Buscan opciones al encarcelamiento en Los Ángeles
Grupo de expertos habla con a supervisora Hilda Solís sobre cómo ayudar a los reos, lejos de solo penalizarlos dentro de las cárceles; enfatizan que ingresar ahora a las cárceles puede ser una sentencia de muerte.
Las cárceles del condado de Los Ángeles están sobrepobladas. (Archivo) Crédito: Impremedia
En busca de aclarar mal entendidos del trabajo entre el departamento del sheriff y el condado de Los Ángeles, la supervisora del condado de Los Ángeles Hilda Solís, acompañada de un grupo de expertos hablaron acerca de las opciones que existen al encarcelamiento y algunos de los problemas que enfrentan las minorías.
Kelly Lytle-Hernández, profesora de la UCLA, dijo que durante años trabajó en una investigación sobre las mujeres en la cárcel del condado de Los Ángeles. Ahí descubrió que los principales cargos por los que las mujeres estaban siendo ingresadas eran mínimos, pero las mantenían encerradas por largos periodos.
“Los cargos principales para las mujeres dentro de la cárcel del condado de Los Ángeles entre 2010 y 2016 fueron posesión de narcóticos, manejar con una licencia suspendida, no comparecer en la corte, y un DUI”, dijo Lytle-Hernández .
Añadió que estas son personas internas, que tienen necesidades, que a menudo están en crisis, y en lugar de penalizarlas el condado debe abordar sus necesidades.
“La narrativa pública dirá que necesitamos poner a las personas dentro de estas jaulas para mantenernos a salvo, que la policía y las cárceles es lo que se interpone entre nosotros y la anarquía”, dijo Lytle-Hernández. “Pero déjame decirte que todos estos son problemas pueden abordarse con mejores prácticas y enfoques de cuidado”.
Otro problema es la violencia por parte del sheriff que enfrentan las comunidades de color. Si bien es conocido últimamente, se ha hablado de la creación de pandillas dentro de las mismas estaciones del sheriff y la falta de cámaras corporales hace más fácil que los agentes se liberen de ciertas acusaciones.
Ivette Alé, responsable principal de políticas de Dignity and Power Now, dijo que la experiencia de estas comunidades se ha venido mencionando durante décadas.
Ella explicó que actualmente el Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés) cuenta con un presupuesto de más de $3 mil millones.
“Pero solo el año pasado, el condado gastó más de $80 millones en acciones y juicios, que representaron el 55% de los costos de responsabilidad total del condado”, dijo Alé.
“Entonces cuando hablamos de responsabilizar al departamento del sheriff, estamos hablando de la manera más amplia para abordar las demandas que se toman de los dólares de nuestros contribuyentes y que podrían invertirse para abordar las causas profundas del daño”.
Alé indicó que es mejor invertir en apoyo para la vivienda, capacitación laboral, oportunidades de trabajo, atención de salud mental y tratamiento del uso de sustancias.
La experta subrayó que estas opciones son válidas no solo para la persona que está encarcelada sino para los familiares que saben que el preso no será tratado con dignidad y respeto dentro de una cárcel.
También estarán más expuestos a más daños, enfermedades e infecciones, agregó.
“Y eso es más importante ahora más que nunca debido a COVID-19, por lo que, si alguien ingresa a la cárcel por un DUI, posiblemente podría ser una sentencia de muerte”, aseveró Alé. “Estos tipos de arrestos que se han realizado hace unos días, justo cuando ha habido cinco personas que han muerto dentro de las cárceles debido a COVID-19”.
Por esta razón es importante que existan entidades como la Comisión de Supervisión Civil. Esta comisión está compuesta por voluntarios civiles, no son empleados de ninguna agencia gubernamental y supervisan de manera independiente al departamento del sheriff que es el más grande del país.
Hernán Vera, comisionado, dijo que esta entidad en la que participa fue creada por la junta de supervisores para convertirse en un puente al cual la comunidad pueda tener más acceso mediante sus comentarios relacionados al departamento del sheriff.
“Sirve como un organismo de supervisión pública para investigar y estudiar las políticas y prácticas del departamento del sheriff, y para hacer recomendaciones al público, a la Junta de Supervisores y al departamento del sheriff sobre cómo mejorar esas prácticas”, dijo Vera.
La supervisora Hilda Solís explicó que mediante la información que ofrecieron los expertos se puede aclarar alguna desinformación que ha sido compartida.
“Mi oficina continúa trabajando con defensores y accionistas para crear un cambio sistémico dentro de las cárceles”, dijo la supervisora.
