Agentes de ICE arrestan a víctima de crimen al hacerse pasar como detectives

LOS ÁNGELES – Cuando a Jesús Alberto Campos le llamó por teléfono un supuesto detective para decirle que necesitaba verlo para que identificara a uno de los posibles sospechosos del tiroteo del que había sido víctima un mes antes, nunca imaginó que se trataba de una treta de migración.

Al día siguiente, el 23 de julio, a las 8 de la mañana, no alcanzó a entrar al Starbucks de las calles Long Beach y Firestone de la ciudad de South Gate, al sur del condado de Los Ángeles donde fue citado, cuando fue interceptado por unos diez agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE). Ese mismo día se lo llevaron al Centro de Detención de Adelanto.

“Le mostraron una orden de arresto, y se lo llevaron detenido. Ahora lo quieren deportar”, dice Verónica Osuna, la pareja de Jesús con quien tiene un hijo, J.J. de un año de edad. 

Jesús entró a los Estados Unidos con una visa de turista junto con su madre Beatriz Alvarez cuando apenas tenía ocho años, el 13 de agosto de 2004. Estudió hasta la preparatoria. 

 Hace tres años se juntó con Verónica, una ciudadana estadounidense.

“Hace como un mes, el 18 de junio fue víctima de un tiroteo en Norwalk. Le dispararon desde un carro cuando él tenía a su hijo de un año en brazos. Jesús y el niño me estaban esperando que yo saliera del banco en una plaza”, recuerda ella. 

Por fortuna, Jesús y su hijo J.J. salieron ilesos, pero el Departamento del Sheriff de Los Ángeles levantó un reporte.

A Verónica no le quedan dudas de que fue el Departamento del Sheriff de Los Ángeles el que proporcionó al ICE la información de Jesús.

“Ellos se hicieron pasar como agentes del Sheriff para arrestarlo”, dice.

Debido a que ella es la principal proveedora del hogar como gerente de un negocio, y a que Jesús era el encargado del cuidado de los niños J.J y Adrián Policarpio, de seis años, que es solo hijo de Verónica, no ha podido visitarlo en Adelanto. “No puedo dejar el trabajo. Lo necesitamos para sostener el hogar y a los hijos”, dice.

Sin embargo, reconoce que tanto Jesús como ella se sienten muy confundidos, y en estado de shock: “Él fue una víctima de un tiroteo;  y en lugar de buscar a los responsables, vienen por él para arrestarlo y deportarlo”.

Beatriz Álvarez, la madre de Jesús, reconoce que se siente impotente, y estar viviendo una pesadilla.

 “Uno viene a este país a progresar, y por no tener papeles lo señalan y denigran. Yo no puedo ir a visitarlo ni cómo ayudarlo porque no tengo un dólar.  Con el coronavirus, me quedé sin los trabajos de limpieza de casas. Solo me queda confiar en Dios”.

Para Emilio Amaya, director de la organización San Bernardino Community Service Center, que presta asistencia legal a las familias, el caso de Jesús muestra que aún a pesar de las muchas medidas que el estado de California ha tomado para evitar la cooperación de los departamentos de policía con la oficina del Servicio de Migración y Aduana (ICE), ésta se sigue dando de manera informal y afecta gravemente a la comunidad. 

“Este tipo de colaboración informal impacta la confianza que la comunidad inmigrante puede tener en sus autoridades porque causa que muchas personas víctimas de delitos no se atrevan a denunciar por miedo a la deportación”, dice Amaya.

Agrega que además provoca que se incremente la victimización de la comunidad inmigrante: “Es preocupante también que el ICE utilice a negocios como Starbucks para detener a personas. Es lamentable que recurra a este tipo de prácticas”.

Emilio recomendó a las víctimas de delitos que antes de acudir a cualquier cita con oficiales de la policía, se aseguren que no sean agentes de inmigracion. 

“Los oficiales de policía no pueden llevar a cabo arrestos migratorios ni tampoco pueden ayudar formalmente a ICE a detener a una persona”.

En marzo pasado, más de 100 organizaciones, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU Socal), enviaron una carta a la Junta de Supervisores de Los Ángeles en la que denunciaron que el Departamento del Sheriff ha continuado con la práctica destructiva de entregar a miembros de la comunidad al ICE.

Lo que es más, precisaron, que el LASD gasta casi $1.5 millones al año para facilitar los arrestos y deportaciones mientras que por otro lado el condado destinó $1.5 millones al Fondo de Justicia de Los Ángeles para proveer abogados que defiendan a las familias contra la deportación.

El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo en entrevista con el diario La Opinión en marzo que solo transfieren al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) a aquellos inmigrantes que tienen delitos graves y califican bajo la ley Santuario (SB54). Sin embargo, Jesús Alberto era una víctima de crimen.

“Como sheriff tengo que hacer un balance entre la seguridad pública y no incrementar el temor ante la comunidad indocumentada porque nosotros estamos involucrados en la migración. Los mismos indocumentados no quieren vivir cerca de presos peligrosos. A esos los dejamos ir con los contratistas de ICE”, dijo Villanueva.

Alexis Pons Abacal, portavoz del ICE, dijo que Jesús tiene múltiples condenas de la Corte Superior de California, que incluyen manejar dos veces sin licencia de manejo en 2017, y estorbar a un policía en junio de 2019. Además por haber entrado de manera indocumentada al país.

Mencionó que en tres ocasiones, 14 de junio de 2017, 7 de noviembre de 2018 y 9 de junio de 2019, las autoridades locales incumplieron con la orden de detenerlo y entregarlo a migración, y en cambio lo dejaron libre.

TE PUEDE INTERESAR:

Autopsia independiente revela que Andrés Guardado recibió cinco disparos por la espalda