Duro golpe legal para inmigrantes detenidos en cárceles locales de California

Decisión de la Corte Suprema californiana sigue dejando expuestos a estos extranjeros al coronavirus

Denuncian que los traslados de cárceles estatales contribuyen a propagar el virus.

Denuncian que los traslados de prisiones estatales contribuyen a propagar el virus. Crédito: Justin Sullivan | Getty Images

La Corte Suprema de California rechazó este jueves una demanda que buscaba detener la transferencia de inmigrantes de cárceles estatales y de condados a centros de detención del servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) inició el proceso judicial ante el riesgo que suponen las instalaciones federales en medio de la pandemia del coronavirus.

La demanda de emergencia presentada el 24 de abril pasado pedía al máximo tribunal del estado que obligara al gobernador Gavin Newsom a suspender cualquier transferencia de extranjeros detenidos en una prisión estatal o local a los centros del ICE, que según lo demandantes no cumplen con las garantías de salud que requiere la actual emergencia sanitaria.

La acción legal está basada en informes recientes que indican que la mayoría de los inmigrantes recién llegados a los centros de detención del ICE durante la pandemia de COVID-19 son el resultado de traslados de cárceles estatales.

“La negativa del tribunal supremo a comprometerse con el problema urgente de las continuas transferencias del estado a la custodia del ICE durante esta pandemia es decepcionante”, dijo Jennie Pasquarella, directora de los derechos de los inmigrantes de ACLU, en un comunicado

La organización destacó que en los centros de detención superpoblados del ICE “es imposible un distanciamiento e higiene adecuados, que son las únicas defensas contra la propagación de COVID-19” en la población carcelaria.

El juez Goodwin H. Liu dijo en una opinión disidente que “las señales de advertencia no podrían ser más claras (…), el gobernador (Newsom) y el fiscal general (Xavier Becerra) son responsables del riesgo sustancial de daño grave que las transferencias del ICE representan para las personas bajo custodia estatal y local”.

Pasquarella subrayó que la decisión de hoy “no cambia el hecho de que el gobernador y el fiscal Becerra tienen la obligación moral y constitucional de dejar de transferir a las personas bajo custodia del ICE durante la pandemia”.

“California no puede simular que no es responsable de la propagación del virus y la pérdida de vidas en los centros de detención del ICE”, insistió la abogada.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y la organización California Attorneys for Criminal Justice se unieron a ACLU en los esfuerzos por detener los traslados en California a los centros del ICE.

En su informe más reciente, divulgado el lunes, el ICE indicó que se les ha hecho la prueba de detección del coronavirus a 1,686 inmigrantes, un 0.5 % de los más de 29,000 detenidos en diversas partes del país, y se han obtenido 869 casos confirmados de COVID-19, para una tasa del 51.5 % de resultados positivos.

Dos inmigrantes detenidos contagiados por el virus han fallecido. Del total de casos confirmados de COVID-19 entre inmigrantes detenidos, 259 han ocurrido en 10 centros de detención en Texas; 144 en seis centros en Louisiana, y 144 más en un solo centro, el de Otay Mesa, en San Diego (California), donde ocurrió la primera muerte reportada.

Los contagios en el centro de Otay Mesa se iniciaron a finales de marzo con una guardia que estaba contagiado.

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