Más de 330,000 inmigrantes que Administración Trump rechaza realizan trabajos esenciales contra coronavirus
"Dreamers" y "tepesianos" son médicos, personal de enfermería y trabajan en el suministro de alimentos
Médicos y enfermeras siguen poniendo el dedo en la falta de equipos de autoprotección. Crédito: Misha Friedman | Getty Images
El Gobierno del presidente Donald Trump ordenó la terminación de dos programas que protegen a miles de inmigrantes trabajadores, pero que en estos momentos son esenciales para la lucha contra el coronavirus.
Se trata de 202,500 receptores del programa de los Llegados en la Infancia (DACA) y de 131,300 extranjeros adscritos al Estado de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Haití y Honduras. La mayoría de esos inmigrantes llevan más de dos décadas en el país y tienen familias que mantener.
Con la emergencia de coronavirus, estos inmigrantes que luchan por permanecer en el país están mostrando su valía protegiendo la salud y la seguridad de los estadounidenses ante la emergencia por COVID-19.
Los “dreamers” se aseguran de que los niños sigan siendo educados; los alimentos todavía se cultiven y sean empaquetados o se cocinen, sean enviados y colocados en los estantes de los supermercados; además de ayudar a atender a pacientes, entre otros servicios.
Según diversos análisis del Centro Americano para el Progreso (CAP, por sus siglas en inglés), al menos 27,000 miembros de DACA tienen distintas habilidades para atender como médicos y personal de enfermería a quienes enfrentan contagios de coronavirus, poniendo en riesgo sus propia salud.
La mayoría de estos inmigrantes forman parte de la lista de “trabajos esenciales” que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) menciona en sus lineamientos durante la emergencia nacional.
“(Son) trabajadores esenciales necesarios para mantener los servicios y las funciones de los que dependen los estadounidenses a diario y que necesitan poder operar de manera resistente durante la respuesta pandémica COVID-19”, destaca el reporte citando a las autoridades.
Incluso los gobiernos estatales los incluyen en sus listas de trabajadores necesarios para mantener le economía y los servicios básicos en funcionamiento.
“Cada una de estas historias confirma lo que vemos en los números: los receptores de DACA tienen un enorme impacto positivo en las comunidades a las que pertenecen”, indica Stephanie Griffith, miembro senior de CAP y coautora del reporte. “Poner fin a DACA sería contraproducente y cruel y dejaría a personas como las de esta columna vulnerables a la deportación en el momento en que más las necesitamos”.
Los beneficiarios de DACA tienen un poder adquisitivo de $24.1 mil millones de dólares y contribuyen con más de $8.8 mil millones de dólares en impuestos federales, locales y estatales.
“Eliminar a cientos de miles de beneficiarios de DACA de la fuerza laboral sería potencialmente devastador para la economía, especialmente durante una pandemia de coronavirus en curso”, explica Claudia Flores, gerente de campaña de inmigración en CAP.
Los beneficiarios de TPS están en una línea similar, integrados a labores enlistadas por el DHS como primordiales.
Se estima que de los 11,600 trabajadores de la salud con TPS, al menos 8,100 son asistentes de cuidado de la salud y el cuidado personal en el hogar, asistentes de enfermería y asistentes psiquiátricos; 1,900 son técnicos de salud; 1,300 realizan labores complementarias de asistencia médica.
Las entidades con más inmigrantes bajo este programa que están en la primera línea contra coronavirus son Florida con 2,900, California con 2,700 y Nueva York con 2,100.
Aunado a ello, 76,100 titulares de TPS trabajan en ocupaciones relacionadas con alimentos, desde supermercados y restaurantes hasta granjas y plantas de procesamiento de alimentos, la mayoría –unos 28,800– trabajan en restaurantes o establecimientos de servicio de alimentos.
“Al igual que muchos estadounidenses, los inmigrantes con TPS son una parte importante de la fuerza laboral que mantiene al país funcionando en medio de la pandemia de coronavirus”, expone Nicole Prchal Svajlenka, directora asociada de investigación del equipo de Inmigración en CAP y coautora del reporte. “Los números muestran su impacto crucial en nuestra sociedad, especialmente en estados con un gran número de casos de COVID-19”.
