Inmigrantes indocumentados entre los más expuestos a los desalojos

El 9 de septiembre fue una verdadera pesadilla para Wilbert Brizo, su esposa y sus cuatro menores hijos debido a que el dueño del cuarto que rentan en la comunidad de North Hills en la ciudad de Los Ángeles, se metió al lugar y no quería salirse ni dejarlos entrar.

“Pasamos el día en la calle, y fue uno de esos días donde tuvimos mucha contaminación por los incendios. No pudimos regresar a la vivienda hasta que la policía vino y le dijo al propietario que no podía sacarnos por no poder pagar la renta a causa de la pandemia”, dice Wilbert, un inmigrante de Honduras.

Wilbert conoció al pastor Óscar Calderón que le renta el cuarto en una iglesia cristiana en Tijuana. “El nos dijo que cuando lográramos llegar a Estados Unidos a través de asilo político, nos iba a dar techo y a ayudar mientras nos acomodamos”.

Wilbert y su esposa son solicitantes de asilo de Centroamérica. La pareja se conoció en México durante su travesía hacia Estados Unidos. En México nacieron sus cuatro hijos que ahora tienen 11, 10, 7 y 4 años.

Entraron a Estados Unidos en noviembre de 2018. El pastor cumplió la promesa y les dio uno de los cuartos que él renta que están frente a su casa. Al principio no les cobró, pero en febrero de 2019 les dijo que tenía que empezar a pagar $450 de renta por un cuarto de 20 por 12 pies. En octubre de 2019 aumentó a $650.

“Él nos pidió que no dijéramos a nadie que nos estaba cobrando la renta. Que si nos preguntaba, respondiéramos que era un acto de caridad de su parte”.

Y Wilbert comenzó a pagar la renta. Solo que no contaba con la pandemia y ya lleva tres meses sin pagar el alquiler, debido a que se quedó sin trabajo como colocador de mosaicos en albercas. Fue ahí donde comenzaron los problemas con el religioso casero.

“Me quedé sin trabajo desde abril, pero tenía ahorrados $5,000 para comprarme un carro; y al no poder laborar, los utilice para la renta y otros gastos”, explica. 

Cuenta que el pastor se enojó mucho cuando le presentó una carta que le hicieron en la escuela de sus hijos, donde le explicaban sus derechos como inquilino y las razones por las que no podía pagar de momento.

“Me amenazó con reportarme a migración y llamar a la policía. ‘Alista la ropita de los niños que mañana viene migración por ustedes’, me dijo”.

Aunque Wilbert volvió con su familia al cuarto alquilado, dice que está bajo una presión inimaginable.

“Lo único que le pido al pastor es que me espere para pagarle mientras consigo trabajo. La verdad que quisiéramos irnos a un refugio porque no paran de acosarnos. Esta semana el pastor atravesó una traila – un remolque – llena de arañas frente a nuestro cuarto. Ya mis niños no quieren salir a jugar afuera”.

El sueño de Wilbert es regresar a trabajar para pagar la renta que adeuda y encontrar un lugar donde irse con sus hijos. “He estado buscando, pero en cuanto saben que tengo cuatro niños, me rechazan”.

El religioso dijo en entrevista que el cuarto donde vive Wilbert no es un lugar para que vivan los niños que ya están creciendo, por lo que se tienen que ir.

Wilbert responde que le quedaron a deber dinero en un trabajo, y que no se ha podido ir a otro lugar por la falta de empleo durante la pandemia.

Mayra Todd de Mujeres de Hoy, una organización que lucha contra las injusticias que sufren los latinos en el Valle de San Fernando y quien estuvo apoyando a Wilbert, lamenta que la asistencia para el pago de la vivienda durante la pandemia en la ciudad y el condado de Los Ángeles, llegue seleccionada. “Cuando vas y solicitas la ayuda no te garantizan que te la van a dar”.

Dice que le gustaría que esa asistencia para el pago de la vivienda se enfocará en las minorías y en casos como el de Wilbert. “La falta de dinero para pagar la vivienda como resultado de la pandemia, es una emergencia, especialmente entre los indocumentados que han perdido su empleo y tienen niños. Se les debe apoyar para que no terminen en la calle”.

Y critica que los concejales y funcionarios solo salgan a tomarse la foto cuando anuncian los programas de apoyo para la vivienda durante la crisis de salud, pero a la hora que les llaman a sus oficinas, no atienden.

“¿Por qué los gobernantes no hacen un acuerdo con los dueños de departamentos vacíos y acomodan ahí a los inquilinos que no pueden pagar la renta, y los subsidian con el pago del alquiler?”, cuestiona.

La Ciudad de Los Ángeles aprobó en julio, el programa de subsidios para la asistencia de emergencia para la renta por $103 millones para asistir a los inquilinos en necesidad financiera, afectados por COVID-19. Los 50,000 beneficiarios fueron seleccionados al azar con una ayuda única de $2,000.

La Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles (AAGLA) que representa a 10,000 propietarios de vivienda de alquiler, 75% pequeños arrendadores en el condado de Los Ángeles, ha venido cabildeando sin éxito por un subsidio del gobierno para que los inquilinos puedan pagar la renta. 

“Lo último que queremos es llevar a cabo un desalojo. Nuestro negocio es rentar no desalojar gente y desde el comienzo de la pandemia hemos trabajado con los inquilinos”, indica Daniel Yukelson, director de la AAGLA.

Afirma que los arrendadores están sufriendo porque ya son siete meses en los que muchos inquilinos no pagan la renta. “Muchos dependen del alquiler para poner comida en la mesa, y este tiempo ha sido un verdadero desafío”.

Y precisa que la gran mayoría de los propietarios de vivienda de alquiler son familias.

“Quienes han recibido beneficios y préstamos han sido los grandes arrendadores mientras que los pequeños están por enfrentar una ola de embargos al no cumplir con el pago de sus hipotecas”.

Yukelson comenta que ellos han venido empujando y siguen presionando al gobierno estatal para que subsidie a los inquilinos y así puedan pagar su renta.

“Lo que va a pasar si el gobierno no se ajusta el cinturón y subsidia a los inquilinos para que paguen su renta, es que se van a venir los embargos, y la crisis de vivienda accesible se va a agudizar porque los propietarios van a perder sus apartamentos y las grandes corporaciones los van a adquirir para construir condominios lujosos”.

Enfatiza que el gobierno estatal y el federal tienen que hacer algo antes de que la crisis de la vivienda empeore.

“La ley AB 3088 – que autoriza que los inquilinos afectados por COVID-19 solo paguen el 25% de la renta entre septiembre y enero en California – solo pospone el problema y le da largas”.

Tercera y última parte de la serie A un paso de la calle: Inmigrantes, los más expuestos a los desalojos

2da parte: El miedo al desalojo agobia a inquilinos desde antes de la pandemia

1ra parte: Los desalojos de vivienda por COVID-19, una amenaza alarmante