Otay Mesa: es el centro con más casos de contagio en Estados Unidos

Organizaciones proinmigrantes denuncian descuidos con los detenidos; senadora Kamala Harris pide cuentas al respecto

Los detenidos han dado a conocer el temor que sienten ante posibles contagios. / foto: archivo.
Los detenidos han dado a conocer el temor que sienten ante posibles contagios. / foto: archivo.
Foto: Getty Images

El Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en San Diego, es ahora el que más casos de contagio de coronavirus tiene entre las cárceles del país.

Por esta razón, los migrantes iniciaron nuevas protestas para exigir que los dejen salir en libertad condicional y con grilletes electrónicos para salvarse de los crecientes riesgos de contagio.

“Anoche [martes] pudimos hablar con uno de los migrantes detenidos y confirmamos que hay 15 migrantes y seis celadores contagiados”, dijo a La Opinión, Elías —un integrante de la agrupación Resistencia a las Detenciones en Otay Mesa.

“Pero sabemos que el número [de contagios] aumentan cada día, los migrantes están muy angustiados y Core Civic reprime a los que protestan”, agregó.

CoreCivic es la corporación de cárceles privadas.

Y de acuerdo con el Comité de los Amigos Americanos en San Diego, la entidad tiene contratos multimillonarios con la administración del presidente Donald Trump para encerrar a una determinada cuota de migrantes que por compromiso le tiene que entregar la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Hace unos días y según reportes de los mismos migrantes a la agrupación Pueblo Sin Fronteras, mujeres de un bloque en el centro de detenciones hicieron un intento por hacer cubrebocas para protegerse; no obstante —agregan— la administración dijo que solo podían usar las que estaban a la venta dentro de Otay Mesa.

No han informado cuánto cuestan las mascarillas al interior, pero el centro de detención en mención paga un dólar por día de trabajo y, por ejemplo, las llamadas telefónicas las cobra a 75 centavos de dólar por minuto.

Miembros de la Resistencia indicaron que cuando las mujeres protestaron, los celadores del centro las sometieron.

Y agregaron que una de las migrantes, quien es mexicana, consiguió hablar por teléfono al exterior cuando los celadores les arrojaban gas pimienta a las celdas para terminar la protesta.

El grupo Pueblo Sin Fronteras divulgó el audio de esa llamada en sus cuentas en redes sociales. Por su parte, Ian Sereulo —abogado de la mujer que llamó— informó que su cliente fue enviada a solitario luego del incidente.

Cuando el caso se supo fuera del centro de detención, los celadores comenzaron a ofrecer mascarillas a las detenidas, pero solo las entregaron a las que firmaban declaraciones escritas en inglés, en las que liberan de toda responsabilidad a Core Civic por daños que puedan sufrir en su salud —de acuerdo a información proporcionada por la agrupación la Resistencia.

Agregaron que el formulario que firmaron algunoos migrantes indica: “Reconozco que he elegido, voluntariamente usar máscara facial, que nos proporciona completa protección contra el COVID-19 y entiendo la necesidad de librar y mantener a CoreCivic inocente de todo y de cualquier reclamo”.

CoreCivic es la corporación de cárceles privadas que tiene bajo su cargo la de Otay Mesa. / fotos: Manuel Ocaño.

Casos en aumento

Sin embargo, ahora las cifras de contagio aumentan casi en promedio diario.

El primer caso de coronavirus al interior del Centro de Detención de Otay Mesa se conoció el 27 de marzo, se trató de una celadora. Una semana después, el 3 de abril, se informó que había otra celadora y un primer migrante contagiados.

Ahora, 12 días después, este centro de detención es el que más casos registra en el país y —de acuerdo con la Resistencia— los migrantes que iniciaron este miércoles la huelga de hambre temen más contagios.

Otay Mesa se mantiene lleno con 1,200 migrantes en su establecimiento. Aparte, en el lugar trabajan unos 400 empleados de CoreCivic.

Bajo la lupa

La senadora Kamala Harris envió este miércoles una carta a la Oficina del Inspector General (OIG), una institución que funciona como oficina de asuntos internos del gobierno federal, para pedir que investigue el trato que se da a los migrantes en dicho centro de detención.

La misiva menciona “inquietantes informes del personal del contratista que amenazan con el uso de la fuerza hacia personas detenidas y requieren que esas personas firmen una exención antes de recibir el equipo de protección”.

La legisladora advirtió que el centro en Otay Mesa tiene “el mayor número de casos confirmados [en las cárceles] en todo el país” y advirtió que “la gente tiene miedo, particularmente aquellos que, bajo custodia durante este tiempo, son especialmente vulnerables a la infección”.

En las protestas, los manifestantes tocan claxon desde sus autos y llevan carteles como este: ‘Libérenlos a todos’.

Harris reclamó que en el centro de detención, los migrantes “enfrentan acceso limitado a información sobre cómo protegerse y están muy limitados como para practicar medidas de protección como distanciamiento social, además de que se les ofrecen servicios limitados de acceso a traducción”.

El grupo de la Resistencia, junto a manifestantes que desde el interior del sus autos tocan el claxon, ha protestado ya en dos ocasiones frente al Centro de Otay Mesa.

En la manifestación más reciente, el fin de semana, el alguacil de San Diego —junto a agentes estatales— pidió que los participantes se identificaran con documentos oficiales.

La Opinión intentó obtener un comentario de Core Civic y de ICE en base a estos temas pero al cierre de edición no obtuvo respuesta.