Quería ser electo alcalde de Hawthorne, ahora irá a la cárcel por fraude electoral
Carlos Antonio De Bourbon-Montenegro y su cómplice Marcos Raúl Arévalo falsificaron documentos y fueron acusados de fraude electoral
Demócratas promueven voto por correo para evitar propagación del coronavirus. Crédito: Mario Tama | Getty Images
Dos latinos fueron acusados este martes de 41 cargos criminales por enviar miles de aplicaciones fraudulentas para registro de votos, informó la fiscalía del condado de Los Ángeles.
Carlos Antonio De Bourbon-Montenegro, de 53 años, también conocido como Mark Anthony Gonsalves, y Marcos Raúl Arévalo, de 34, años fueron acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude electoral, ocho cargos de fraude de votos y cuatro cargos por presentar documentos falsos o alterados, entre otros.
De acuerdo con la investigación, en una fallida aspiración a la candidatura por la alcaldía de Hawthorne, al suroeste de Los Ángeles, De Bourbon-Montenegro falsificó nombres, direcciones y firmas en documentos de nominación.
De igual forma, presentó más de 8,000 aplicaciones fraudulentas para registro de votos entre julio y octubre 2020, en un engaño de recolección de datos, principalmente entre personas desamparadas que viven en la calle.
No obstante, el aspirante a competir por la Alcaldía de la ciudad angelina finalmente quedó corto en las 20 firmas de residentes de la ciudad necesarias para figurar como candidato en la boleta electoral.
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De Bourbon-Montenegro enfrenta 24 cargos adicionales incluyendo 2 por perjurio y 10 por fraude electoral entre otros, según la acusación de la fiscalía angelina.
De ser hallado culpable de todos los cargos, De Bourbon-Montenegro enfrenta una pena máxima de 15 años y 8 meses de cárcel. Su cómplice Arévalo, enfrenta una posible sentencia de siete años en prisión.
Según el comunicado de la fiscalía, la registraduría estatal logró detectar a tiempo el fraude que buscaba que las boletas de votación fueran enviadas a direcciones manejadas por los acusados y ningún voto fue registrado con los datos falsos.
El caso generó una investigación de la Fiscalía de Distrito, la Oficina de Registro del Condado de Los Ángeles, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la policía de la ciudad angelina de Covina y la Secretaría de Estado de California.
