Coronavirus: Gobierno de Ecuador activa protocolo por alerta de género

Desde el 16 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción en el país, las denuncias por violencia contra las mujeres han caído

Las mujeres ecuatorianas enfrentan otra pandemia: la violencia en su contra.

Las mujeres ecuatorianas enfrentan otra pandemia: la violencia en su contra. Crédito: José Jácome | EFE

Alertados por la posibilidad de que los altos índices de violencia contra las mujeres aumenten entre las cuatro paredes en que están confinadas las familias por el coronavirus, el Gobierno de Ecuador activó un protocolo para apoyarlas en su lucha contra otra pandemia: la violencia de género.

El protocolo entró en vigor el pasado 16 de marzo con el estado de excepción por el COVID-19, con el fin de que los sistemas de protección a la mujer sigan funcionando y las víctimas tengan a dónde acudir a pesar del distancimiento social.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, advirtió que el aislamiento puede convertirse en un “escenario ideal para la violencia” intrafamiliar y de género.

Desde 2014, cuando Ecuador tipificó el femicidio como un delito en el Código Orgánico Integral Penal, los datos oficiales mencionan 387 casos, pero la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos los eleva a 720.

“Para muchas mujeres, el espacio privado, su propio hogar, es el espacio más inseguro”, comentó la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Bibiana Aído.

Y se mostró preocupada porque la distancia social recomendada por las autoridades para frenar el avance del COVID-19, la usen los “maltratadores como un mecanismo para aislar a las víctimas, a las sobrevivientes, de sus familias”.

Según una encuesta oficial de Relaciones Familiares, el 64 % de mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia basada en género, el 30 % dentro de sus hogares y en un 43 % de los casos el perpetrador es el compañero.

Además la probabilidad de sufrir violencia cuando el compañero está en casa o en desempleo aumenta en un 28 %, dijo antes de recordar que la ONU alertó esta semana del efecto del aislamiento social por el COVID-19, en los casos de violencia machista.

Ello porque muchas mujeres se ven obligadas a encerrarse en sus casas con sus abusadores, al mismo tiempo que los servicios para apoyar a las víctimas presentan problemas o son inaccesibles.

MENOS DENUNCIAS POR EL TOQUE DE QUEDA

Cecilia Chacón, titular de la Secretaria de Derechos Humanos del Ecuador, señaló que la Fiscalía recibía semanalmente 660 denuncias, pero en tiempos de COVID-19, estas se han reducido a 80, lo que refleja problemas en la movilización en el país, donde rige un toque de queda de 15 horas y otras restricciones de movilización.

En el caso de delitos sexuales la Fiscalía recibe ahora 60 denuncias frente a las 300 semanales de antes, pese a que la institución tiene turnos de flagrancia las 24 horas.

Por ello, desde el 16 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción en el país, la Secretaría inició un proceso de acompañamiento, arropada por un protocolo de apoyo, que facilita un trabajo interinstitucional coordinado, en el que está el ECU 911.

Entre el 16 y el 31 de marzo, esa instancia recibió 1.610 llamadas de auxilio, y la Secretaría de Derechos Humanos contactó con cada caso para avanzar en apoyos de contención psicológica o para derivaciones a instancias de socorro.

Al momento, en cinco casas de acogida hay 136 personas, entre las que figuran madres en condición de vulnerabilidad y sus hijos.

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