Proposición 25: fianzas y libertad condicional

En poco más de dos meses, los californianos acudirán a las urnas para votar no sólo por un nuevo presidente sino también para decidir el futuro de varias proposiciones que afectarán sus vidas y las vidas de sus seres queridos. Una de las tantas iniciativas que se votarán en noviembre es la proposición 25, que se refiere al pago de fianza y la libertad condicional.

La propuesta es considerada como un “Veto Referendum”, esto es, una medida iniciada por los ciudadanos para confirmar o rechazar una ley que ya fue aprobada por la Legislatura estatal, el Concilio municipal o la Junta de Supervisores. La proposición 25 es un referéndum a la ley del Senado SB10, aprobada en 2018. Un voto a favor confirma la implementación de la SB10, mientras que un voto en contra la rechaza.

“Originalmente, la SB10 iba a ser una opción al sistema de fianzas, pero terminó convirtiéndose en algo peor. No queremos reemplazar algo malo por algo también malo”, indicó Ivette Alé, Directora de políticas de Dignidad y Poder Ahora , en entrevista con La Opinión.

La SB10 reemplaza el pago de fianzas, dándole más autoridad a los jueces de decidir la libertad de quienes esperan a ser juzgados, contratando más oficiales de libertad condicional y utilizando un sistema de algoritmos para decidir el futuro de quienes esperan su día en la corte.

El exgobernador de California, Jerry Brown, firmó la SB10 el 28 de agosto de 2018, y el 29 de agosto se presentó el referéndum de veto para revocar dicho proyecto de ley.

“La SB10 fue originalmente concebida como una opción al sistema de fianzas, pero a último momento, las uniones de los oficiales de libertad condicional cambiaron el lenguaje de la misma, manipulando su intención original”, explicó Alé.

“En la actualidad, los dos mayores grupos de personas encarceladas corresponden a quienes no pueden pagar la fianza, esto es el 44 por ciento o más de 7,000 personas, y a quienes violan los términos de la libertad condicional”, explicó Eunisses Hernández, Co-Directora ejecutiva de La Defensa, en entrevista con La Opinión.

Hernández dio el ejemplo de personas en libertad condicional que quizás pierden una cita con el oficial por cuestiones de trabajo y se lo cuentan como una violación a su libertad condicional, haciendo que a la larga, vuelven a ser encarcelados. “La ley expande la supervision de la libertad condicional y aumenta las condiciones para dicha libertad”. La experta en el tema también recordó que un tercio de la población encarcelada tiene serias enfermedades de salud mental.

Algoritmos de la libertad

Hernández y Alé explicaron el uso de algoritmos que utiliza la ley SB10 para reemplazar el sistema de fianzas y determinar el riesgo de que una persona escape a su sentencia.

“Los algoritmos consideran determinada información como la edad de la persona, el código postal o la cantidad de arrestos”, explicó Alé. Esto impacta negativamente a los jóvenes latinos sin documentos migratorios legales, ya que se los considera de alto riesgo de dejar el país.

Alé aclaró que oponerse a la medida 25 no significa apoyar el sistema de fianzas, “que afecta desproporcionalmente a las mujeres hispanas y afroamericanas que son quienes tienen que pagar para que sus esposos y parejas puedan salir”.

“La SB10 también aumenta la cantidad de oficiales de libertad condicional, les da un mayor presupuesto y le da libertad a los jueces para decidir quienes permanecen encarcelados y quiénes no. Es una política prejuiciosa y racista y los hispanos y los afroamericanos son quienes se verán más afectados”, agregó Hernández.

La SB10 se ha implementado en distintos condados del estado como programa piloto, como por ejemplo en el condado de Alameda, Sacramento y Santa Barbara, entre otros.

“Cientos de personas son encarceladas mientras esperan su día en la corte. Son personas que aún no han sido sentenciadas y que son consideradas inocentes hasta tanto se demuestre lo contrario”, recordó Hernández. “Siempre es más fácil probar la Inocencia desde la libertad, con el apoyo de la familia. Una persona tiene más probabilidades de demostrar su inocencia en la corte cuando no está vestido con el uniforme de convicto. Pero quienes no pueden pagar la fianza para salir y preparar sus casos, muchas veces terminan declarándose culpables y nunca tienen la oportunidad de probar su inocencia en la corte. El sistema no es justo. Necesitamos una política que preserve la presunción de la inocencia de las personas arrestadas”.

“Por otro lado, existen opciones a la encarcelación que ayudan a la gente y son más efectivas”, agregó Hernández y compartió el reporte de Alternativas a la Encarcelación del condado de Los Ángeles.

Para leer el reporte completo de alternativas a la encarcelación, puedes visitar https://tinyurl.com/yxw39var