden de restricción temporal a nivel nacional fue emitida con base en el Acuerdo Flores que garantiza que todos los menores inmigrantes arrestados, tienen el derecho a condiciones de detención seguras e higiénicas, y a su liberación sin demora a una lista de parientes que viven en los Estados Unidos, incluyendo padres, abuelos, tíos y tías, parientes y hogares con licencia, dijo el abogado Peter Schey, uno de los abogados en la demanda Flores de 1997, quien solicitó la orden de emergencia para liberar a los menores en custodia de migración, dada la crisis de salud representada por el COVID-19.
Señaló que la orden es temporal porque solo es por diez días, pero ya hay una audiencia fijada para el 10 de abril que busca que tenga vigencia por varios meses.
Los menores inmigrantes detenidos tienen edades entre los 4 y 17 años, y llevan desde meses hasta más de un año bajo custodia federal.
La orden de la juez Gee requiere que para abril 16, el gobierno proporcione a la corte, un funcionario que se haga cargo de dar seguimiento e información a los abogados que representan a los menores sobre aquellos que no han sido liberados, con nombres, fecha de aprehensión, y lugares de detención en los estados de California, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York y Washington. Estos son los estados que tienen 3,000 o más casos confirmados de coronavirus en el momento que la juez emitió el mandato.
También requiere que a no más tardar el 9 de abril, los coordinadores juveniles proporcionen a la cortes y al inspector especial un reporte sobre los niveles de capacidad en que se encuentran las instalaciones de detención de menores.
También deben tomar video de las condiciones de vida de cualquiera de las instalaciones seleccionadas por el inspector especial para su evaluación.
El mandato de la corte fue emitido a petición del Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales (Center for Human Rights and Constitutional Law), una organización con sede en Los Ángeles que en 1997 alcanzó el acuerdo nacional Flores con el gobierno federal para atender las condiciones de detención y el derecho a liberar a los niños de la custodia de migración. Peter Schey es el presidente y director de dicho centro.
El presidente Trump está tratando de echar abajo este acuerdo en la corte de apelaciones de San Francisco utilizando como argumento las nuevas regulaciones emitidas para la detención de menores. Esto después de que un tribunal federal menor en Los Ángeles en diciembre de 2019, negó ponerle fin a la petición del gobierno.
Schey dijo que se sienten aliviados de que la corte haya intervenido para mantener seguros a miles de menores durante la crisis de salud del coronavirus.
“La orden de la juez Dolly Gee al gobierno para liberar a todos los niños a los patrocinadores disponibles, puede salvar sus vidas. Es razonable, bajo las circunstancias dada de inacción de la administración Trump para liberar lo más pronto posible a los niños”.
Señaló que esto puede disminuir la propagación del virus entre los niños detenidos, el personal y las comunidades alrededor de donde están los menores detenidos.
El fracaso de la administración Trump para liberar a niños detenidos que no representan ningún riesgo de huir o un peligro es cruel, y no sirve para ningún beneficio local y nacional, agregó.
Schey dijo que en vez de gastar cientos de millones de dólares para innecesariamente detener a miles de niños que no poseen un riesgo de ningún tipo para el país, la administración de Trump debería usar esos fondos para pruebas y equipo de protección contra el coronavirus en las comunidades locales.