Buscan mejorar ‘la calidad de vida’ de las minorías

Al Porche, un veterano del ejército que vive en San Diego y trabaja como conductor con su vehículo particular mediante una aplicación de móvil, dice que al ayudar a pasajeros californianos siente un orgullo que solo compara con el de haber defendido la democracia como militar.

“Eso es especialmente cierto cuando llevo personas a citas médicas, o llevo a otras seguras a su trabajo en esta época de pandemia”, dijo el chofer de la empresa de servicio por aplicación Lift.

El ex militar explicó que puede ayudar mediante su trabajo a otros californianos básicamente “porque por ahora puedo elegir cuándo y dónde puedo trabajar, una libertad con la que elijo ayudar a otros”.

Pero Porche enfrenta el obstáculo de que una ley estatal, la AB5, exige que deje de ser un trabajador independiente con su auto y que se convierta en un empleado.

“Hay políticos en Sacramento que no conocen nuestro trabajo y, por eso, su iniciativa puede eliminar cientos de miles de empleos cuando más se necesitan, en medio de esta pandemia”, que ha dejado sin empleo a más de ocho millones de californianos.

Peor aún, dijo Porche, esa ley atenta “contra la gente de color, latinos, afroamericanos, asiáticos americanos, que son la mayoría de los conductores” de servicios de transporte que se piden por aplicación, y también de los que recogen comida en restaurantes y la llevan a domicilios o centros de trabajo.

“Los más afectados son los latinos y afroamericanos, que también son las comunidades más afectadas por el colapso de la economía por la pandemia”, aseguró Porche.

De acuerdo con el ex soldado, en encuestas y en un estudio elaborado en Berkeley, la mayoría de los conductores de empresas como Uber, Lyft, DoorDash, Postmates e Instacart que operan mediante aplicaciones, desean conservar sus trabajos independientes.

Dijo que lo ideal es tener la independencia laboral pero también algunos beneficios, como sugiere la proposición 22 que será presentada a los electores de California en la boleta de los comicios de noviembre próximo.

Para Porche, hay miles de conductores que trabajan precisamente con aplicaciones porque la nueva normalidad así lo impone, como las personas que deben regresar a casa eventualmente en el día a ver a sus hijos u otros familiares.

Esos y otros aspectos adicionales, son también argumentos que un grupo de dirigentes laborales y sociales presentaron durante una conferencia en apoyo a la campaña de Sí a la proposición 22, que será votada en noviembre.

David Cruz, el director local de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC) en Sacramento, dijo que la proposición 22 “trata sobre la calidad de vida, área en que los latinos han sido desproporcionalmente impactados durante la pandemia como trabajadores esenciales”.

Cruz dijo que la propuesta ofrecería servicios de salud, un salario regular, “y ahora mismo la posibilidad de ganarse la vida como conductores, lo cual es una excelente opción para sostenerse a sí mismos y a sus familias, con flexibilidad que es especialmente importante para familias latinas que niños y adolescentes que necesitan atención”.

Por su parte el presiente de la Asociación de Negocios Latinos de California, Rubén Guerra, coincidió en que conducir se ha convertido en alternativa para muchas personas que durante la pandemia han perdido su trabajo, quienes “ya era esenciales antes y lo son durante la pandemia, por lo que es crítico que salvemos su trabajo esencial de conductores”.

El estudio de Berkeley al que se refirió Porche indicó que California salvaría cientos de miles de empleos con la proposición 22.

De acuerdo con el texto de la propuesta, también ofrece que los conductores independientes tengan un salario del mínimo más un 20 por ciento, y servicios de salud cuando trabajen más de 15 horas semanales, además de seguro médico para casos de accidentes o incapacidad por el trabajo.

También ofrecería protección ante casos de discriminación y acoso.

Advierte que sin la proposición, cientos de miles de personas que ahora conducen tanto como su empleo principal como para conseguir ingresos complementarios, pasarían a engrosar el desempleo de millones de californianos y se suspenderían puestos que son esenciales.