Celebran fallo de tribunal para terminar con los centros de detención como negocio

José Servín, de la Coalición de Justicia para los Inmigrantes en California, expresó su beneplácito porque una corte federal refrendó el derecho de California a prohibir las cárceles privadas.

“Creo que la ley AB32 establece un vínculo entre quienes están detenidos por ganancias de las cárceles privadas y las personas que deseamos abolir ese sistema” de comercio con el sufrimiento de las personas, dijo Servín.

Opinó que el siguiente paso sería “que el gobernador Gavin Newsom identifique con qué poderes cuenta para ayudar a que los detenidos salgan cuanto antes para prevenir brotes durante la pandemia”.

El joven activista otorgó sus declaraciones en un videoconferencia con otros grupos pro inmigrantes de California tras el fallo de una magistrada federal en San Diego.

La juez Janis Sammartino determinó que la ley AB32 de California “no discrimina inconstitucionalmente ni al gobierno federal ni a sus contratistas”.

La ley aprobada el año pasado debió entrar en vigor el primero de enero de este año para prohibir que en California se instalen nuevas cárceles privadas y centros de detenciones que operan como empresas.

La AB32 también se asegura de que las ciudades en California ya no renueven contratos con prisiones privadas cuando los actuales convenios concluyan.

Pero en cuanto la ley estatal entró en vigor, la administración del presidente Donald Trump presentó una demanda contra California y la corporación de cárceles privadas Grupo GEO presentó otra demanda.

Geo es propietaria de siete de las diez cárceles privadas en California. Las prisiones por ganancias económicas actualmente tienen capacidad para unos 11,000 detenidos, muchos de ellos migrantes.

Como ambas demandas, la del gobierno federal y la de Grupo Geo, son similares, la magistrada Sammartino las unió y decidió parar las dos al mismo tiempo.

Aunque la juez declaró que California puede constitucionalmente prohibir las prisiones privadas, permitió que el juicio siga. Si prevalece la AB32, las cárceles privadas y los centros de detenciones dejarán gradualmente de operar, conforme terminan sus contratos.

De acuerdo con cálculos que establece la misma ley, para antes de que concluya el año 2028, habrán terminado todas las prisiones privadas y centros de detenciones en California.

La decisión de la juez continua como una ley temporal de California, pero su decisión influyó para que dos cárceles del Valle de San Joaquín propiedad del Grupo Geo que se iban a convertir en centros de detenciones de migrantes quedaran como están, sin modificaciones, y con posibilidad de cerrar.

La ciudad de McFarland firmó contratos con Geo para permitir que las dos cárceles que ya autorizaba en su territorio cambiaran a ser centros de detenciones.

El juez Troy Nunley impuso una orden temporal de restricción a petición de grupos que se oponen al proyecto.

El juez estableció como plazo este martes para que Grupo Geo responda y luego concederá otros tres días para que las personas que se oponen a los centros de detenciones presenten nuevos argumentos.

En el sur de California la juez Sammartino aclaró que observa el caso más a favor de California.

Jordan Wells, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha litigado contra las prisiones privadas, calificó la decisión de la juez en un mensaje de Twitter como decisión “enorme”.

“La prohibición de California a las prisiones privadas sobrevive en gran medida a Geo y los intentos de la administración Trump por invalidarla. Esto es enorme”, expresó el abogado.

Cuando California aprobó la AB32, del asambleísta Rob Bonta, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió un comentario en que “la idea de qu una ley estatal pueda doblar las manos a una agencia del orden federal que se encarga de la red de instalaciones de detenciones es falsa”.

El ICE informó que sus abogados revisaban el caso y que, en todo caso, el impacto sería “para los residentes de California que van a tener que viajar grandes distancias para ver a sus amigos y familiares detenidos”.

Pero las advertencias quedaron sin mayor efecto.

Un abogado de inmigración, Miguel Escobar, dijo que “lo que pasa es que en realidad California no quiere al ICE aquí”, en el estado.