Al Sheriff de LA, Alex Villanueva: Le pedimos que no le falle a la comunidad latina

Editorial de La Opinión

El Sheriff del Condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, fue electo sorpresivamente a su puesto el 6 de noviembre de 2018 con el 53% de los votos contra 47% del entonces titular Jim McDonnell. Fue la primera vez en 138 años que un titular perdía los comicios para esta investidura.

La Opinión apoyó la candidatura de Villanueva.

En aquel entonces y en una entrevista, él definió sus tres prioridades.

“Reformar el LASD limpiando la casa, de arriba abajo, y elevando los estándares en todos los ámbitos; reconstruir la organización en torno a los principios de la policía comunitaria, y restaurar la confianza perdida entre la comunidad y el LASD, y dentro del LASD mismo”.

En algunos aspectos, lo hizo. Nos reconforta que después de varios tiras y aflojes, haya decidido prohibir la transferencia de presos a la custodia de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) sin que medie una orden penal. No alcanza ya con una orden de detención de inmigración civil, o detainer. Esta prohibición regía temporariamente desde el inicio de la pandemia pero ahora es permanente.

Por otra parte es fuerza decir que ha cometido errores de juicio que atentan contra la confianza de la comunidad en él. Algo que nos alarma. Se requiere una corrección.

Como se sabe, el departamento del Sheriff del condado Los Ángeles (LASD) es la agencia de policía de condado más grande del país, con 9,000 agentes que patrullan casi 200 ciudades y pueblos del sur de California y un presupuesto de casi 3,400 millones de dólares. Gestiona uno de los sistemas carcelarios más grandes del mundo.

Parte del conflicto se debe a la decisión de la Junta de Supervisores del Condado, el 4 de agosto, de someter a votación una enmienda para reservar el 10% de los fondos generales no restringidos del condado – entre 360 y 490 millones de dólares anuales – para vivienda, alternativas al encarcelamiento, atención para la salud mental y otros servicios sociales.

Esto llevó a una severa reacción pública del Sheriff que lo alineó políticamente contra la Junta.

El Sheriff enfrenta una situación difícil, sí. Vivimos en una sociedad crecientemente violenta. El 12 de septiembre, un pistolero atentó en pleno día contra la vida de dos agentes de su departamento. Esperamos que los esfuerzos de encontrar al culpable sean exitosos y sea llevado ante la justicia a la brevedad.

Al mismo tiempo, el atentado y la investigación no tienen que impedir que se aclaren otros asuntos que aquejan la relación de la comunidad con el departamento del Sheriff.

Porque ya en ese momento era público que algunos oficiales del servicio operaban como “pandillas criminales” dentro del mismo, como alega en una pieza investigativa del Los Ángeles Times.

Esto causó una fuerte reacción a nivel nacional y estatal. El subcomité de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Congreso, pidió al Departamento de Justicia que investigara los grupos, a quienes caracterizó de “supremacistas blancos” y “racistas”.

Activistas y organizaciones de derechos civiles en California también expresaron su alarma.

Una de las mayores preocupaciones por lo que sucede en el LASD se relaciona con las muertes, a manos de sus agentes, de varios jóvenes de la comunidad afroamericana y la latina.

Así, el 18 de junio, dos agentes del Sheriff mataron a Andrés Guardado, de 18 años, con tiros a su espalda mientras huía. El Departamento todavía investiga este y otros casos de posible uso injustificado de la fuerza.

Miembros de la junta de Supervisores expresaron su descontento de que pese a sus solicitudes no se les había entregado toda la documentación relativa.

Dijon Kizzee, un chico de 19 años, iba en su bicicleta cuando agentes del Sheriff quisieron hablar con él porque estaba violando un código de circulación. Huyó; al huir supuestamente se le cayó un arma. Murió de 15 disparos en la espalda, según el abogado de la familia.

En marzo, los padres de Eric Briceño, un hombre adulto con graves problemas mentales, llamaron al Sheriff para que les ayudara en medio de una crisis. Los Agentes entraron a la habitación mientras dormía, le pegaron cuando, según dijeron, presentó resistencia, sofocaron sus vías respiratorias y atacaron con Taser. El hijo murió de paro cardiopulmonar, luego de gritar que no podía respirar. Ahora los padres demandan al departamento.

En respuesta, las protestas masivas contra el departamento en particular y el gobierno en general se expandieron y llegaron al grado de manifestarse en la entrada del hospital donde estaban internados los dos agentes heridos, y, según el LASD, bloqueando la entrada y salida, algo que con razón enfureció al jefe Villanueva.

Pero nos preocupa y subleva especialmente el trato que recibió la reportera Josie Huang de la estación de radio KPCC, quien estaba cubriendo esa protesta y quien fue arrestada en la cárcel del condado y acusada falsamente cuando estaba en el lugar de las protestas cumpliendo su deber de reportera y portando su credencial. Descreemos los alegatos de que los policías que la arrestaron no sabían que era reportera. Si no lo sabían al comienzo, lo supieron inmediatamente, porque la reportera no dejó de afirmarlo a viva voz.

Pero los conflictos que nos preocupan no terminan ahí.

Y criticamos que el departamento haya iniciado una investigación criminal contra la agencia de vigilancia que supervisa el departamento, específicamente el inspector general del condado de Los Ángeles, Max Huntsman, por supuestamente acceder a archivos personales confidenciales de oficiales del LASD. Como se trata de la agencia de vigilancia que supervisa al departamento, toda investigación debe ser conducida independientemente por la FBI o el Procurador general de California.

Ni bien asumió su cargo, Villanueva resintaló a varios individuos alejados de la agencia por problemas de conducta por parte de su precedesor. Y si bien esto le granjeó inmediatamente popularidad entre sus filas, atentó contra la confianza que la comunidad le debe tener a él personalmente para que todo el sistema de imposición de la ley funcione debidamente.

El descontento emana en parte de que las investigaciones son conducidas por lo general por la misma estructura en donde trabajan los agentes implicados, en lugar de constituirse una investigación independiente, de manera tal que no prosperen sospechas y quejas de favoritismo y ocultamiento de la verdad, aunque no existan.

Parecería entonces que cuando suceden hechos como los descritos, los miembros del Departamento se repliegan en sí mismos y se defienden como si a ellos los atacasen personalmente quienes buscan justicia en cada caso en particular.

Villanueva tiene que prestar más atención a aquellos problemas que están aquejando a su departamento y que no benefician a la comunidad latina. La dirección que adopte el jefe del departamento del Sheriff de LA, elegido directamente con los votantes, es crucial para el desarrollo futuro de nuestro área.

Entendemos que el departamento y su jefe se sientan asediados, sentimiento que habría llevado a la confrontación con la Comisión de Supervisión Civil del departamento.

En mayo, el comité, apelando a los poderes de citación otorgados en la Medida R aprobada en marzo, citó legalmente (subpoenaed) al Sheriff a una sesión sobre la situación en las cárceles en la era del coronavirus. Villanueva consideró la citación como una afrenta personal y no compareció. Fue contraproducente y produjo una reacción adversa.

Encontramos entonces errores de juicio, acciones en las que se ve mal, defectos de orientación, a los que no ayuda la relativa inexperiencia del Sheriff de lidiar con funcionarios electos. Quizás de allí provenga su déficit de flexibilidad política.

La primera víctima en un clima así es la confianza entre el departamento y la comunidad. Indudablemente sufre la moral entre los efectivos. Y desaparece el diálogo con el gobierno civil, que está por encima del Sheriff.

Adicionalmente, el condado ha debido pagar en acuerdos extrajudiciales por demandas relacionadas con la pertenencia de agentes del Sheriff  a una sociedad secreta 55 millones desde 1990 – 21 millones en los últimos 10 años, según afirma el LA Times.

Todos estos problemas son otras tantas opciones que el Sheriff podría utilizar para restaurar la confianza de la comunidad. Le llamamos a prestar atención a los reclamos, calmar los ánimos y utilizar su posición para bregar por la cooperación y la conciliación en el condado.