Del castigo al tratamiento: La Opinión apoya la Medida J

La Medida J, que los votantes del condado de Los Ángeles tendrán ocasión de decidir el 3 de noviembre, consiste en una enmienda a la Carta Fundamental del condado para dedicar al menos 10% del presupuesto general – casi cuatro veces más que en la actualidad – a programas comunitarios y alternativas al encarcelamiento durante tres años. Le encarga a la propia Junta decidir cómo asignar los fondos.

Se trata de una de las reacciones electorales, promovidas en todo el país, por la muerte por asfixia a manos de un agente de policía del afroamericano George Floyd, el 25 de mayo de este año.

En otras 18 jurisdicciones del país se votarán el 3 de noviembre medidas destinadas a enmendar cuestiones tales como las prácticas policiales, juntas de supervisión policial y auditorías, temas de personal policial y niveles de financiación, cámaras de video para los policías y los patrulleros, etc.

La medida J fue precedida de una decisión 4 a 1 de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, el 4 de agosto.

Si la mayoría aprueba la propuesta, el dinero se dedicará a programas de desarrollo juvenil, atención mental, tratamientos contra la adicción, justicia restaurativa, capacitación laboral, inversión en pequeñas empresas propiedad de minorías, asistencia para el alquiler y vales de vivienda, entre otros.

Todos ellos son objetivos urgentes para la comunidad y que por años han carecido de financiamiento adecuado.

Tal como explica la introducción a la medida, se trata de minimizar el “impacto desproporcionado de la injusticia racial a través de la inversión comunitaria y las alternativas al encarcelamiento y de prohibir el uso de esos fondos para sistemas carcelarios y agencias de aplicación de la ley”.

Las sumas así liberadas del presupuesto general por varios centenares de millones de dólares por año serán dedicadas mayormente a servicios para la comunidad afroamericana, la comunidad latina y a los más pobres del condado, con el fin de balancear su desventaja relativa, devolverles la dignidad, aumentar su seguridad y mejorar su estado de salud.

Nuevamente, lo que hace la medida, de manera explícita y valiente, es preferir el tratamiento de la población necesitada y su desarrollo económico al aspecto de aplicación de fuerza y castigo a los miembros de esas comunidades.

El Sheriff del condado, Álex Villanueva, se opone a la medida. Entendemos su punto de vista y exasperación por no tener a su disposición los fondos y elementos que considera necesarios para cumplir con sus obligaciones a un 100%. Y sí, al Sheriff le ha tocado dirigir su departamento – que incluye el sistema carcelario más grande de la nación pero la menor proporción de agentes por habitantes – en momentos difíciles. Lucha a capa y espada para mantener el presupuesto de la agencia que dirige y la cohesión de su personal.

La medida no es una declaración de censura de las fuerzas del orden, sino que augura un nuevo balance social, en el que las mejoras que posibilite la Medida J reducirán y no aumentarán el crimen, y con él los arrestos y encarcelamientos, y aliviarán la labor policial.

Por eso es necesario pedirle a Villanueva que siga cumpliendo su tarea como hasta hoy, que se pliegue al objetivo social de la medida y que se ajuste aún más a las circunstancias imperantes y lleve adelante al condado a atravesar estos tiempos de sinsabores.

Otros oponentes de la medida arguyen que no es el momento de cambiar prioridades y que el azote del coronavirus y la crisis económica resultante dictan abstenerse de este cambio. Con ello parecería que presuponen que el dinero invertido en la rehabilitación, salud y desarrollo de nuestra gente es dinero desperdiciado. Lo contrario es la verdad.

Llama la atención que el área de Los Ángeles es el más azotado económicamente por la pandemia, con una proporción de cesantía del 18% en junio. Necesita más, y no menos fondos para incrementar la participación de la población en el consumo, el mercado laboral y las oportunidades múltiples que abre la buena salud.

Por eso, el dinero que se invierta hoy en el avance y el progreso redundará en más producción, educación, mejores empleos y menor sufrimiento, todo lo cual significa menos gastos y necesidad de intervención de las fuerzas del orden.

Apoyemos entonces la transformación del condado de Los Ángeles en líder en abordar la injusticia estructural que padecemos. Y si bien la Medida J no soluciona todos los problemas y es solo un comienzo, evidencia el pensamiento correcto para que casos como la muerte de George Floyd no vuelvan a suceder.

Por todo ello, La Opinión dice ¡sí a la Medida J!