Exigen cambios inmediatos en las cárceles del condado de Los Ángeles

Una coalición de firmas legales y organizaciones no lucrativas que representan a un indefinido número de presos en el condado de Los Ángeles, advirtieron a las autoridades que es necesario tomar medidas inmediatas para evitar la expansión del contagio del coronavirus dentro de las instituciones carcelarias.

En una carta fechada el 16 de abril y entregada digitalmente a Alex Villanueva, jefe del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD); y a los supervisores Hilda Solís, Ridley-Thomas, Sheila Kuehl, Janice Hahn y Kathryn Barger, las organizaciones solicitaron aplicar medidas que minimicen, en forma inmediata, el riesgo de los reos, de lo contrario, ellos demandarán a las autoridades en una corte federal.

“Estamos escribiendo para decirles que entablaremos una demanda en la corte federal, a menos que el departamento del Sheriff indiqué que está dispuesto a tomar medidas inmediatas…, para minimizar el contagio del COVID-19 sin la necesidad de una lucha legal”, expresaron los firmantes en la misiva.

Entre las organizaciones que firmaron la carta se encuentran: ACLU of Southern California; Hadsell Stormer Renick & Dai; Kaye, McLane, Bednarski, & Litt; American Civil Liberties Union; Civil Rights Corps; Youth Justice Coalition y Dignity & Power Now.

El carácter de urgente del documento, explicaron, fue debido a que cada día que pasa sin la aplicación de medidas de protección en las cárceles, se corre un alto riesgo de ser contagiado y en muchas ocasiones hasta de perder la vida, y todo por una política de fracaso que hasta el momento se ha aplicado.

En la carta se delinean también los esfuerzos que se han hecho desde el 12 de marzo hasta principios del mes de abril, sugiriendo guías de seguridad a seguir por el Sheriff.

En por lo menos tres ocasiones, las organizaciones han hecho un llamado tanto a la dirección del Departamento del Sheriff como del mismo Condado y al Departamento de Salud, pero hasta el momento, aunque se han adoptado algunas medidas, estas no han sido suficientes para evitar el continuo contagio no solo de los reos, pero del mismo personal de las instituciones, expresaron.

Uno de estos esfuerzos previos fue la carta enviada el 3 de abril dirigida a Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles (DPH), donde se le solicita que provea al Sheriff las guías suficientes y necesarias de salud y prevención de contagio dentro de las cárceles.

No obstante, la guía sugerida por el DPH que cumple con los requisitos del Centro del Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), tanto en los parámetros de limpieza, distanciamiento y hasta prioridad en la libertad de los presos que representan mayor vulnerabilidad ante el virus, no se ha aplicado en su totalidad.

Subrayan que uno de los pasos adoptado por el Sheriff, fue el de poner en libertad a un 20% de la población carcelaria; sin embargo, éste ha resultado insuficiente para mantener el distanciamiento y evitar el contagio del COVID-19.

En resumen, a pesar de los pasos dados por parte del Departamento del Sheriff, lo señalan de haber fallado, hasta el momento, en proteger a las personas que permanecen bajo su custodia, lo que viola los derechos establecidos bajo las Enmiendas Octava y Catorceava de la Declaración de Derechos en la Constitución.

Es por eso que las organizaciones, en un tono enérgico, lanzaron una última guía de 14 pasos a seguir para asegurar la salud de los prisioneros, pero de no ser contestada por las autoridades del condado a más tardar el 22 de abril, dijeron que no lo pensarían dos veces en llevar esta demanda al plano legal.

Entre los principales puntos que se establecen en la guía sugerida es el de mantener una comunicación clara sobre el virus a todos los reos, incluyendo a los de bajo nivel literario y las personas que no hablan inglés; realizar la prueba a todo el personal y reos nuevos que van llegando al sistema carcelario; realizar exámenes del COVID-19 a todos los detenidos que presenten síntomas de la enfermedad; establecer el distanciamiento social y proveer todo el equipo de protección al personal de las instituciones, entre otros puntos.

De no recibir respuesta, las organizaciones dijeron que procederían a demandar al Departamento del Sheriff.

La supervisora Hilda Solís, una de las funcionarias más críticas del sheriff Villanueva, dijo que la mayoría de las personas bajo el sistema carcelario vienen de áreas vulnerables donde el servicio de salud es muy limitado y si los presos no tienen la mejor higiene y cuidado necesario para mantenerse sanos, no solo se ponen en riesgo en caso de tener una enfermedad adyacente, sino que al salir de prisión pudieran infectar a sus seres queridos.

“Es por eso que es una prioridad para nosotros proteger a quienes están bajo la custodia del condado”, expresó. “Recientemente escribí una moción para alentar la liberación urgente de la mayor cantidad de personas posible de manera segura; además de aumentar el acceso a la higiene personal y equipos de protección necesarios como las mascarillas para proteger a los presos, pero también a los empleados que trabajan en las instalaciones”.

La supervisora subrayó que estaba comprometida y haría todo lo posible para que el Condado cumpla con las medidas preventivas para proteger a las personas bajo su custodia.

Hasta el lunes 20 de abril, en el sitio de internet del Sheriff, lasd.org, 307 empleados jurados y profesionales estaban en cuarentena en el departamento; 51 habían dado positivo; y 543 habían regresado a trabajar.

En cuanto a los prisioneros, un total de 1.724 reclusos estaban en cuarentena; 64 en aislamiento; 26 habían dado positivo y 7 ya estaban recuperados completamente y estaban de vuelta con la población de reclusos.

El sistema de cárceles del condado de LA es el sistema más grande de la nación con unos 12,269 presos en promedio y 4,800 empleados.