No se podrá desalojar a los angelinos de sus viviendas en tiempos de emergencia

Dolores Rosas ha vivido en el mismo apartamento en el sur de Los Ángeles por 22 años. Sin embargo, asegura que en dos ocasiones han tratado de desalojarla. La primera vez logró permanecer en el apartamento, en esta ocasión continúa luchando.

Rosas, de 58 años, dijo que actualmente está pagando $1,200 por un estudio del cual comparte con su esposo. Ellos no reciben ayuda del gobierno. Ella trabaja reciclando y el esposo trabaja como jornalero.

“Donde vivimos no hay control de renta y nos quisieron aumentar la renta a $1,800. Nosotros no tenemos para pagar esa cantidad”, indicó Rosas, quien agregó que los demás inquilinos que viven ahí son parte de la Sección 8  —reciben ayuda del gobierno para pagar su renta— lo cual les permite pagar esa cantidad.

Rosas actualmente está recibiendo asesoramiento de la organización Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) porque se rehúsa a pagar esa cantidad exhorbitante para su bolsillo. Sin embargo, teme llegar un día a su hogar y ver una orden de desalojo.

“Nosotros no tenemos nadie que nos ayude y no tenemos a donde ir”, indicó la inquilina.

Para evitar estas consecuencias y ofrecer más protecciones para los inquilinos de la ciudad de Los Ángeles, el ayuntamiento aprobó un informe el miércoles que autoriza un plan de casi $10 millones para el Fondo de Defensa contra el Desalojo COVID-19.

El reporte fue presentado por la presidenta del ayuntamiento Nury Martínez en colaboración con los concejales Mitch O’Farrell y Paul Koretz y fue aprobado por voto unánime.

El reporte otorga al Departamento de Vivienda de la Ciudad (HCIDLA) la autoridad para implementar un programa integral con organizaciones locales para ayudar en el servicio legal a inquilinos de bajos recursos.

El plan también prohíbe los desalojos durante la emergencia local de la ciudad —que ha sido extendida hasta finales de octubre— por falta de pago total o parcial del alquiler debido a COVID-19.

Los inquilinos que ganen el 80% del ingreso medio del área o menos serán elegibles para recibir asesoramiento que incluirá asistencia legal respondiendo a un aviso de tres días para desocupar la vivienda, negociación de acuerdos con inquilinos y propietarios, representación legal, así como a corto plazo de asistencia para inquilinos cuando sea necesario.

Una lucha de hace tiempo

Joe Donlin, subdirector de la organización para inquilinos Strategic Actions for a Just Economy (SAJE), dijo que antes de la crisis de COVID-19, ya existía una crisis de desalojos, la cual han experimentado muchos de sus miembros.

“Es lo que se conoce como desplazamiento en serie, la misma familia enfrenta un desalojo tras otro, de hecho es un evento traumático tras otro, que cada vez deja marcas indelebles en la salud física, mental y financiera de las personas”, dijo Donlin.

Con las órdenes de permanecer en casa debido a la pandemia del COVID-19, Donlin asegura, que los desalojos podrían ser mortales si las personas no tienen a dónde ir.

La concejal Martínez dijo que durante la pandemia hay propietarios que se rehúsan a honrar las protecciones para inquilinos y tratan de desalojarlos ilegalmente.

“No podemos permitir que eso suceda. Soy una defensora de las familias primero y esto comienza y termina con mantener a las familias trabajadoras pobres en sus hogares”, dijo Martínez en la conferencia de prensa.

Añadió que muchas de las familias que están luchando por permanecer en sus hogares en este tiempo no cuentan con la experiencia legal o el dinero para pagar un abogado y necesitan ayuda.

Donlin dijo que cuando los inquilinos conocen sus derechos y tienen acceso a un abogado significa la diferencia entre permanecer o quedarse sin hogar.

“Sabemos que el 90% de los inquilinos enfrentan el desalojo sin un abogado y en casi todos los casos pierden su casa, incluso cuando tienen una defensa legal válida”, dijo el activista. “Al mismo tiempo, hemos visto que cuando los inquilinos tienen un abogado trabajando junto a ellos, conservan sus casas más del 80% del tiempo”.

Esperanza a futuro

El plan presentado contará con la Legal Aid Foundation de Los Ángeles como organización líder del programa y con la participación de organizaciones como Inner City Law Center, ACCE y SAJE, entre otros.

Rosas dijo que agradece la oportunidad de que exista este programa ya que permitirá que personas de bajos recursos como ella y su esposo puedan recibir el asesoramiento adecuado.

El concejal O’Farrell subrayó que el año pasado se reportó que el 58% de los angelinos inquilinos dijeron estar agobiados por el alquiler, ya que no tenían suficiente dinero para gastos básicos como comida, ropa y transporte después de pagar su alquiler mensual.

“Este programa empoderará a los residentes con el conocimiento de sus derechos a la vivienda”, indicó O’Farrell.

“La acción del ayuntamiento garantizará que los fondos se destinen a brindar asistencia de defensa legal vital para los inquilinos cuyos propietarios elijan violar las órdenes de emergencia locales y estatales, a pesar de las protecciones que se les han otorgado”.

El plan comenzará a funcionar en los próximos dos o tres meses y se espera que continúe hasta el 2021, dijo Martínez.

Para obtener información sobre el Fondo de Defensa de Desalojo de Emergencia COVID-19 de la ciudad de Los Ángeles, llame a la línea directa de HCIDLA al 1-866-557-7368.