Corte Suprema descarta desafiar protocolos de pena de muerte de Gobierno federal
El Departamento de Justicia logra triunfo en el Máximo Tribunal
Corte Suprema de EEUU. Crédito: SAUL LOEB | AFP / Getty Images
La Corte Suprema descartó discutir los nuevos protocolos federales de pena de muerte propuestos por el Departamento de Justicia.
El Gobierno federal reanudará las ejecuciones a principios de julio por primera vez desde 2003 y los jueces del Máximo Tribunal se negaron a retomar la demanda presentada por cuatro condenados a muerte.
No se dio razón a la negativa, aunque las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor dijeron que habrían aceptado el caso para discurtirlo.
La discusión en la Corte era por el uso de un nuevo procedimiento que el DOJ utilizaría: una inyección letal que involucra un solo medicamento, el pentobarbital.
Hasta el momento, hay una lista de tres condenados al paredón. Todos casos relacionados con asesinatos de niños.
La última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre ellos, figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en 2015; aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.
Para estas ejecuciones federales se empleará un único fármaco, el pentobarbital, en lugar de la combinación de varios que ha dado problemas y provocado macabros episodios de intentos fallidos.
La reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la tendencia registrada en EE.UU. en los últimos años, con la reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los estados conservadores del sur del país.
De hecho, varios estados han abolido recientemente la pena de muerte, hasta llegar a los 22 de los 50 que tiene el país.
El último fue Colorado, que la suspendió en marzo.
Después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara la vuelta de la pena capital a nivel federal, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) criticó la decisión al asegurar que el Departamento de Justicia está “de nuevo en el lado equivocado de la historia”.
“El sistema federal de la pena de muerte no funciona y es racista, inefectivo y cruel – y esta decisión nos devuelve el país décadas atrás”, afirmó en un comunicado.
El DPIC, que recopila información sobre la pena de muerte, aseguró que “desde 1973 más de 160 personas que fueron acusadas erróneamente y condenadas a muerte en EE.UU. han sido posteriormente exoneradas.
Con información de EFE
