Trabajo infantil deja a México a merced de EEUU en nuevo T-MEC

Crecen las preocupaciones ante la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial el próximo 1 de julio

Trabajo infantil en el campo.

Trabajo infantil en el campo. Crédito: Shutterstock

MÉXICO – Durante la primavera de este de año, dos niños de cinco y ocho años murieron en los fértiles campos de Sinaloa. Los padres iban a trabajar en el cultivo de jitomate y, al no tener con quién dejar a los menores en casa, los llevaron con ellos. Bajo una jornada agotadora frente el surco, los padres descuidaron a los pequeños y los atropelló un vehículo.

La Red Nacional de Jornaleros Agrícolas, una organización campesina que opera en todo el país, documentó estas muertes y una más: la de un menor de seis meses que se cayó de una camioneta en medio del traslado de sus padres en el campo de trabajo, una condición que suma tensión a unos días del arranque del nuevo tratado comercial de América del Norte (T-MEC).

Desde el 2018, el Departamento de Agricultura estadounidense advirtió que existe trabajo infantil en México en el caso del jitomate, ejotes, café, pepino, berenjena, melones, cebollas, amapola, caña de azúcar y tabaco y, ya en las negociaciones para renovación del TLCAN (hoy T-MEC), EE.UU. logró condicionar la compra de estos productos de comprobarse la relación.

La Organización de las Naciones Unidas define como trabajo infantil a todas aquellas actividades inapropiadas para la edad del niño, aquells que afecten  su educación o que puede poner en peligro su salud, seguridad o moral como en los casos denunciados por la Red Nacional de Jornaleros Agrícolas y otras organizaciones inconformes con el trabajo directo de menores que engrosa las jugosas ganancias de la economía agrícola en el T-MEC.

De acuerdo con estadísticas oficiales más actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2019 había en México alrededor de 2.3 millones de niños ejerciendo trabajo remunerado, el 42% en la agricultura temporal que requiere migración interna, principalmente de norte a sur, de Guerrero y Oaxaca a Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí

Y para este año marcado por la pandemia COVID-19, la ONU prevé que las cifras podrían dispararse por el desempleo de los padres.

El problema del trabajo infantil deriva, en parte, por las condiciones económicas y culturales de los padres, explica Laura Velasco, Investigadora del Departamento de Estudios Culturales, El Colegio de la Frontera Norte.

“En la región del Valle de San Quintín, por ejemplo, es común escuchar entre los trabajadores de los campos de tomate o fresa decir que no tienen nada que heredarles a sus hijos, sólo la escuela para que aprendan a defenderse, pero si no es posible, entonces que aprendan a trabajar dejando fuera de su alcance la posibilidad de que sus hijos estudien”.

Otro ingrediente es un asunto de avaricia empresarial. En entrevista con este diario, Adriana Salgado, jornalera del corte de espinaca y apio en León Guanajuato, reconoce que si bien los padres hacen un esfuerzo por mantener a sus hijos en la primaria, las condiciones de pobreza los empuja a desertar.

“Aquí donde yo estoy se encuentran trabajando niños de 15, 16 y 17 años que ayudan a alimentar a hermanos más pequeños”.

La Red Nacional de Jornaleros Agrícolas señala que la mayoría de los campos mexicanos “carece de la falta de espacios seguros de educación, dispersión, salud, descanso y libres de violencia para los hijos de jornaleros, como estancias o centros de cuidad” y por ello muchos niños terminan en los surcos con sus familiares o en deserción escolar.

Círculo vicioso 

Conscientes de la condición impuesta por EE.UU. para la compra de productos, empresarios de Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán dedicados  al cultivo de chile se sometieron a  procesos de certificación y han impuesto medidas restrictivas para que los padres no lleven a sus hijas e hijos a los campos agrícolas.

En contra parte, los campesinos denuncian que se les está  forzando a dejarlos en las viviendas que rentan porque son emigrantes y una mujer de la comunidad de origen termina cuidando a 30 o 40 niños porque los padres no ganan lo suficiente para pagar mejores servicios de guardería.

“El T-MEC no nos ha salpicado los dólares y sigue habiendo muchos abusos”, advierte Sergio Robles, jornalero de Tlachinollan, una región de la montaña de Guerrero de alta migración interna. Adriana Salgado, en Guanajuato precisa que además del salario mínimo (alrededor de seis dolares al día) no tienen nada más, ni siquiera seguro médico.

“Si alguno se enferma lo llevan a una farmacia y la más cercana está en otro pueblo y sale muy caro, por eso mejor nosotros mismos los curamos si se enferman porque si bien aquí en el cambpo llega a haber un doctor,  éste nos cobra todo, toda la medicina y casi que te sale igual que cuando vas a un médico particular”.

Las condiciones y los salarios indignos son un asunto pendiente en el campo mexicano porque condionan la educación de las familias de los jornaleros, según explica la investigadora Laura Velasco, quien reconoce que hay tres tipos de problemas de educación familar que empujan al trabajo infantil: pamento: lógica laboral y fragmentación escolar: la incorporación tardía, la interrupción y la deserción escolar.

Margarita tiene 10 años de edad y cursa el segundo año de primaria, pues comenzó sus estudios básicos tres años tarde por razones que su madre no ubica claramente. Vive con sus padres y sus ocho hermanos en el campamento El Vergel, propiedad de los hermanos Rodríguez en San Quintin.

Al igual que sus primeros siete hermanos, Margarita nació en el pueblo de sus padres, Pochutla, Guerrero donde cultivaban maíz y criaban chivos en una parcela de propiedad familiar. Cinco años atrás comenzaron a valorar la posibilidad de migrar, cuando sus hijos mayores tenían 13 y 11 años.

De acuerdo con el director de la escuela primaria que está dentro del campamento, Margarita y sus dos hermanos iniciaron tarde su educación y han suspendido sus estudios cada vez que sus padres van a trabajar por temporadas a Sinaloa y Sonora y así van sumando años que los atrasa y poco a poco van dejando la escuela.

Velasco explica que lo primero que hace una familia al llegar por primera vez al Valle de San Quintín es buscar un lugar donde vivir y a la vez un trabajo; una vez que logran cierto grado de estabilidad al respecto -hablamos de meses- se plantean la posibilidad de inscribir a los niños en la escuela.

Cómo enfrentarlo

La ONU reconoce que en el mundo hay alrededor de 107 millones de de niños involucrados con trabajo mayoritariamente en labores agrícolas y ha propuesto un serie de acciones para erradicar la cultura que incluyen políticas públicas, campañas nacionales, intervenciones regionales y otras que dejan claro la necesidad de combate a la desigualdad.

En México, existen leyes que protegen a los menores de edad, pero quienes las incumplen en primer término son los padres. “Tenemos una cultura muy arraigada de creer que los niños son de nuestra  propiedad”, advierte Juan Martín Perez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia”.

Desde la Red Nacional de Jornaleros agrícolas, las propuestas para erradicar el trabajo infantil recae principalmente en el Estado mexicano que debe involucrarse más en defender la garantía del derecho a la salud y a la seguridad social de los trabajadores para que no gasten en este tipo de derechos universales que merman su presuesto y los empuja a desatender a sus hijos.

Obligar a que se garanticen espacios de acompañamiento y cuidado como guarderías sin discriminación y con el interés superior de la niñez, a la vida, supervivencia y desarrollo.

Para Adriana Salgado, la jornalera en Guanajuato, la solución es más prágmática: “Si nos pagaran mejor, podríamos pagar nosotros mismos los médicos y guarderías para que nuestros hijos porque bien comidos y sanos sí podrían rendir mejor en la escuela y estudiar algo más”.

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