¿Por qué se pide un ‘No’ a la prop.23?

Desde hace tres años, Ángel de los Santos ha sido paciente de diálisis y acude a una clínica muy cercana a su hogar en el Sur de Los Ángeles.

No obstante, ahora está preocupado de que el futuro de su salud esté en manos de los votantes el 3 de noviembre ya que -según indica- podría poner en jaque a su clínica local.

Esto se debe a la proposición 23, financiada por el sindicato Service Employees International Union-United Healthcare West (SEIU-UWD), que busca que las clínicas de diálisis tengan un médico en el lugar mientras se trata a los pacientes.

Además de ello, pide que se informe sobre infecciones que se produzcan en el sitio, que se obtenga el consentimiento del Departamento de Salud estatal antes de cerrar una clínica, y que no se discrimine a los pacientes en función de la fuente de pago por la atención.

Dhalia Ackerman, enfermera registrada de Bakersfield, también dijo estar decepcionada con la propuesta ya que -asegura- podría afectar a una clínica en la ciudad de Arvin, localizada a unas 15 millas de Bakersfield, la cual atiende a pacientes de diálisis de bajos recursos.

“Este centro de diálisis en particular, sería un centro que probablemente cerraría si se aprueba la proposición”, indicó.

Explica que al instalar a estos médicos en los lugares de diálisis, las clínicas aumentarían sus gastos para costear sus salarios y que además, no habría garantía de una mejora significativa en la calidad de la atención ya que los doctores en dicha posición pueden ser de cualquier especialidad y no necesariamente expertos en fallas renales.

Aquellos en contra de la medida, afirman que los altos costos podrían causar que cerca de la mitad de las casi 600 clínicas de diálisis en California cierren sus puertas.

“Estoy triste. Es lamentable que usen nuestras batallas de enfermedad para sus cuestiones políticas”, dijo De los Santos, quien asiste a la clínica de Diálisis Universal Park en la intersección del bulevar Martin Luther King Jr. y la avenida Figueroa.

Por su parte Ackerman dijo que la mayoría de los pacientes que llegan a la clínica de Arvin reciben asistencia pública al igual que MediCal o Medicare.

Si los centros no pueden mantenerse y se ven obligados a cerrar, los pacientes perderín los lugares de ayuda cercanos a sus viviendas.

“Cerrar esta clínica significa que los pacientes corren el riesgo de morir porque tendrían que viajar de 30 o 40 minutos a una hora para [recibir] su tratamiento”.

Añadió, que si los centros a los que van a viajar los pacientes también se ven afectados entonces no les quedaría de otra que terminar en una sala de emergencia.

Los cambios propuestos, ya están en curso

Kathy Fairbanks, portavoz de la campaña ‘No’ a la 23, dijo que algunas de las propuestas de la moción ya se llevan a cabo en la actualidad.

Explicó que la atención al paciente en California ya está altamente regulada y que el requisito del médico en los centros de diálisis no mejoraría la atención al paciente ya que este médico no necesitaría ser un especialista en riñones, ni tener ningún entrenamiento especial en diálisis renal o salud renal.

“Podría ser un dermatólogo, podría ser un podólogo quien cumpla este rol”, indicó. “Sin embargo, sería muy costoso por una suma de alrededor de $320 millones cada año”.

Debido a ello, los proveedores pequeños, independientes y/o sin fines de lucro, que ofrecen servicios de diálisis, podrían quedarse sin la capacidad de absorber el gasto causando que se hagan recortes o cierres de sus clínicas.

En relación a la petición de informar sobre infecciones en los centros, Fairbanks dijo que las clínicas de diálisis ya están obligadas a reportarlas al gobierno federal.

“También tienen que reportar hospitalizaciones. Por eso decimos que es una proposición que no tiene sentido”.

De acuerdo al gobierno federal, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid —que regulan las clínicas de diálisis— también publica puntajes de calidad en el vestíbulo de cada clínica de diálisis.

En cuanto a la propuesta de obtener aprobación del estado antes de poder cerrar una clínica, los oponentes dicen que esto sería ilegal ya que el gobierno no los puede forzar [a mantenerse abiertos]”.

“El gobierno podría comprar las clínicas y mantenerlas en funcionamiento, pero no puede obligar a los proveedores de diálisis a mantener abiertas las clínicas si están corriendo en números rojos”.

El requisito antidiscriminación lo consideran solo un punto que “suene bien a los votantes” pero que ya existe.

Hay discrepancias

Partidarios de la proposición 23 indican que el votar sí atacaría principalmente a las corporaciones multimillonarias, como DaVita y Fresenius, que monopolizan el mercado de la diálisis en EE.UU., y California -donde poseen el 75% de las clínicas.

“El margen de ganancia promedio de las clínicas de diálisis en California es casi cuatro veces mayor que el de un hospital promedio”, indica la página Yesonprop23.com

Steve Trossman, portavoz del ‘Sí’ a la Proposición 23, dijo que la iniciativa tendrá un efecto profundo en la comunidad latina.

De acuerdo a la National Kidney Foundation, los hispanos tienen 1½ veces más probabilidades de tener insuficiencia renal en comparación con otros estadounidenses.

“Debido a esto, mejorar la seguridad y la atención en los centros de diálisis, como lo hace la prop. 23, es muy importante para la comunidad latina”, indicó Trossman.

Añadió que la industria de la diálisis ha recaudado, más de $110 millones, para derrotar a la propuesta 23, asegura.

“Están dispuestos a gastar cantidades escandalosas de dinero porque quieren conservar cada centavo de los casi 500 millones de ganancias que obtienen anualmente en California”, dijo Trossman.

“Lo ven como una inversión, gastan $110 millones para aferrarse a casi $466 millones en ganancias que obtienen de la miseria humana y el sufrimiento de los pacientes de diálisis”.