Presionan por liberación de pastor detenido en cárcel de Adelanto
Estuvo hospitalizado siete días este mes, y para sorpresa de todos, en lugar de liberarlo, lo regresaron a la detención
La comunidad de fe del sur de California protestó afuera del edificio federal del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) del centro de Los Ángeles para pedir la liberación del pastor Allan Altamirano quien se encuentra bajo custodia desde agosto de 2019 en el Centro de Detención de Adelanto.
“Es un pastor de jóvenes cristianos que vino a este país desde niño. No tiene récord criminal y no le quieren dar fianza porque lo consideran un riesgo de fuga”, dice la pastora Ada Valiente de la organización We Care, quien participó en la acción de protesta.
Señala que es muy injusto que lo mantengan detenido después de que pasó entre siete y ocho días hospitalizado con problemas del corazón, y requiere atención médica especializada.
“Él necesita recibir tratamiento. Además sufre de presión alta, es prediabético; y para colmo, cuando limpiaron las instalaciones del Centro de Detención de Adelanto para prevenir el coronavirus, los productos químicos empleados le provocaron sangrados en su cabeza”.
A casi diez meses de permanecer bajo detención migratoria, la pastora Valiente hizo un llamado al director de ICE, David Marin para que deje salir libre al pastor Allan, de manera que pueda luchar y pelear su caso al lado de su familia.
“Le pedimos compasión. El pastor Altamirano no es un riesgo de fuga, ayuda a la comunidad, trabaja con jóvenes de alto riesgo, y da consejería a las parejas”, dice.
El pastor Allan tiene 34 años de edad. Llegó a este país en 1994 cuando tenía tres años de edad. Nació en Cuernavaca, México. Es padre de cuatro hijos de diez, cinco, cuatro y dos años de edad. Es líder juvenil de la Iglesia La Senda en la ciudad de Corona del condado de Riverside, pero se gana la vida como técnico de aire acondicionado de una compañía.
Fue detenido el 30 de agosto de 2019 debido a una orden de deportación de 2004. El arresto ocurrió en un centro comercial de Eastvale, una ciudad al noroeste del condado de Riverside.
“Por el coronavirus llevo dos meses que no lo miro. Antes de la pandemia lo visitaba tres veces a la semana”, dice Jael Serrano, esposa del pastor.
Lo que es peor, comenta que ni siquiera supo que su esposo estuvo en el hospital hasta que un detenido le llamó por teléfono para avisarle.
“En estos meses privado de su libertad en Adelanto, ha bajado 40 libras de peso”, comenta preocupada.
Jael cuenta que ella y el pastor prácticamente habían terminado su luna de miel cuando fue arrestado por migración. “Nos casamos el 3 de agosto. El 30 de agosto se lo llevaron. Él es un buen hombre que paga sus impuestos y child support (pensión alimenticia) para sus hijos”, dice.
Reconoce que han vividos meses muy difíciles. “Los niños preguntan por él”, dice.
Tanto Jael como el pastor Allan tienen hijos de relaciones previas, pero ella dice que los dos suyos se han encariñado mucho con el pastor y lo extrañan.
Explica que en estos momentos, su esposo está apelando la orden de deportación en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
“Estamos pidiendo a las autoridades de migración que lo dejen salir por su condición médica, y porque dentro de Adelanto está expuesto al coronavirus, y necesita recibir atención de salud”.
El pastor Guillermo Torres dice que hubieran esperado que al salir del hospital, lo liberaran debido a lo delicado de sus enfermedades crónicas que lo hacen más vulnerable al COVID-19, pero en lugar de eso, lo regresaron a Adelanto, una cárcel con una historia documentada de tratamientos médicos inadecuados.
Una demanda colectiva de agosto de 2019 alega que los detenidos con condiciones de salud y aquellos con discapacidades enfrentan en Adelanto, retrasos y negativas para recibir cuidado médico, exceso de aislamiento y falta de instalaciones para la discapacidad.
Todo esto ha conducido a 24 muertes en los últimos dos años, señala la querella.
“Él no representa ninguna clase de amenazas a la seguridad pública. Podría fácilmente esperar su caso en la seguridad de su hogar. Como líderes de fe, clamamos por piedad y justicia. Pedimos al liderazgo del ICE ser más humanos, y apelamos a la conciencia del director del ICE, ya que la vida del pastor está en riesgo ”, sostiene el pastor Guillermo.
En una carta a Marin, los líderes de fe le dicen que un mes después de ser detenido en septiembre de 2019, el líder religioso experimentó dolores abdominales. Cuando un médico lo vio dos semanas después, determinó que tenía piedras en el riñón. Solicitó que le hicieran tomografías, pero a la fecha no se las han practicado.
Esta es la segunda vez se hace una campaña pública para liberar a un pastor. En septiembre de 2017, los líderes religiosos lograron la liberación del pastor Noé Carías.