Defensores de inmigrantes lamentan “día oscuro” para beneficiarios de TPS tras revés de tribunal
El Noveno Circuito de Apelaciones sorprendió a "tepesianos" con su decisión
Cientos de miles serían deportados al terminar su TPS. Crédito: EFE
Organizaciones defensoras de inmigrantes lamentaron la decisión del Noveno Circuito de Apelaciones para autorizar al Gobierno del presidente Donald Trump terminar con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.
“Éste es un día oscuro”, dijo Elissa Díaz, asociada de Políticas de Church World Service y presidenta de la Coalición de Inmigración Interreligiosa. “El impacto de esta decisión es difícil de afrontar. Las vidas de cientos de miles de personas… están nuevamente en peligro. Ellos y sus hijos y familiares nacidos en Estados Unidos deben estar de luto”.
Agregó que el Congreso debería aprobar el Dream and Promise Act, que aseguraría un camino a la ciudadanía para “dreamers” y los llamados “tepesianos” tras la decisión del tribunal, en una votación de 2 a 1.
La organización Church World Service destacó que más de 130,000 trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus podrían verse afectados por la decisión.
“Los titulares de TPS son miembros integrales de nuestras comunidades. Pagan impuestos, inician negocios, se ofrecen como voluntarios y durante una pandemia que está asolando nuestra nación, están prestando servicio en primera línea”, expresó el revendo John L. McCullough, presidente y director ejecutivo de Church World Service. “Quitarles su estado de protección es cruel, no sólo porque destruirá todo lo que han construido aquí, sino porque podría devolverlos a condiciones potencialmente peligrosas”.
Acusó al Gobierno del presidente Trump de conocer las condiciones a las que enviaría a estos inmigrantes, pero en lugar de protegerlos los “continúan marginando, excluyendo y deportando”, impactando también a sus familias, muchos de ellos niños estadounidenses.
El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a las personas que huyen de naciones devastadas por la guerra y desastres, a fin de tener protección migratoria y Autorización de Empleo.
En los últimos 20 años, las administraciones republicanas y demócratas habían extendido los programas por cada país, pero el presidente Trump decidió terminarlos.
“Me enteré del TPS cuando el presidente trató de ponerle fin para mi mamá. Pero como hija de una titular de TPS, no lo pensé dos veces antes de enfrentarme al presidente para defender a mi madre y a nuestra familia”, dijo Crista Ramos, una adolescente nacida en EE.UU. que es la demandante principal en el caso Ramos vs. Wolf (antes Ramos vs. Nielsen) presentado por la Fundación ACLU del Sur de California, National Day Laborer Organizing Network y Sidley Austin LLP en nombre de nueve personas con TPS y cinco niños ciudadanos estadounidenses.
La organización CLINIC se sumó a las críticas a los jueces que autorizaron la terminación del programa.
“El Congreso creó el Estatus de Protección Temporal hace más de treinta años con razón, porque sería inconcebible deportar a las personas a situaciones de crisis y conflicto”, expresó Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC. “Ninguna familia debería enfrentarse a la opción de separarse o mudar a toda su familia, incluidos los niños ciudadanos estadounidenses, a un país donde corran peligro”.
La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó a este diario que revisará la decisión del tribunal, la cual tuvo el voto en contra de la jueza Morgan Christen.
