Encerrados con el coronavirus en las cárceles mexicanas

MEXICO – Los hermanos Abraham y Gemán López Montejo, presos en el reclusorio de San Cristóbal número 5, en Chiapas, no les quedó otra que ponerse en huelga de hambre y los siguió Adrián Gómez, otro recluso. Durante dos semanas sólo han comido miel, tienen dolor de cabeza, estómago y mareos que se suman a los síntomas de COVID-19.

“Nos hicieron la prueba y no nos han dado los resultados”, advirtieron.

Los presos del lugar sienten que la muerte les ronda y, desesperados, acudieron al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la organización que los ha asesorado en su caso ahora y desde antes porque los considera presos políticos sentenciados injustamente a 50 años de prisión, donde ahora luchan a la sombra del coronavirus.

La pelea es mortal y sin armas, afirma Abraham López: “no nos dan medicinas, no  hay  atención médica, suero para evitar la deshidratación”.

El peso de un malogrado sistema penitenciario en México cayó sobre miles de reos en el país. Frente a la emergencia sanitaria que lleva las prioridades hacia otros focos, las cárceles son, actualmente “una bomba de tiempo en la pandemia” como aseguran algunos analistas.

La Comisión Nacional de los Derechos humanos reportó en los primeros días del presente mes que el COVID-19 se había filtrado en 35 cárceles y ha dejado 59 muertos, 395 casos confirmados y 232 más sospechosos y manifestó su preocupación por el índice de letalidad por COVID-19 en las prisiones en comparación a los datos nacionales reportados.

La organización civil Así Legal, que promueve la defensa de derechos humanos en grupos vulnerables, calcula que son más debido a la falta de aplicación de pruebas entre los reos quienes han tenido que recurrir a todo tipo de estrategias por la desesperación de contagiar y ser contagiado.

El Consejo de la Judicatura Federal dio cuenta hace poco de un amparo inusitado interpuesto a favor de 446 internos del complejo carcelario de Puente Grande, Jalisco, uno de los reclusorios de alta seguridad del  país, que presentaron síntomas de coronavirus y las autoridades no han querido someter a análisis.

A principios de mayo en ese penal murió por COVID-19 Moisés Escamilla “El Gordo May”, un líder del cártel de Los Zetas que había sido condenado por la decapitación de 12 personas y purgaba una pena de 37 años por delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. 

En Chiapas, los reos del reclusorio 5 en San Cristobal, detallan que la falta de aplicación de pruebas es sólo uno de los abusos que sufren los reos que tienen síntomas de COVID-19 a quienes tratan como apestados.

Los hermanos López Montejo expresaron que las autoridades penitenciarias quitaron el sanitario que estaba en el área médica y les dejaron sólo en el área de encamados, pero lo cierran a partir de las 10 de la noche. “A partir de esa hora ya  no podemos hacer nuestras necesidades”.

Viejos problemas

El embiste del coronavirus en las prisiones de México sólo llegó para exacerbar un viejo problema en las cárceles mexicanas que cada año hace evidente el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, un informe que mide las condiciones de los reclusorios en el país, en la que la mayoría presenta deficiencias.

El penal número 5 de San Cristóbal de las casas tiene una calificación general de 6 de 10 puntos, pero está reprobado en las condiciones par mantener la salud de los enfermos y si bien cuenta con mobiliario para consultorio, el personal para atender a  los enfermos es casi nula, la  atención psicológica, mínima; cuenta con instrumental, medicamentos y material de curación

Además cobra por dormitorios, por plancha para dormir y por visitas.

Estado por estado, las deficiencias son más o menos las mismas y, en estos tiempos operan a favor de la pandemia: insuficiencia de personal (72.68%), malas condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84%) y deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19%).

Lorena, madre de un preso en las  prisiones mexicanas, denunció a la organización Asilegal que hace unos días metieron a la celda de su hijo con 25 personas a tres presos que estaban “hirviendo en calentura” —un síntoma del coronavirus— y  no les dieron medicamento. Ni siquiera había un doctor.

Para María Elena Morera presidenta de Causa en Común el problema radica en que “no se aplican los protocolos para enfrentar al COVID-19 en todos los centros penitenciarios y eso hace un relajo que permite los contagios. “Por lo menos en seis prisiones del país aún están permitiendo visitas familiares e íntimas”.

 Otro problema es el hacinamiento derivado de una lenta justicia. El hijo de Loena lleva dos años en prisión y aún no se le da sentencia condenatoria.  “Antes del COVID-19 ya había 76,745 personas en prisión preventiva sin una condenatoria, algunos con más de 10 años en dicha situación”, señaló Asílegal en un comunicado de prensa, donde advierte la gravedad de las cárceles.

La alerta de abusos en medio de la pandemia también incluyen prácticas que han convertido a las prisiones en negocios con artículos de primera necesidad. Lorena denunció que hace una semana y media, las familias de algunos presos llevaron cloro para desinfectar celdas, pero las autoridades no se los entregaron… ¡lo pusieron en venta en la tienda de la cárcel!

 El otro lado de la moneda

 Frente a las diversas acusaciones en su contra, las autoridades penitenciarias tienen diversas posturas aunque la mayoría coincide en que se trata de desorganización y falta de dinero.

Apolonio Armenta, Titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social en el Estado de Coahuila, pone como ejemplo que de las cientos de toneladas de insumos médicos que han arribado a México  desde el extranjero nada se ha compartido con los centros penitenciarios.

“Ni un cubreboca, ni un guante, ni un respirador. Nada. ¿Cómo le hemos hecho para enfrentar la crisis? Pues con los pocos recursos que tenemos que nosotros mismos con ingenio hemos hecho algunas circunstancias de contención de salud”.

Morera, de Causa Común, destaca que , salvo algunas excepciones que sí han invertido recursos, las cárceles en México tiene sobrepoblación en más del 60%, personal de seguridad insuficiente o mal pagado (algunos de ellos ganan 300 dólares mensuales) y con poca preparación.

Romina Alvarez, una mujer que batalla por la liberación de su marido en Chetumal, dijo a este diario que él solo recibe dos comidas al día: un desayuno con dos huevos y después un plato de lentejas. “Nosotros tenemos que llevarles alimentos, pero ahora con el coronavirus no permiten las visitas de familiares”.

La restricción le da cierta tranquilidad a Romina porque sabe que es una medida de control para evitar los contagios en la prisión, pero al mismo tiempo siente tristeza porque sabe que su esposo pasa hambre y cada bocado que ella engulle es un martirio.

Para amortiguar el golpe de la pandemia en las prisiones y evitar más contagios de coronavirus, las autoridades mexicanas pusieron en marcha una Ley de Amnistía.

Por delitos menores o sentencias a punto de cumplirse, adelantaron la salida de 3, 415 reclusos, la mayoría en el Estado de México, donde se concentra la mayor cantidad de presos en el país; en la CDMX, Durango, Guerrero, Quintana Roo,  Chiapas, Oaxaca, 8 en Chihuahua y en Aguascalientes.

La medida fue aplaudida por activistas de derechos humanos, aunque consideran que  debería ampliarse el catálogo de delitos porque ahora sólo contempla aborto, robo simple sin agravantes ni violencia, delitos contra la salud por pobreza o por autoconsumo, disturbios e indígenas que llevaron un mal proceso de justicia faltas al debido proceso.

Y eso sólo beneficia al 7% de la población penitenciaria.