Propietario de grúas demanda por discriminación a la ciudad de San Bernardino

Manny Acosta, propietario de la compañía de grúas Pepe’s Towing, demandó a la ciudad de San Bernardino por discriminación y desigualdad en el trato al no permitirle concursar para trabajar como contratista; y favorecer a compañías que contribuyen con dinero electoral a las campañas del alcalde John Valdivia.

“Por 20 años no nos han dejado participar en contratos con la Ciudad, pero particularmente en los últimos cinco años me puse más agresivo cuando me di cuenta que han beneficiado a seis compañías que casualmente son las que contribuyen con dinero electoral para la campaña del alcalde de San Bernardino”, denunció Manny.

“El alcalde es quien tiene el control y manipula a qué compañías se les dan los contratos de grúas”.

Fueron los padres de Manny Acosta, José y María Delfina Acosta quienes con muchos sacrificios abrieron en Los Ángeles en octubre de 1978 , la compañía Pepe’s Towing.  

Manny relató que desde 2016, ha batallado para que lo acepten como proveedor de servicios.

“Luego me quisieron imponer muchos requisitos para los patios que no les piden a las compañías que hoy contratan”.

Como consecuencia, Manny interpuso una demanda a la Corte Superior de California en San Bernardino; y otra, en la Corte Federal de Los Ángeles. En la querella, están involucradas 15 personas, entre ellos, el alcalde, concejales y gerentes de San Bernardino debido a su participación en la regulación y aprobación de los contratos.

“De la demanda federal, vamos a juicio en diciembre”, precisó el abogado Tristán Pelayes, defensor de Manny.

La última vez que el propietario de grúas  intentó concursar fue en abril de 2016, ya que el proceso de apertura para nuevos contratos al público se da cada cinco años. “Casi siempre lo hacen a puerta cerrada, y en el 2016, extendieron el proceso hasta 2017 cuando abrieron espacio para un séptimo proveedor, pero como no tenía otro corralón dentro de la Ciudad con capacidad de 65,000 pies, me descalificaron”.

Manny considera que solo fue una excusa porque jamás la Ciudad llenaría un corralón de ese tamaño de superficie.

El empresario y su abogado Pelayes entregaron documentos a La Opinión que prueban que en la elección pasada, las compañías de grúas que tienen contrato con la Ciudad le dieron a John Valdivia, $22,500 para su campaña de alcalde en 2019; mientras que en 2016, cinco días antes de que renovaran los contratos le entregaron $12,500. “Es ilegal dar dinero a un funcionario público, esperando algo a cambio. Eso se llama soborno”, señaló Manny. 

El abogado Pelayes explicó que en otra demanda, un ex empleado del alcalde, quien fuera representante de campo, Don Smith declaró que fue testigo de que el propietario de Danny’s Towing, Danny Alcarez, le dio un sobre con dinero en efectivo durante una junta privada en un restaurante a la una de la mañana en el otoño de 2018.

Añadió que el dinero de las compañías de grúas que operan en la ciudad de San Bernardino, fue una manera de agradecer al alcalde por el apoyo para sus negocios.

Manny agregó que Alcarez le hizo saber al ex empleado al darle el sobre, que le iban a juntar más dinero al alcalde.

“Yo lo que quiero con esta demanda es que la Ciudad de San Bernardino actúe profesional y éticamente con la comunidad de empresarios, que hagan las cosas bien; y que a todos nos traten con justicia porque estamos hablando de contratos públicos”. 

Confesó sentirse en desventaja al lado de otros propietarios de grúas que sueltan dinero a los funcionarios para mantener seguros sus contratos. 

“No voy a jugar ese juego. No voy hacer algo ilegal, y a dormir con un ojo abierto”, dijo.

Manny está peleando porque además le reembolsen los costos de su defensa legal, y todos los gastos que ha hecho para reclamar que lo dejen ser contratista de la Ciudad de San Bernardino.

El abogado señaló que ha habido conversaciones con las autoridades de la Ciudad, pero no han llegado a ningún acuerdo. “Lo único que pedimos es que cumplan con las leyes que ellos mismos han puesto”.

Manny lleva desde 2018 con la demanda contra la Ciudad de San Bernardino. “Puede durar de uno a cinco años”, dijo el abogado.

La Opinión se encuentra en espera de una respuesta de John Valdivia, alcalde de San Bernardino a quien se contactó vía correo electrónico y por teléfono.