Trabajadores de la salud protestan por la brutalidad policial
La acción frente al Centro médico Harbor-UCLA responde al tiroteo de la semana pasada dentro del hospital
El tiroteo tuvo lugar dentro del hospital. Crédito: Archivo | Cortesía
Este martes, decenas de trabajadores de salud, pacientes y activistas se dieron cita frente al Centro médico Harbor-UCLA, en West Carson, cerca de Torrance, para protestar por el aguacil que disparó a un paciente que no estaba armado y que se encuentra en situación crítica.
“Saquen las armas de dentro de los hospitales”, “No armas en Harbor”, indicaban algunas de las pancartas de los manifestantes.
El pasado martes 6 de octubre, alrededor de las 11:15 p.m., el Departamento del Sheriff fue alertado sobre un paciente, de entre 30 y 40 años, que estaba atravesando una crisis psiquiátrica. El paciente estaba destruyendo equipos médicos e intentaba romper una ventana. Un alguacil que se encontraba custodiando a otro paciente, en un cuarto privado del mismo centro médico, disparó en contra del paciente, dejándolo en condición crítica y luchando por su vida.
El hospital indicó que dicho alguacil no era parte de la unidad de seguridad del hospital.
“Nuestra comunidad se ha reunido en Harbor-UCLA esta tarde para protestar contra la violencia de las armas y la brutalidad policial en contra de víctimas no-armadas, especialmente dentro de las paredes de nuestros hospitales. Como profesionales médicos del condado de Los Angeles, estamos indignados por el reciente tiroteo de un paciente por el Departamento del Sheriff del condado de Los Angeles, en Harbor, el 6 de octubre, 2020”, indicó en las redes sociales la organización DOCS 4 POC, un grupo de doctores que “luchan contra la injusticia”.
En una presentación virtual en las redes sociales, este miércoles, el sheriff Alex Villanueva describió el trágico evento como si se tratase de un filme de Hollywood.
“Parecía una escena de la película The Shinning, con Jack Nicholson”, alegó el Sheriff en conferencia virtual, al comentar sobre el caso.
No es la primera vez que el centro Harbor-UCLA es escenario de un tiroteo. En 2015, un oficial de LAPD mató a tiros a Ruben Herrara, de 26 años de edad. La ciudad de Los Ángeles pagó a la familia de Herrara $ 3.9 millones para resolver una demanda federal por homicidio culposo.
Tensa relación
Este miércoles, Villanueva cuestionó de manera virtual desde Facebook, que se haya planteado la posibilidad de eliminar alguaciles armados dentro de los hospitales y dijo que dará más detalles sobre la tragedia ocurrida en Harbor-UCLA el jueves de esta semana.
El Sheriff también se quejó del acuerdo por un millón de dólares que su departamento deberá pagar por colaborar con ICE, dinero que saldrá del Fondo General del Sheriff, incluso cuando se trató de casos ocurridos cuando se encontraban en el mando los sheriffs Bacca y McDonnell.
“Es moralmente indefendible que ahora me abofeteen en 2020 con los errores de previos sheriffs y previas juntas de supervisores”, opinó Villanueva. El Sheriff también aprovechó la situación para criticar que le hayan reducido su presupuesto, al mismo tiempo que aumentaron el presupuesto del condado.
La tensión que existe entre el Sheriff y los supervisores de la Junta, reflejada en comentarios y críticas de ambas partes, no es algo nuevo.
El mes pasado, Robert Bonner, miembro de la Comisión Civil de Supervisión, exfiscal federal y jefe de la Administración de Control de Drogas, pidió la renuncia de Villanueva. Los supervisores Mark Ridley-Thomas y Sheila Kuehl apoyaron los pedidos de renuncia
“Al igual que los miembros de la Comisión Civil de Supervisión, sigo preocupado por la conducta del alguacil y la forma en que ha interferido con el avance de la reforma y la mejora de la rendición de cuentas”, dijo en ese momento Ridley-Thomas, en un comunicado.
A su vez, Kuehl expresó en una entrevista con Los Angeles Times que el sheriff Villanueva le costaba al condado de Los Angeles millones de dólares en reclamos de fuerza excesiva por parte de miembros del departamento.
“Es realmente un sheriff rebelde”, dijo Kuehl. “Es realmente importante que este alguacil comprenda que su comportamiento, su violación de cualquiera de las reglas comunes que rigen una agencia de aplicación de la ley, es la mayor amenaza para la seguridad pública“.
