Paraísos fiscales y servicios fantasma: La investigación que documentó los manejos en la directiva del Cruz Azul

En 2019, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio cuenta del caso en la cooperativa

La directiva del Cruz Azul se encuentra en el centro de las sospechas.

La directiva del Cruz Azul se encuentra en el centro de las sospechas.  Crédito: Ernesto Pérez | Imago7

Las sospechas en torno a los manejos de la Cooperativa Cruz Azul y la directiva encargada de los destinos de su club de fútbol volvieron a la escena pública a partir del pasado jueves cuando se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) congelara las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano José Alfredo y de Víctor Manuel Garcés, por movimientos irregulares hasta por $1,200 millones de pesos ($54 millones de dólares).

Sin embargo, hace poco más de un año, un trabajo periodístico encabezado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documentó diversas transferencias inusuales que implicarían un uso indebido de los recursos por parte de la cooperativa, los cuales se habrían dado a espaldas de sus socios.

El trabajo de MCCI, titulado “El juego millonario de la Cooperativa Cruz Azul”, sería otra pieza del rompecabezas en la investigación de las autoridades mexicanas hacia los directivos del balompié azteca.

De acuerdo al reportaje de la periodista Thelma Gómez Durán, durante 15 años se destinó dinero de la cooperativa sin informarle a sus integrantes, dueños del recurso, para enviarse a los paraísos fiscales de Islas Caimán e Islas Vírgenes, donde constituyeron empresas.

Asimismo, entre 2016 y 2017, la dirección de la cooperativa autorizó pagos a 15 empresas por más de $191 millones de pesos ($8 millones de dólares) por supuestos servicios de relaciones públicas o procesos administrativos, para las cuales se emitieron un total de 51 facturas.

Una de las empresas en cuestión, de nombre Attar, figura la lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como presuntos contribuyentes con operaciones simuladas.

Por lo pronto, el funcionamiento del equipo de fútbol no se ha visto comprometido, pero en caso de comprobarse los presuntos delitos que se investigan a los directivos celestes, el club podría enfrentar el riesgo de una eventual desafiliación. 

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