Exigen liberar a pastor detenido por ICE bajo órdenes de la Interpol

Familia, amigos y defensores del pastor Hugo Rolando Gómez Osorio de 61 años detenido desde hace más de un año por agentes de migración en acato a las órdenes de la Interpol, hicieron un llamado al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para que lo liberen bajo fianza.

“Las acusaciones en su contra son totalmente falsas. Queremos justicia. Su inocencia se va a probar, pero para poder hacerlo necesitamos que le den una fianza. Si quieren que lo amarren en mi casa, pero pedimos que den la oportunidad de un Debido Proceso”, afirmó su esposa, la pastora Leonor Gómez.

El pastor de origen guatemalteco enfrenta una acusación de secuestro y desaparición forzada de un estudiante y líder sindical que data de 1984 cuando era policía durante la dictadura militar de Guatemala.

Fue arrestado poco antes de las 9 de la mañana del viernes 16 de agosto de 2019 en la ciudad de Hawthorne en el condado de Los Ángeles, cuando iba a su trabajo en su negocio de jardinería. “No puedo explicar lo que sentí cuando me avisó que lo habían detenido. Yo salí corriendo, pero no lo alcancé”, dice entre lágrimas, su esposa Leonor.

Y comenta que ellos ya sabían que buscaban a un Hugo Gómez, pero no creyeron. “En 2008-2009, cuando mi esposo hizo el trámite para la ciudadanía, le dijeron que sus papeles habían sido requeridos para investigación y nunca lo volvieron a llamar. Él dijo que estaban equivocados. Nosotros llevamos 39 años de casados. Yo lo conozco. No es un fugitivo ni ningún criminal”.

Hugo y su esposa emigraron juntos de Guatemala. Obtuvieron la residencia de EE.UU en 2003.

“Venimos a este país en 1987, ya casados con las dos hijas mayores. Aquí nació nuestra tercera hija”, explica la pastora Leonor.

Debbie Gómez, la hija menor del pastor detenido, dice que con su arresto separaron a una familia. “Por favor liberen a mi papá con una fianza. Lo necesitamos desesperadamente”.

El abogado de migración Alan Diamante dice que no hay suficientes evidencias para quitarle la residencia al pastor; y considera que las pruebas que presentó el gobierno de Guatemala para pedir a EE.UU., la detención del pastor no están autenticadas ya que fueron proporcionadas de manera electrónica.

“Hugo no sabe nada del incidente del que lo acusan. Lo está negando todo. Yo si lo creo. No es un delincuente. Tiene 3 hijas y 2 nietos, todos estadounidenses”.

Y critica que no lo hayan puesto en libertad a pesar de haber contraído el coronavirus en el Centro de Detención de Adelanto donde lo mantienen recluido desde agosto de 2019.

La detención de inmigrantes o residentes legales en respuesta a las órdenes de la Interpol tiene ya varios años, y se han dado desde antes de la administración de Trump, explica el abogado Diamante.

“El  problema es que la Interpol está poniendo más avisos internacionalmente, pero no son órdenes de arresto y pueden tener muchos defectos. El gobierno de EE.UU. no debe depender de estos avisos para arrestar o maltratar a una persona. Deben tener otras pruebas”, agrega.

Alexx Pons, portavoz del ICE, dice que el arresto del pastor fue en respuesta a una ficha roja activa, hecha pública por el gobierno de Guatemala.

“Se encuentra detenido, pendiente de ser deportado”, precisa.

De acuerdo al ICE, las notificaciones o fichas rojas son emitidas para capturar a los fugitivos buscados ya sea para que sean procesados; o para que cumplan con una condena en sus países de origen.

Explican que una ficha roja es una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.

Al pastor Hugo Rolando Gómez Osorio se le vincula con la desaparición en 1984 de Edgar Fernando García, un estudiante y trabajador de una fábrica de vidrio que ayudó a fundar un sindicato. En ese entonces, el pastor era policía de Guatemala.

Según documentó Amnistía Internacional, el 18 de febrero de 1984, agentes policiales le hicieron el alto a Edgar Fernando García y cuando intentó huir, le dispararon a las piernas y lo obligaron a subir a un vehículo de la policía. Nunca más se le volvió a ver. Ese mismo día, la policía registró su casa y se llevaron sus pertenencias.

Su hija Alejandra García Montenegro, que entonces era una bebé, cuando creció se convirtió en abogada, y  participó en un juicio que permitió que los policías implicados en el secuestro y desaparición forzada de su padre, fueran a la cárcel.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado de Guatemala por la desaparición de Edgar,  y la enmarcó como parte de una estrategia de ataque contra los enemigos internos de la dictadura militar.

El arresto del líder estudiantil y sindical quedó consignado en un documento confidencial de la inteligencia militar de Guatemala – el diario militar – que se hizo público en 1999.

El 16 de febrero de 2009, se ordenó la captura de cuatro policías acusados. Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez fueron condenados a 40 años de cárcel. A otros dos policías de menor rango, Hugo Rolando Gómez Osorio, el pastor detenido por ICE, y Alfonzo Guillermo De León se les dio por prófugos.

La desaparición de Edgar se dio el 18 de febrero de 1984 durante el conflicto armado de Guatemala que duró 36 años y cobró la vida de 200,000 civiles hasta que el gobierno y los guerrilleros firmaron los Acuerdos de Paz en 1996.

Raúl Falla, abogado de Guatemala y uno de los fundadores de la Fundación contra el Terrorismo en ese país, afirma que cuando ocurrió la desaparición de Edgar, el pastor era agente de la Policía Nacional Civil, encargado de diligencias y tomar a máquina las denuncias.

“Era un policía con funciones administrativas no operativas”.

Agrega Falla que a Hugo Gómez lo involucran en el secuestro de una persona en Guatemala, pero dice que el soporte es un documento que no tiene ningún sustento y que aquí en EE.UU. intentaron darle relevancia.

“En Guatemala se ordenó la detención de muchos veteranos de guerra y agentes de la policía para que fueran perseguidos con el único propósito de obtener remuneraciones o resarcimientos por supuestos crímenes durante el enfrentamiento armado interno”.

Sostiene que el delito del que se le acusa al pastor entró en vigencia en 1996, 12 años después, lo que considera una clara violación al Debido Proceso. “No puedes perseguir a una persona por un crimen cometido con posterioridad”.

La Interpol no puede actuar por crímenes que no existían cuando el pastor Hugo era policía, añade.

El abogado Diamante dice que tienen un caso fuerte”.  Lo único que nos preocupa es que el juez del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no lo quiere liberar y deportarlo; y si es así, tendremos que apelar y puede quedarse detenido otro año, año y medio durante el proceso”.

Subraya que van a usar todas las tácticas legales disponibles para liberarlo. “Y si vamos a la apelación, tendremos más probabilidades porque estaremos con jueces que no tienen razones políticas para negarle la libertad”.